El presente curso ha supuesto un punto de inflexión para la Formación Profesional en nuestros centros educativos.
La reciente reforma del sistema de Formación Profesional en España, impulsada por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, persigue, sobre el papel, establecer una FP más integrada, flexible y cercana a la realidad del mercado laboral. Pero, en la práctica, para quienes estamos en las aulas, en la coordinación y en el acompañamiento del alumnado, esta primera fase de implantación ha sido un verdadero reto, con importantes consecuencias sobre la organización, la carga de trabajo y la calidad del proceso educativo.
Uno de los mayores cambios que introduce la nueva normativa es que todos los ciclos de FP, desde el primer curso, deben incluir formación en empresas u organismos equiparados. Este año, sólo el alumnado de primero ha realizado dicha formación. Pero, el próximo curso, tanto primero como segundo tendrán que salir a empresas al mismo tiempo, duplicando la necesidad de plazas formativas, y, con ello, la presión sobre el profesorado y los equipos directivos.
Si bien los principios rectores de esta normativa responden a los estándares europeos y a las necesidades del mercado laboral actual, su implementación práctica en los centros educativos ha generado dificultades significativas, especialmente durante este primer curso de transición.
Dificultades en la búsqueda de empresas colaboradoras y sobrecarga de trabajo para el profesorado
El problema es claro: no hay suficientes empresas para todos. En zonas rurales o con poca actividad empresarial, encontrar plazas ha sido este curso una odisea. Se ha tenido que recurrir a organismos que poco o nada tienen que ver con el perfil profesional del alumnado, y que muchas veces no ofrecen una formación real, ni útil, ni motivadora. Algunas familias profesionales, como las más técnicas o las menos conocidas, tienen además mayores dificultades para encontrar colaboraciones adecuadas.
Lo más preocupante es que esto va a ir a más. Para el próximo año académico, 2025/2026, serán todos los cursos de todos los ciclos los que deberán salir a formarse en empresas. La falta de plazas no solo afecta al alumnado, sino que multiplica la carga para el profesorado, que debe encargarse de contactar con empresas para todo el alumnado, firmar convenios, coordinar agendas, hacer seguimiento individual y, además, continuar con sus tareas docentes. Y todo ello sin una reducción proporcional de carga lectiva ni con un refuerzo estructural de equipos de apoyo (como coordinadores de FP Dual o personal administrativo específico), lo que repercute en la calidad del proceso formativo y el clima laboral del profesorado.
La FP Básica, una situación especialmente delicada
En los ciclos de FP Básica, la problemática se agrava. Hablamos de alumnado de 15 o 16 años, muchas veces con trayectorias escolares complejas, necesidades educativas específicas o niveles de madurez y desarrollo personal que no siempre son compatibles con una inserción temprana en el ámbito laboral. Y, sin embargo, la ley obliga a enviarlos también a empresas, sin contemplar protocolos específicos de acompañamiento ni criterios de idoneidad claros.
Entre las principales preocupaciones señaladas por el profesorado destacan las siguientes:
- Escasa preparación emocional y social del alumnado.
- Entornos laborales no siempre adaptados a perfiles con necesidades educativas específicas.
- Riesgo de desmotivación o abandono ante experiencias laborales negativas o mal gestionadas.
Este modelo, mal planteado y sin recursos adecuados, puede generar experiencias negativas que acaben desmotivando aún más a estos estudiantes, en lugar de servirles como palanca de futuro.
Si bien es pronto para hacer una evaluación definitiva de la nueva normativa, el primer curso ha dejado claro que hay aspectos que requieren ajustes urgentes.
Desde una perspectiva técnica, ANPE exige:
- Revisión de la carga administrativa asumida por el profesorado y dotación de personal de apoyo específico.
- Mayor flexibilidad normativa para adaptar la formación en empresa a las realidades territoriales y socioeducativas.
- Diseño de protocolos específicos para la FP Básica, considerando criterios de madurez y voluntariedad del alumnado.
- Apoyo institucional real para crear redes de colaboración entre centros y empresas.
La formación en empresas puede ser una buena herramienta, pero no puede recaer toda la responsabilidad sobre los docentes. Sin los recursos, el tiempo y el respaldo adecuados, este nuevo modelo no es sostenible, y puede acabar perjudicando tanto al alumnado como al profesorado.
