No es únicamente la negociación sobre la adecuación retributiva la que está paralizada, temas como la disminución de ratios, la nueva normativa sobre oposiciones o el calendario escolar del próximo curso siguen esperando mientras negocian con la enseñanza conceertada.
Durante este tiempo ha eludido la obligación de negociar con la JPD aspectos como la imposición de unas nuevas instrucciones de organización para el profesorado de PT y AL, el Anteproyecto de Ley de Autoridad Docente y Convivencia Escolar, la negociación de las plantillas sin modificar las ratios, el nuevo sistema de oposiciones o el calendario escolar del próximo curso.
Tras casi tres años, el Gobierno cántabro no ha asumido los compromisos para mejorar la Educación Pública y las condiciones laborales del profesorado manifestados por Silva. Argumentaron que la cláusula Silva era imprescindible para lograr el acuerdo económico y una garantía para el futuro, pese a no figurar en los acuerdos con otros funcionarios o con los docentes concertados.
Hemos podido comprobar que la “Cláusula Silva”, que pretendía condicionar nuestra adecuación retributiva a cuestiones políticas ajenas al profesorado, era un intento de engaño, estafa o timo. Con su firma se habría legitimado su postura, pero no habríamos recibido ningún incremento. Silva y Buruaga siguen sin poder explicar la razón por la que otros trabajadores públicos, como los de Sanidad o Justicia, no han visto su adecuación condicionada y ya han recibido la parte correspondiente de su merecida adecuación salarial pese a no haberse aprobado nuevos presupuestos, mientras se niega el mismo derecho al profesorado público, y, para mayor escarnio han firmado acuerdos de incremento y de jubilación anticipada con representantes del profesorado de la enseñanza concertada.
Esta postura intransigente del Gobierno de Cantabria nos obliga a mantener la movilización para conseguir no solo la adecuación salarial, sino también todos los aspectos fundamentales para el mantenimiento y la mejora del sistema educativo en nuestra región. Tras 13 jornadas de huelga, innumerables manifestaciones, encierros, concentraciones y medidas de protesta, el rechazo al diálogo por parte de la Administración educativa mantiene viva la lucha con diversas acciones que se desarrollarán conjuntamente.
No valen las descalificaciones que el Consejero vierte en los medios que controla, y que descalifican a quién las profiere, ni argumentar que las movilizaciones se producen porque gobierna el PP jntentando hacer creer a la opinión pública que se trata de un conflicto político y no profesional. ANPE Cantabria siempre ha defendido la defensa de los intereses profesionales del profesorado, con independencia e imparcialidad, negociando con quienes han ostentado la representación política en la Comunidad en cada momento y llegando a acuerdos o planteando medidas de presión y de protesta cuando se ha considerado imprescindible.
La ausencia de voluntad negociadora se manifiesta continuamente, alcanzando en la primera quincena de febrero su culmen con el intento de negociar el calendario escolar al margen de la Junta de Personal Docente, en contra de lo establecido legalmente, o mediante la publicación de unas instrucciones que modifican las condiciones y métodos de trabajo del profesorado que atiende al alumnado con diversidad, cuyo contenido y oportunidad debería haberse tratado también con los representantes del profesorado antes de hacerlo público.
