Desde ANPE alertamos de las desigualdades normativas entre comunidades y reclamamos un abordaje educativo y social del problema.
Los gobiernos autonómicos han ido estableciendo en los últimos años sus propias regulaciones sobre el uso del teléfono móvil y de los dispositivos digitales en los centros educativos. En ANPE compartimos la necesidad de que exista un protocolo regulador, pero observamos con preocupación que su desarrollo se está llevando a cabo de manera muy desigual entre los diferentes territorios. Es preciso que se establezca una normativa homogénea y clara en todas las comunidades autónomas.
En cualquier caso, no se puede desaprovechar el camino recorrido en inversión en formación del profesorado ni el esfuerzo que los docentes han realizado para implementar y desarrollar dispositivos como herramientas didácticas. Es imprescindible garantizar la adquisición de las competencias digitales que forman parte de los currículos educativos en todas las etapas. El uso pedagógico e individualizado de estos dispositivos facilita un aprendizaje más personalizado y una mejor atención a la diversidad dentro del aula.
Consideramos prioritario que el alumno desarrolle competencias en autorregulación y uso responsable de los dispositivos digitales
Asimismo, la utilización de estas herramientas en los centros educativos no puede hacerse sin tener en cuenta lo que ocurre fuera de ellos. El alumno puede conectar su teléfono móvil a la salida de clase y permanecer frente a la pantalla hasta la hora de dormir. Por tanto, se trata de un asunto que trasciende lo escolar y que necesita la implicación de las administraciones, las familias, las empresas digitales y el conjunto de la sociedad.
Consideramos prioritario que el alumno desarrolle competencias en autorregulación y uso responsable de los dispositivos digitales, dado que estas capacidades resultan fundamentales para su formación integral en una sociedad tecnológica en constante transformación. Tal y como señala la UNESCO en su informe de 2019 sobre Competencias Digitales para la Ciudadanía Global, la alfabetización digital debe trascender el manejo instrumental y abarcar dimensiones éticas, críticas y autorreguladoras para garantizar un empleo saludable y productivo de la tecnología en contextos educativos y sociales.
No podemos obviar que la exposición temprana, intensiva y sin supervisión a las pantallas incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a riesgos como el ciberacoso, la sobreestimulación cognitiva y las dificultades en el control atencional. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que un exceso de tiempo frente a dispositivos digitales en edades escolares se asocia a un aumento de problemas de salud mental; entre ellos, síntomas de ansiedad, depresión y trastornos por déficit de atención (OMS, 2020). Investigaciones recientes en el campo de la neurociencia educativa (Twenge & Campbell, 2018; Kardefelt-Winther, 2017) corroboran que un uso no regulado de la tecnología digital puede afectar negativamente al bienestar emocional, el rendimiento académico y el desarrollo socioemocional de los menores.
Ante esta realidad, las políticas educativas deben ir más allá de la mera restricción normativa e incluir estrategias pedagógicas preventivas. Conviene dotar al profesorado y a las familias de recursos formativos que permitan guiar al alumno hacia una autorregulación efectiva, así como diseñar programas específicos de educación digital responsable. De este modo, no solo se minimizarán los riesgos psicosociales documentados, sino que también se potenciarán las oportunidades de los dispositivos digitales como herramientas didácticas inclusivas y facilitadoras del aprendizaje personalizado.
Por último, queremos insistir en que este no es un desafío únicamente en los centros educativos, sino un problema de carácter social que requiere la implicación coordinada de diversos agentes. La Administración educativa debe garantizar una coherencia normativa que favorezca tanto la prevención como la educación en competencias digitales. Al mismo tiempo, las empresas del sector tecnológico están llamadas a asumir una mayor responsabilidad, estableciendo medidas para proteger a los menores, promoviendo entornos digitales seguros y colaborando activamente en la construcción de una ciudadanía digital crítica y saludable.
