Las últimas decisiones de la Consejería muestran recortes en el sistema público mientras se perciben movimientos favorables a la ampliación del sistema privado concertado.
La defensa de los derechos del profesorado y de las condiciones de trabajo en los centros públicos, que afectan evidentemente a la enseñanza pública, ha sido vista desde la Consejería de Educación como una campaña política a la que ha respondido con ataques a las organizaciones sindicales, especialmente a ANPE, e incluso con descalificaciones gratuitas a algunos de sus representantes, mediante declaraciones a los medios de comunicación o difusiones en redes sociales.
No existe por parte de ANPE campaña política contra nadie. ANPE ha sido, es y será, un sindicato que ha reclamado siempre cuando ha considerado que era necesario para mantener o mejorar las condiciones laborales del profesorado y la defensa de la enseñanza pública fuera cual fuera el partido que gobernara nuestra región, del mismo modo que ha apoyado aquellas medidas que consideraba beneficiosas paras esos mismos fines.
Venimos asistiendo, desde hace tiempo, a actuaciones del ejecutivo regional que favorecen claramente el desarrollo de algunos centros concertados, en detrimento de centros públicos, como mantenimiento de unidades en centros educativos privados concertados con ratios inferiores a las que se utilizan como argumento para cerrar unidades en centros públicos, o la concesión de ciclos formativos a centros privados concertados o “empresas educativas”, mientras no se toman en cuenta las necesidades reales del sistema productivo en los entornos de algunos centros públicos de la región.
Nosotros no pretendemos “ la exclusión y erradicación de la red concertada”, como afirma Silva. Pretendemos que la red pública pueda atender con eficacia y medios a toda la población que lo desee.
Mantener conciertos en Bachillerato, o incrementarlos, como se pretende, no es defender el sistema público, como alega el consejero. Los datos económicos del sistema concertado no son transparentes, pese a lo que él manifiesta.
Resulta especialmente inadmisible que las plantillas de los centros públicos se revisen y recorten cada año mientras los conciertos educativos con centros privados permanecen blindados durante cuatro años. ANPE no va a consentir que se cierren aulas públicas mientras se mantienen conciertos educativos innecesarios. Allí donde existan plazas suficientes en la red pública, exigimos la retirada de los conciertos educativos que ya no responden a una necesidad de escolarización y el destino de esos recursos al fortalecimiento de la enseñanza pública.
