ANPE denuncia que la Dirección General de Función Pública no está adaptando la reciente normativa del Gobierno central al acuerdo autonómico vigente, lo que supone en la práctica la pérdida de una mejora ya reconocida al profesorado riojano en materia de permisos por nacimiento.
Tras la aprobación en agosto de 2025 de la normativa estatal que amplía el permiso por nacimiento, Función Pública no ha dictado instrucciones claras ni ha adaptado dicha regulación al marco autonómico. Todo ello, a pesar de que el profesorado riojano contaba con mejoras propias ya consolidadas respecto al régimen general y ANPE así lo ha solicitado en todas las Mesas Generales de este curso, celebradas el 9 de septiembre, el 5 de noviembre y el 10 de diciembre.
El Real Decreto-ley 9/2025 de 29 de julio, amplió una semana más el permiso por nacimiento a partir del 31 de julio de 2025, pasando a ser de 17 semanas. Además, el gobierno aprobó que, a partir del 1 de enero de 2026 y con efecto retroactivo desde agosto de 2024, los trabajadores pueden disfrutar de dos semanas retribuidas y antes de que el hijo cumpla 8 años. En total son 19 semanas si se disfrutan ambos permisos.
Sin embargo, antes de la entrada en vigor de estas medidas estatales, los docentes riojanos ya disfrutaban de 18 semanas de permiso por nacimiento, dos más que el resto de empleados, en virtud de su acuerdo convenio con el Gobierno de La Rioja.
Esta mejora debía haberse respetado y adaptado al nuevo marco normativo estatal, permitiendo al profesorado seguir manteniendo esas dos semanas adicionales.
A día de hoy, ante la falta de instrucciones de Función Pública, la Consejería de Educación se limita a aplicar el mínimo previsto con carácter general, concediendo únicamente las 19 semanas estatales y obviando la mejora autonómica, lo que supone un perjuicio claro para el profesorado y una vulneración de los acuerdos alcanzados.
ANPE considera inaceptable que una norma concebida para ampliar derechos se traduzca, por falta de adaptación y voluntad negociadora, en la pérdida o neutralización de mejoras previamente reconocidas, generando además una situación de inseguridad jurídica para los docentes.
Por todo ello, ANPE exige solucionar esta situación, adaptar correctamente la regulación estatal al acuerdo autonómico y garantizar que el profesorado riojano mantiene íntegramente los derechos que tenía reconocidos.
