Desde ANPE denunciamos la desigualdad entre docentes según su régimen de cotización y pedimos que se incentive económicamente la jubilación con 60 años de edad y 30 de servicio.
La extensión de la posibilidad de la jubilación anticipada incentivada a todo el personal docente de la enseñanza pública es una de las reivindicaciones estratégicas fundamentales de ANPE, dirigida a recuperar derechos perdidos, mejorar la salud laboral y favorecer la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas del sistema educativo público.
Defendemos firmemente el establecimiento de esta modalidad de jubilación como un pilar primordial del futuro Estatuto de la Función Pública Docente con carácter básico estatal, a fin de evitar desigualdades territoriales y garantizar condiciones homogéneas en todo el Estado. Es necesario que los grupos de trabajo conformados por el Ministerio de Educación para elaborar el estatuto, que llevan paralizados más de un año, se reactiven para avanzar, entre otros, en este asunto.
Actualmente, solo el personal funcionario que accedió al servicio público antes de 2011 –es decir, el adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado– puede jubilarse con 60 años de edad y 30 de servicio. El personal funcionario que accedió después de esa fecha, adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, no puede acogerse a la jubilación anticipada y se ve obligado a retrasar su retiro hasta los 67 años o anticipadamente a los 65 años con un tiempo mínimo cotizado, lo que repercute negativamente en su salud física y psicológica.
Desde ANPE defendemos un modelo flexible que permita mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, posibilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años para aquellos docentes que así lo deseen por motivos personales o profesionales, y extender al profesorado del Régimen General de la Seguridad Social el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio, una medida esencial en una profesión sometida a elevados niveles de exigencia física y emocional.
Nuestra propuesta incluye la recuperación de las gratificaciones extraordinarias vinculadas a la jubilación anticipada, que antes actuaban como incentivo para la renovación de las plantillas docentes. Asimismo, reivindicamos que el Gobierno garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y aplique determinadas mejoras asistenciales, como el incremento de las ayudas de MUFACE para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos, equiparando en este aspecto las condiciones del mutualismo administrativo a las del sistema general de la Seguridad Social.
Herramienta para mejorar el sistema educativo
La jubilación anticipada no solo es una cuestión de derechos laborales, sino también una herramienta eficaz para mejorar la calidad del sistema educativo, al favorecer el relevo generacional y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas en las últimas etapas de la carrera docente.
Por ello, exigimos al Gobierno el desarrollo de un modelo de jubilación docente justo, equitativo y adaptado a la realidad de la profesión, que reconozca el desgaste asociado a la labor educativa y garantice condiciones dignas para todos los docentes, con independencia de su régimen de cotización.
