La Formación Profesional (FP) española se encuentra en un momento clave. La entrada en vigor de la nueva Ley de FP y del Real Decreto 659/2023 marca un antes y un después en el sistema educativo.
Desde septiembre de 2025, todos los segundos cursos de los ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, deben impartirse bajo la modalidad dual. Esto supone que el alumnado tendrá contacto directo con las empresas desde el primer curso, rompiendo con el modelo tradicional de FP.
«La FP dual es la gran palanca para modernizar el sistema educativo español y conectarlo con las demandas productivas»
El objetivo es claro: lograr una formación más vinculada al mercado laboral, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reducir la brecha entre lo que se enseña en los centros y lo que demandan las empresas. Sin embargo, la ambiciosa reforma avanza a trompicones, atrapada entre luces prometedoras y sombras preocupantes.
Las luces: un modelo con gran potencial
El modelo dual ofrece ventajas evidentes que lo convierten en una oportunidad histórica para modernizar la FP en España:
Mayor empleabilidad. La integración temprana del alumnado en la empresa facilita la adquisición de competencias reales y la familiarización con el entorno laboral, lo que mejora su preparación para el empleo.
Actualización curricular. Al convertirse las empresas en agentes formativos, los contenidos académicos pueden adaptarse mejor a las necesidades del mercado productivo, evitando la desconexión entre teoría y práctica.
Un puente hacia el futuro profesional. La FP dual puede reducir el abandono escolar al ofrecer un itinerario claro, además de contribuir a combatir la elevada tasa de paro juvenil.
Innovación educativa. La colaboración entre centros y empresas abre la puerta a nuevas metodologías de aprendizaje, más activas, prácticas y conectadas con la realidad social.
Las sombras: una implantación deficiente
Pese a sus ventajas, la FP dual se enfrenta a obstáculos estructurales que ponen en riesgo el éxito de la reforma:
Caos normativo. En varias comunidades autónomas, los centros han iniciado el curso sin contar con la normativa específica, lo que genera incertidumbre en la organización de horarios, coordinación y evaluación. Esto provoca desigualdades entre territorios y centros.
Falta de recursos. El profesorado y el personal administrativo no han recibido la formación necesaria, ni disponen del tiempo ni de los medios que se precisan, para asumir la complejidad del modelo dual. Sin horas lectivas adicionales ni refuerzos en la gestión, la carga de trabajo resulta insostenible.
Empresas desinformadas o reticentes. Muchas empresas desconocen sus obligaciones o carecen de recursos para acoger estudiantes. Sin un plan de incentivos claros, económicos, fiscales y de simplificación burocrática, especialmente para pymes y microempresas, la red empresarial que necesita la FP dual no se consolidará.
Riesgo de precariedad. Si no se garantiza la remuneración adecuada y una tutorización efectiva en las empresas, la FP dual podría derivar en prácticas encubiertas o en desigualdades entre estudiantes con distintos niveles de apoyo familiar y social.
Un futuro en juego
La FP dual es, sobre el papel, la gran palanca para modernizar el sistema educativo español y conectarlo con las demandas productivas. Pero su éxito depende de que las administraciones actúen con rapidez y responsabilidad. No basta con legislar: se necesitan recursos, formación docente, incentivos empresariales y una estrategia coherente que evite que la reforma quede en papel mojado.
La disyuntiva es clara: o la FP dual se consolida como una herramienta real de progreso y cohesión social, o se convertirá en una reforma frustrada más, con consecuencias negativas para alumnado, profesorado y empresas.
