El principio fundamental del que parte esta norma es prohibir el desempeño de otros puestos de trabajo, por parte del funcionario, que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad o independencia.
El sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos docentes no universitarios se encuentra regulado actualmente en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, legislación declarada básica, por tanto, de aplicación por todas las administraciones públicas.
La evolución de la jurisprudencia en esta materia se ha centrado en la condición retributiva para permitir compatibilizar actividades privadas, llegando a admitir la posibilidad de reducir el complemento específico para facilitar dicha compatibilidad.
El desarrollo normativo en el ámbito autonómico también sigue esta línea, poniendo el foco en la renuncia retributiva.
Aunque todo esto ha supuesto un avance en la facultad de compatibilizar actividades privadas, actualmente, parece insuficiente en el sector de la enseñanza. En este sector empieza a tomar relevancia el debate sobre si son mayores los beneficios, para la labor docente, que pueden aportar el desarrollo de determinadas actividades por cuenta propia o por cuenta ajena en empresas privadas, que la supuesta quiebra de la responsabilidad de los profesores.
Este debate cobra especial importancia en Formación Profesional, donde se hace fundamental el aprendizaje de la eficiencia y la innovación propias del sector privado, para la inserción profesional del alumnado.
Una apertura de los docentes a compatibilizar su puesto de trabajo con otras actividades privadas podría paliar, también, el problema de falta de docentes en algunas especialidades.
