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- La escuela pública aragonesa, con la participación activa de ANPE, mantiene su movilización ante la inminente concertación del Bachillerato: hemos anunciado la inmediata interposición de un recurso contencioso-administrativo impugnando la legalidad de la medida.
- ANPE Aragón viene rechazando esta medida por considerar que supone un grave perjuicio para la enseñanza pública, tanto por el desvío de fondos públicos hacia necesidades ya cubiertas —hay vacantes bastantes más de 2000 plazas públicas de Bachillerato— como por el deterioro progresivo de los centros públicos educativos, que siguen presentando significativas carencias en recursos humanos y materiales.
- Denunciamos un cambio de modelo educativo que prima o patrocina desvío de fondos públicos hacia unos conciertos innecesarios. Iniciamos un calendario de acciones previstas entre las que figura una importante movilización y una huelga educativa los días 19 y 20 de mayo.
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En este contexto, desde la acción unitaria —con unidad sindical y sumando la vindicación de todas las organizaciones de la plataforma de Escuela Pública—, hemos anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria, cuestionando la juridicidad de la medida tanto por el momento de su aprobación —con un gobierno en funciones— como por su viabilidad presupuestaria, al producirse en un escenario de prórroga presupuestaria que limita la incorporación de nuevo gasto.
Además, hemos impulsado un calendario de movilizaciones para visibilizar el rechazo de la comunidad educativa y defender un modelo de enseñanza pública equitativo. Entre las acciones previstas destacan el pronunciamiento de claustros y consejos escolares, concentraciones en centros educativos durante varias semanas, asambleas informativas en distintas localidades aragonesas y la convocatoria de una huelga educativa los días 19 y 20 de mayo.
Advertimos de que esta decisión no responde a una cuestión de competencia entre redes educativas, sino que implica un cambio estructural del modelo educativo en Aragón, con consecuencias para todo el territorio, especialmente para la escuela pública, que garantiza el acceso a la educación en todas las zonas, incluidas las más rurales.
Asimismo, reclamamos al Gobierno de Aragón un compromiso firme con la educación pública, que incluya una financiación suficiente —con un objetivo mínimo del 4% del PIB—, la paralización de la orden que regula la concertación, el refuerzo de recursos humanos y materiales, la mejora de la atención a la diversidad, un plan de infraestructuras educativas, el reconocimiento de la labor docente y directiva, la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la atención específica a la escuela rural.
No se puede hablar de libertad educativa mientras se debilita inmisericordemente la red pública que garantiza igualdad, vertebración territorial y oportunidades reales para todo el alumnado. La respuesta del profesorado aragonés ha sido clara: los fondos públicos deben reforzar la educación pública.
