En el inicio de curso escolar en Extremadura, más de 5.000 alumnos se han quedado sin transporte escolar, porque la inmensa mayoría de las empresas adjudicatarias de las 223 rutas que quedaron desiertas en el concurso no han realizado el servicio. No obstante, en ese primer día de colegio muchos de los afectados por la falta de transporte han llegado a las aulas, porque han sido sus padres quienes les han trasladado en sus vehículos particulares a los centros educativos.
Son unos 16.000 los alumnos extremeños que cada curso hacen uso del transporte escolar en la región o, lo que es lo mismo, son usuarios de algunas de las 579 rutas establecidas para llevarles a los colegios e institutos. Sin embargo, este año el concurso convocado por la Junta de Extremadura para adjudicar estas rutas a las empresas del sector, y así garantizar el servicio a todos los escolares, no se ha resuelto en su totalidad y el curso ha arrancado en la región con 223 rutas en duda y, por ello, con la inquietud de muchas familias.
Padres y alumnos han comprobado que la inmensa mayoría de los autobuses que debían hacer estas rutas, repartidas por las dos provincias extremeñas, no llegaban a las paradas. Las empresas, a las que la Junta decidió adjudicar de manera directa y obligatoria estas rutas tras optar por no presentarse a la licitación abierta, no han atendido el requerimiento.
Este grupo de empresas, más de 40, mantiene su negativa a asumir unas rutas por imposición, y no a seguir trabajando a pérdidas. Defienden su derecho a no participar en un concurso y, por tanto, a no optar a ninguna de las rutas. Desde su punto de vista, firmar un acuerdo marco posibilita participar en la licitación del transporte escolar, pero no la obligación de hacerlo. Esto se resuelve con diálogo y con una mejora de los precios para la totalidad del curso escolar.
Las empresas que han rechazado participar en el concurso y seguir con el transporte escolar en la región han explicado que los precios de la licitación son los que figuran en el acuerdo marco aprobado en 2024, pero no los que han venido cobrando desde marzo a junio de este año, el último trimestre del pasado curso por tanto, cuando llegaron a un acuerdo con la Junta y se aceptó mejorar las cuantías para que no continuaran con las pérdidas.
Ante el conflicto surgido ANPE EXTREMADURA ha exigido a la Consejería de Educación, soluciones eficaces para garantizar transporte y la vuelta a la presencialidad del alumnado extremeño. En una región eminentemente rural, donde el acceso al centro educativo depende en gran medida de este servicio, la actitud de las empresas adjudicatarias, que rehúsan presentarse a licitaciones mientras reclaman mayores incrementos económicos, está dejando a miles de alumnos y alumnas sin rutas garantizadas al inicio de curso.
ANPE EXTREMADURA considera inadmisible que se utilice a los escolares y a las familias como rehenes de disputas empresariales o administrativas. La educación extremeña no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente. La Junta de Extremadura debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar con soluciones eficaces y urgentes, sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla.
No se puede privar al alumnado de su derecho fundamental a la educación y la medida que ha optado la Administración de docencia telemática en aquellas rutas sin cubrir, no es la solución, ni para el alumnado ni para el profesorado. La educación pública no puede gestionarse a golpe de parche. Alternar de un día para otro clases presenciales y telemáticas precariza el derecho a la educación y añade una carga inasumible a los docentes, obligados a diseñar, adaptar y duplicar sus clases sin planificación.
ANPE EXTREMADURA recuerda que los servicios públicos vinculados a la educación son la columna vertebral de la igualdad de oportunidades, especialmente en territorios rurales. Sin un transporte escolar seguro y eficaz, la escolarización obligatoria se convierte en un privilegio geográfico. Y sin condiciones laborales dignas para el profesorado extremeño, uno de los colectivos peor retribuidos del país, la calidad educativa y la cohesión social se ven amenazadas. Por todo ello, ANPE EXTREMADURA ha exigido a la Consejería de Educación que garantice de inmediato la cobertura de todas las rutas escolares, que negocie con responsabilidad y transparencia con las empresas del sector, y que descarte medidas improvisadas que perjudiquen al profesorado y al alumnado. La defensa de los servicios públicos y del esfuerzo diario del profesorado extremeño es una obligación de todos los poderes públicos, no un recurso al que acudir solo en situaciones de crisis.
