Ratios, burocracia y extraescolares… siguen esperando.
Los encierros, huelgas, manifestaciones multitudinarias y el apoyo de los grupos políticos con representación parlamentaria que les han presionado, lograron que la Sra. Buruaga y el Sr. Silva aceptaran suprimir su famosa cláusula restrictiva.
Eso no les ha impedido alardear de su “éxito” negociador, pese a haber sido el equipo que más contestación ha tenido desde que Cantabria asumió las competencias en Educación. Su megalomanía les hace manifestar ahora que han sido ellos y no la presión del profesorado y la necesidad de llegar a acuerdos para aprobar sus presupuestos quienes han logrado el acuerdo.
Seguimos intentando negociar temas fundamentales para la Educación Pública, pero su “hoja de ruta” va claramente en detrimento de los intereses generales de la sociedad cántabra y en beneficio de grupos empresariales qué han decidido explotar sin caretas el “negocio” de la educación.
Desde que el pasado 27 de marzo, la Junta de Personal Docente de Cantabria trasladó a la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva, su disposición a retomar las conversaciones para avanzar en la mejora de la Educación Pública, no se ha recibido respuesta directa, sino, como viene siendo habitual, a través de declaraciones en los medios de comunicación. La propuesta se realize con actitud constructiva, proponiendo actualizar el cronograma de negociación con la inclusion de una serie de asuntos urgentes y ampliamente demandados por el profesorado, como son la bajada de ratios, la reducción de la burocracia o la regulación normativa de las actividades extraescolares.
Nuestra prioridad, la de la JPD y la de ANPE Cantabria, sigue siendo clara: abordar ya los temas fundamentales que continúan pendientes, y que consideramos necesarios para impulsar mejoras en la Educación Pública y en en las condiciones laborales del profesorado.
Es imprescindible retomar la negociación sobre la bajada de ratios, una medida que cuenta con un amplio consenso educativo y social y cuya implementación parcial y sin un marco normativo claro no puede prolongarse indefinidamente. La negociación se paralizó por parte de la Consejería en diciembre de 2024, para garantizar su extensión a todas las etapas educativas, aprovechando la coyuntura de descenso demográfico que ofrece una oportunidad real para incrementar la atención al alumnado.
Del mismo modo, es ineludible reducir la burocracia. El profesorado no puede seguir asumiendo una carga creciente de tareas administrativas que restan tiempo y energía a su labor principal: enseñar, acompañar y evaluar al alumnado. Pese al compromise de iniciar su negociación durante el pasado 2024, sigue sin haberse abordado.
Y, como venimos insistiendo desde hace años, la necesidad de una regulación clara y garantista de las actividades extraescolares, es otro tema fundamental. La inseguridad jurídica, la falta de reconocimiento a las tareas realizadas durante la planificación y desarrollo de estas actividades, así como la precariedad .económica en que se desarrollan en muchas ocasiones, tienen que desaparecer siendo motivo de preocupación de docentes, equipos directivos y familias.
Las situaciones imprevistas o incidentes en viajes escolares, tanto dentro como fuera deCantabria, generan conflictos, inseguridad jurídica y una exposición injusta del profesorado a responsabilidades que no están suficientemente delimitadas ni reconocidas económicamente. Lo que exige un marco normative que otorgue seguridad jurídica a docentes, alumnado y familias.
Nuestra voluntad de diálogo es manifiesta. Debe ser la Consejería la que abandone esta inacción y convoque, a la mayor brevedad, los espacios de negociación necesarios para dar respuesta a las demandas del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto.
