Desde ANPE reclamamos extender la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 años y restablecer los incentivos asociados.
El derecho del profesorado a jubilarse anticipadamente a los 60 años con 30 de servicio va en camino de desaparecer completamente si no se toman medidas. Solo pueden acogerse a él quienes accedieron a la función pública docente antes de 2011 y están adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que ya no admite nuevas incorporaciones. Cada año que pasa, ese colectivo es más pequeño y más veterano; dentro de un tiempo, no quedará nadie en él. Cuando eso ocurra, si nada cambia antes, el derecho a la jubilación anticipada se extinguirá silenciosamente de la función pública.
En ANPE nos oponemos frontalmente a esa posibilidad. Por ello, exigimos extender el derecho a la jubilación anticipada al profesorado del Régimen General de la Seguridad Social. Actualmente, solo el personal funcionario adscrito a Clases Pasivas puede jubilarse a los 60 años con 30 de servicio. Quienes ingresaron después, pertenecientes al Régimen General, deben seguir en activo hasta los 66 años y 10 meses ―pronto será hasta los 67 años―, o hasta los 65 si acreditan el periodo mínimo cotizado. Mientras el primer grupo exista, la diferencia se puede leer como una desigualdad transitoria. Pero en cuanto desaparezca, dejará de ser una desigualdad entre dos grupos de docentes para convertirse en la desaparición completa de un derecho del que hasta hace no tanto disfrutaba todo el funcionariado.
Esta cuestión no es relevante solo para quienes están a las puertas del retiro: nos afecta a todos, por muy lejano que se vislumbre ese horizonte para los más jóvenes. La jubilación anticipada facilita el relevo generacional, permite renovar plantillas y evita que se obligue a personas que han dedicado toda una vida a una profesión tan exigente a seguir trabajando más allá de los 60 años cuando, en muchos casos, el cansancio y la carga acumulada hacen difícil afrontar la tarea en plenitud.
Modelo propuesto por ANPE
En ANPE defendemos un modelo flexible: mantener los 65 años como edad ordinaria de jubilación, permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 para quien quiera seguir en activo y reconocer a todo el profesorado el derecho a jubilarse voluntariamente a los 60 años con 30 de servicio, así como recuperar los incentivos vinculados a la jubilación anticipada.
ANPE exige que esta reivindicación quede recogida con rango básico estatal en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente. Pero, mientras esto no ocurre y debido a la demora en los trabajos sobre el Estatuto, esta modificación se podría realizar en una norma con rango de Ley sin necesidad de esperar a tener un Estatuto de la Función Pública Docente.
La propuesta del sindicato se completa con dos reivindicaciones adicionales: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de las prestaciones asistenciales de MUFACE, especialmente las ayudas para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos.
La jubilación anticipada no puede ser un derecho reservado a un colectivo abocado a desaparecer. Es imprescindible garantizar que todo el profesorado pueda acceder a una jubilación voluntaria y digna tras una larga trayectoria profesional, al tiempo que se favorece el relevo generacional y la renovación de las plantillas. Es el momento de que el Gobierno actúe.
