La ineptitud negociadora de Silva une al profesorado contra su gestión.
El encierro de nueve miembros de la Junta de Personal Docente en la sede del Gobierno de Cantabria de Santander, forzó a la Consejería de Educación a iniciar las negociaciones para la adecuación salarial docente.
El encierro estuvo motivado por la comunicación oficial de que el Gobierno regional no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años sin tocarse y más de 34 puntos de inflación acumulada. El consejero, Sergio Silva, ha tenido tiempo desde entonces y ha recibido multitud de propuestas para demostrar su capacidad al frente de la Consejería de Educación, pero su gestión ha conseguido poner de acuerdo al profesorado extendiendo los encierros, las protestas, huelgas y manifestaciones.
El Consejero ha intentado manipular a la opinión pública, con la difusión de datos inexactos, cuando no directamente falsos, o agudos comentarios sobre el trabajo del profesorado. Pero lo que ha conseguido es movilizar al colectivo docente durante el curso pasado, haciendo decaer, una tras otra, sus intenciones de dividir al profesorado con complementos arbitrarios, penalizando salarialmente las bajas médicas, controlando la formación como se haría es un régimen de estatismo burocrático, etc. Todo ello ha forzado avances en la negociación, llegándose el pasado 5 de septiembre a un principio de acuerdo que se podría materializar, pero que no llegó a firmarse por la imposición del Consejero sobre la inclusión de una cláusula en el acuerdo, que condiciona su cumplimiento a la aprobación de presupuestos durante su extensión temporal (años 2026, 2027, 2028 y 2029).
Esta es una condición inaudita e inédita, nunca vista en la historia de los acuerdos educativos alcanzados con los sindicatos docentes, como tampoco aparece en los alcanzados por otros colectivos con la Consejería de Sanidad o la de Presidencia, que pretende convertir a los casi 9000 docentes de Cantabria en “rehenes” de negociaciones partidistas futuras, vinculando la adecuación salarial docente a los posibles pactos entre los diversos partidos políticos que tengan o puedan tener representación en el Parlamento de Cantabria. El consejero considera una “línea roja” esta condición, denominada “cláusula Silva”, negándose a retirarla y provocando el endurecimiento del conflicto.
Las declaraciones de la Consejería y las medidas adoptadas por sus responsables, han conseguido aumentar el malestar del profesorado hasta niveles no vistos con anterioridad. Medidas como el cierre del CEIP “El Pedregal” en Castro Urdiales, pese a existir una sentencia que anulaba el acuerdo, el aplazamiento de la toma de posesión de los interinos para que no pudieran sumarse a las huelgas previstas al inicio del curso, o la imposición de servicios mínimos incompatibles con el ejercicio del derecho a la huelga, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el auto cautelar que los suspendía.
Las últimas reuniones convocadas durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre para tratar de llegar a un acuerdo que evitara la necesidad de ir a la huelga fueron iniciativa de la Junta de Personal Docente, y en la última cita convenida, en la tarde del viernes tras alcanzar el acuerdo sobre los términos económicos pero haber conocido la nueva claúsula, el consejero Silva dejó plantados a los representantes del profesorado de Cantabria, renunciando a negociar y obligando a mantener las convocatorias de las sucesivas huelgas de los días 8 y 9 (en colegios); 11 y 12 (en institutos); 17 y 18 (en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas); 7 y 8 de octubre (en Escuelas Oficiales de Idiomas), con una manifestación unitaria que se desarrolló el pasado 8 de septiembre , cuando más de 9000 personas recorrieron las calles santanderinas bajo una incesante lluvia que acompañó durante todo el recorrido.
La actuación de Sergio Silva como consejero es una muestra de lo que no debe hacerse para coordinar la Educación en Cantabria, salvo que quiera satisfacerse el interés de la patronal de centros privados/concertados como ha podido entenderse de algunas de las “entrevistaspublireportajes” en las que se ha prodigado durante los últimos meses. Claro está que Sergio Silva cuenta, de momento, con el apoyo incondicional de la Presidenta de Cantabria, quién, durante su “inicio de curso político” en el santuario de la Bien Aparecida, ha declarado a los medios de comunicación, que invita a la Junta de Personal Docente a firmar el acuerdo porque incluirá las cantidades necesarias en los presupuestos del año próximo, exigencia que les hace también el PRC para continuar prestándoles su apoyo. Evidentemente, si no se retira la “claúsula Silva”, debería dimitir el consejero o ser cesado por la presidenta, ANPE Cantabria continuará defendiendo la educación pública y los derechos de todo su profesorado.
