Como sindicato profesional e independiente, y desde la enorme responsabilidad que le confiere ser líder entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria a escala estatal, ANPE reclama medidas para proteger la educación pública de la compleja y enorme incertidumbre política y social que nos envuelve, comenzando por reivindicar al Gobierno central y a los autonómicos que garanticen la financiación necesaria del sistema público de enseñanza, con el fin de asegurar la calidad de la educación en todos los territorios del Estado.
Urge alcanzar el consenso preciso para lograr, con la imprescindible participación del profesorado, un acuerdo de mínimos que dote de la necesaria estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo, y permita poner fin a la brecha entre comunidades autónomas y mejorar el rendimiento del alumnado.
La mejora del rendimiento escolar ha de ser una prioridad para cualquier Gobierno. Abordar la búsqueda de soluciones o posibles estrategias para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar –elevadas y lejos de los objetivos previstos– debe comenzar por establecer actuaciones destinadas a disminuir las tasas de repetición y afrontar la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, inalterables desde la antigua LOGSE.
Frente a este panorama incierto y ante la creciente tendencia a derivar a los centros escolares la búsqueda de soluciones a una amplia variedad de problemas sociales que sobrepasan el ámbito educativo, resultan imprescindibles la participación y la coordinación de las distintas administraciones públicas para fortalecer el sistema de enseñanza y abordar este curso los retos pendientes del sistema educativo y las mejoras que reclama el profesorado.
Resulta inaplazable la negociación de un nuevo diseño de la profesión docente, tal como dispone la propia ley orgánica educativa. Es prioritario elaborar un Estatuto Docente que regule la profesión desde la formación inicial hasta la jubilación y establezca la carrera profesional. La amplia diversidad de las aulas, las necesidades de inclusión educativa en los centros y la exigencia de facilitar el trabajo del profesorado son factores que obligan a acometer la imprescindible disminución de las ratios máximas de alumnado por aula, que posibilitaría una enseñanza y atención más individualizadas y, por tanto, una mejora de la calidad del sistema educativo. De forma paralela, no se puede dilatar más la reducción del horario lectivo del profesorado, lo que redundaría en una mejor atención individualizada al alumnado. Por ello, solicitamos la modificación de la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, con el fin de que se reduzca el número máximo de horas lectivas semanales de docencia directa para el profesorado de todo el Estado.
“Es prioritario elaborar un Estatuto Docente que regule la profesión desde la formación inicial hasta la jubilación y establezca la carrera profesional”
Otros asuntos pendientes
Son varios los asuntos pendientes de abordaje, como la disminución drástica de las tareas burocráticas del profesorado, que están dificultando notablemente su labor propiamente docente; la revisión urgente del concurso general de traslados con la finalidad de mejorar la movilidad del profesorado; el impulso a los desarrollos normativos derivados de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores o la situación del personal docente del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP que no se ha integrado en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
Nuestro sistema educativo público se ha de fortalecer mediante el aumento progresivo de las plazas gratuitas en la educación de 0 a 3 años, así como con el incremento de la oferta de plazas en la Formación Profesional, donde asistimos con preocupación a un aumento exponencial de la oferta privada, que, en muchos casos, se sustenta en fondos de inversión. También se debe proporcionar a los centros mayores recursos y medios, tanto humanos como materiales, para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, con el fin de atenderlo en las mejores condiciones y posibilitar que los centros de educación especial, además de acoger al alumnado que requiere una atención muy especializada, funcionen en la práctica como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, como establece la LOMLOE.
En el contexto actual, resulta esencial potenciar el compromiso de las administraciones competentes para enfrentarse al incremento de los problemas de salud mental en los centros educativos, garantizando la existencia de un servicio de enfermería escolar y la participación de personal especializado.
En el plano retributivo, ANPE reclama que se revierta la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el personal docente desde la drástica reducción salarial de 2010 y acentuada por las elevadas tasas de inflación de los últimos años, así como que se establezca una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Respecto a las infraestructuras educativas, que en muchos casos datan de hace más de setenta años, ANPE ha solicitado, en el ámbito de la mesa de negociación del Ministerio, la coordinación entre administraciones para actualizarlas y adecuarlas de forma generalizada. El Gobierno ha de planificar, de forma coordinada con el resto de las administraciones públicas, la necesaria adaptación climática de los centros, de acuerdo con un estudio previo de las necesidades de cada uno de ellos, para garantizar su óptima climatización y sostenibilidad energética.
Ha comenzado un nuevo curso en el que, usando como pretexto el informe de turno, se repiten las mismas polémicas de otros años. Desde el punto de vista mediático se pone el acento en el sueldo del profesorado, la jornada escolar y de trabajo de los docentes, y la excesiva repetición del alumnado. Y, a buen seguro, una vez haya avanzado el curso, aparecerá en escena el gran clásico: la eterna diatriba sobre los deberes escolares. Todas estas cuestiones, que, lejos de arrojar certezas, enturbian y provocan incertidumbre, serán analizadas con detalle en nuestra revista, una vez más.
No podemos seguir soportando las consecuencias derivadas de la continua confrontación en el debate político-educativo. Necesitamos menos controversia ideológica, más recursos y priorizar las soluciones a los verdaderos problemas del profesorado y de nuestros centros, comenzando por desbloquear sin más dilación la completa puesta en marcha del plan de refuerzo de matemáticas y lectura, anunciado en su día por el presidente del Gobierno y muy lastrado por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
ANPE se movilizará junto al personal docente ante cualquier recorte educativo, medida o actuación que afecten directamente a la calidad de la enseñanza y contribuyan a la pérdida injustificada de puestos de trabajo y al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado. Pero lo hará desde su independencia y con responsabilidad, alejándose de cualquier connotación política, defendiendo siempre los legítimos intereses profesionales de los docentes y advirtiendo de que no contribuirá a la radicalización del conflicto ni al enfrentamiento político, ni tampoco a servir a otros intereses que no respondan a los estrictamente propios del profesorado.
Es fundamental que el Ministerio de Educación, FP y Deportes escuche al personal docente, así como que lidere y acuerde, junto a las comunidades autónomas, la puesta en marcha de las medidas que proponemos con el objetivo de fortalecer el sistema educativo, paliar las diferencias existentes entre territorios y garantizar que el derecho a una educación de calidad sea una realidad.
