Con la implantación del Real Decreto 659/2023 y los cambios derivados del nuevo sistema de Formación Profesional, el profesorado afronta nuevas responsabilidades docentes, organizativas y administrativas.
Desde ANPE reclamamos medidas que garanticen una FP pública, de calidad, inclusiva y con futuro, con recursos suficientes y condiciones laborales dignas para el profesorado en todas las comunidades autónomas.
1. DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA FP PÚBLICA frente a la privatización y la concertación.
Ampliar la oferta de ciclos y cursos de especialización en centros públicos, tanto presenciales como virtuales, garantizando plazas suficientes y equilibrio territorial.
2. MAYOR REDUCCIÓN HORARIA Y RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO para la tutoría/coordinación de la FP dual.
Incrementar la reducción horaria y crear un complemento económico específico que reconozca las nuevas responsabilidades del tutor/coordinación de la FP dual.

3. EQUIPARACIÓN RETRIBUTIVA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES del profesorado de FP del cuerpo 598.
Garantizar la igualdad salarial por funciones equivalentes e impulsar un complemento nivelador para el profesorado del cuerpo 598.
4. CREACIÓN Y DOTACIÓN DE LA FIGURA DE PROSPECCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE EMPRESAS en los centros educativos.
Crear la figura del prospector o dinamizador de empresas en los centros educativos para facilitar la búsqueda de plazas formativas y descargar al profesorado de estas tareas.
5. MÁS APOYOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE.
Reforzar la orientación y los recursos especializados en todos los ciclos formativos de grado básico, medio y superior de FP para garantizar una atención inclusiva y la igualdad de oportunidades.
6. SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DIGITALIZACIÓN EFICIENTE DE LA FP DUAL
Simplificar los trámites de la FP dual, automatizar procedimientos y mejorar las plataformas de gestión educativa.
7. RECONOCIMIENTO HORARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN LA EMPRESA Y COMPUTAR DENTRO DEL HORARIO LECTIVO.
Computar dentro del horario lectivo las visitas a empresas, el seguimiento del alumnado y la coordinación con los tutores de empresa.
Más recursos, menos burocracia y mejores condiciones laborales.
8. MÁS PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FP
Reforzar las plantillas y la formación especializada para agilizar la gestión de la FP, la expedición de títulos y las tareas administrativas.
9. FORMACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA
Garantizar formación gratuita y actualizada en nuevas tecnologías, metodologías y necesidades de los sectores productivos, así como estancias formativas en empresas.
10. Plan de modernización de infraestructuras, talleres y equipamientos de la FP pública.
Impulsar un plan de inversión estable para modernizar talleres, laboratorios, aulas técnicas y recursos materiales de la FP pública.
ANPE REIVINDICA UN COMPROMISO REAL CON LA FP PÚBLICA
Estas medidas requieren la colaboración del Ministerio y de las administraciones educativas autonómicas, respetando sus respectivas competencias y garantizando criterios comunes que eviten desigualdades injustificadas entre territorios.
Más recursos, menos burocracia y mejores condiciones para el profesorado. Una FP pública de calidad beneficia a toda la sociedad.
Fortalecer la FP pública es garantizar igualdad, cohesión social y oportunidades para todos.
DEFENSA DE LA FP PÚBLICA FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN
La Formación Profesional pública no puede quedar relegada frente al crecimiento de la oferta privada.
ANPE defiende una FP pública, accesible, de calidad y con financiación suficiente, que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la situación económica del alumnado o de su lugar de residencia.
Exigimos:
- Priorizar la oferta pública en la planificación de las enseñanzas de FP, evitando que la insuficiencia de plazas públicas favorezca la expansión de la oferta privada.
- Ampliar las plazas y enseñanzas en los centros públicos, adaptándolas a las necesidades formativas, sociales y productivas de cada territorio.
- Garantizar una financiación pública suficiente, destinada a mejorar las instalaciones, los equipamientos y los recursos humanos de los centros públicos.
- Frenar la privatización progresiva de la FP y evitar que la iniciativa privada sustituya la responsabilidad de las administraciones educativas de garantizar una oferta pública suficiente.
- Defender al profesorado y a los centros públicos, asegurando condiciones dignas de trabajo y los recursos necesarios para impartir una formación de calidad.
La FP pública es una garantía de igualdad, cohesión social y oportunidades.
ANPE exige que su fortalecimiento sea una prioridad de todas las administraciones educativas.


