La Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) introdujo la integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo 590 de Profesores de Enseñanza Secundaria. Su desarrollo mediante el Real Decreto 800/2022, que regula el proceso de acceso desde el cuerpo 591 de Profesores Técnicos de FP, fue presentado como un avance histórico.
Sin embargo, tres años después, la aplicación autonómica evidencia una reforma incompleta que ha generado incertidumbre profesional, fragmentación territorial y nuevas discriminaciones.
1. Un marco normativo insuficiente para la complejidad real del profesorado de FP.
La LOMLOE permitió integrarse únicamente a quienes ya eran funcionarios de carrera y además poseían titulación universitaria. El RD 800/2022 fijó que el proceso debe finalizar el 19 de enero de 2026, estableciendo que quienes no cumplan requisitos permanecerán en su cuerpo “a extinguir”.
El problema es que ni la Ley ni el Real Decreto articulan una solución para dos colectivos numerosos y esenciales:
- El profesorado interino del 591 sin titulación universitaria, históricamente vinculado a la enseñanza técnica y práctica.
- Los docentes de las 10 especialidades de “sectores singulares”, que la LOMLOE mantiene en el cuerpo 598, incluso cuando poseen titulación universitaria y realizan funciones equiparables a sus compañeros del 590.
El vacío regulatorio ha generado desigualdades profundas que no pueden considerarse efectos colaterales inevitables, sino fallas estructurales de diseño normativo.
2. Interinos del 591 sin titulación universitaria: un colectivo en riesgo real de expulsión.
Ninguna administración autonómica ha resuelto el futuro de este profesorado cuando finalice el plazo de integración. La mayoría de comunidades coinciden en que permanecerán en el cuerpo 591, pero sin garantías sobre su continuidad en listas de interinos.
Para el profesorado afectado, implica inseguridad jurídica, precariedad y la amenaza real de quedar excluido del sistema tras décadas de servicio.
3. Las 10 especialidades del cuerpo 598: una desigualdad injustificada dentro del propio colectivo técnico.
La LOMLOE mantuvo 10 especialidades dentro de un cuerpo específico, el 598, con el argumento de preservar perfiles profesionales de alta vinculación con el sector productivo. Sin embargo, lo que en teoría pretendía respetar singularidades ha generado en la práctica una desigualdad retributiva difícilmente justificable.
Los funcionarios de carrera del 598 que tenían titulación universitaria se integraron en el cuerpo 590.
Los interinos que después obtuvieron plaza (y que poseen la titulación requerida) no pueden integrarse porque en 2023 aún no eran funcionarios.
El resultado es una brecha salarial evidente:
Dos docentes con idéntica formación y funciones, uno percibe retribución correspondiente al cuerpo 590 y otro al 598, según la fecha en la que accedieron al funcionariado.
4. Complemento nivelador: una solución viable.
Un complemento nivelador generalizado es una medida inmediata y legal, que elimina la brecha retributiva entre cuerpos. Es una vía perfectamente legal y aplicable de inmediato, basta una modificación del complemento específico mediante norma autonómica.
5. Una reforma incompleta que exige respuesta urgente.
A meses del cierre del proceso de integración, es necesario reconocer que la reforma ha quedado incompleta y, en algunos aspectos, profundamente injusta.
Sus efectos ya perceptibles son los siguientes:
1. Inseguridad y desprotección para el profesorado interino sin titulación universitaria. Si no se adopta una solución transitoria, este colectivo será expulsado de las listas y del sistema educativo.
2. Discriminación salarial entre docentes con idéntica formación que realizan el mismo trabajo. Las diferencias entre 590 y 598 no se sostienen desde ningún criterio técnico, y su mantenimiento prolongará desigualdades incompatibles con un sistema educativo cohesionado.
3. Fragmentación territorial creciente. Cada comunidad interpreta la normativa de forma distinta, generando desigualdad en derechos profesionales según el territorio. La FP no puede depender del código postal.
Conclusión.
La integración del profesorado técnico debía ser un paso hacia una FP más fuerte, dignificada y reconocida. Sin embargo, la forma en que se ha desplegado está generando inseguridad, desigualdad y fragmentación, dejando atrás a quienes han sostenido históricamente el valor práctico y profesionalizante de la formación profesional.
Corregir estas desigualdades no es una reivindicación corporativa: es una exigencia de calidad del sistema educativo, de justicia profesional y de coherencia con el objetivo declarado por la propia LOMLOE de reforzar la FP como pilar estratégico del país.
