ANPE-Castilla y León reclama que el próximo Gobierno autonómico que se constituya en Castilla y León cumpla los compromisos educativos pendientes y garantice la aplicación efectiva de varias medidas a partir del 1 de septiembre de 2026.
En el acuerdo firmado el 22 de septiembre hay un compromiso de seguir negociando por parte de todos los firmantes. Este trabajo debe seguir mejorando las condiciones laborales del personal docente de enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla y León, así como la calidad de la enseñanza. La mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo para el personal docente mayor de 55 años, tiene que ser una realidad al comienzo del curso 2026/2027.
Desde ANPE insistimos que la actual situación política, marcada por la ausencia de un Gobierno plenamente constituido, no debe servir de excusa para retrasar la puesta en marcha de estos compromisos. En este sentido, creemos que el nuevo Ejecutivo tiene que asumir como prioritario su desarrollo normativo y presupuestario desde el inicio de la legislatura.
Defendemos que la labor tutorial es un pilar esencial del sistema educativo, ya que implica la atención personalizada al alumnado, la coordinación con las familias y el seguimiento tanto académico como emocional. Por ello, consideramos imprescindible que esta función cuente con reconocimiento horario dentro de la jornada lectiva, así como con la correspondiente compensación administrativa y retributiva.
Asimismo, consideramos imprescindible la reducción lectiva para el profesorado mayor de 55 años, una medida que contribuirá a mejorar las condiciones laborales, prevenir el desgaste profesional y reconocer la experiencia acumulada a lo largo de la trayectoria en la enseñanza pública.
Además de estas reivindicaciones, reclamamos avanzar en otros aspectos contemplados en el acuerdo de 2025, como la mejora de la aplicación ATDI, con menos incidencias y procedimientos más ágiles, la reducción de la carga burocrática en los centros educativos y la actualización de licencias y permisos del profesorado para adaptarlos a la realidad social actual.
Recordamos que los acuerdos firmados deben cumplirse en su integridad y dentro de los plazos establecidos, por lo que exigimos al futuro Gobierno autonómico que establezca un calendario claro de aplicación y seguimiento.
Por último, reiteramos que el profesorado de Castilla y León necesita condiciones laborales dignas, reconocimiento profesional y herramientas eficaces para desarrollar su trabajo con calidad, y aseguramos que seguiremos trabajando con firmeza para que los compromisos adquiridos se traduzcan en mejoras reales.
