La libertad de cada centro para establecer las NOF puede generar controversias por los protocolos utilizados. Solicitamos uno revisado por la asesoría jurídica de la Consejería.
ANPE Cantabria aplaude la reciente regulación del uso del teléfono móvil en las aulas, ya que es una demanda que venimos realizando desde hace tiempo. Sin embargo, y pese a lo positivo de la iniciativa, no debemos olvidar que este problema no es exclusivo de las aulas, ni mucho menos, y que sigue existiendo antes y después de la jornada escolar. La escuela debe ayudar a resolver los problemas de una sociedad cada vez más compleja, pero no debemos caer en el error de pensar que los centros educativos son el único lugar para afrontar estas cuestiones y que los docentes somos los últimos responsables de un problema que no hemos generado, o que los problemas derivados del uso inadecuado de este instrumento son responsabilidad de los centros. Es necesaria una reflexión social más amplia, pues los dispositivos móviles vienen al centro con los alumnos, no es el centro el que pide que se traigan.
Por otro lado, la regulación publicada por la Consejería de Educación autoriza a los docentes a requisar los dispositivos móviles a los alumnos, medida lógica pero que puede generar problemas en algunas ocasiones. ANPE Cantabria exige a la Consejería que proteja a los docentes ante posibles contingencias derivadas de esta nueva facultad, estableciendo unos protocolos de requisa y custodia para evitar posibles responsabilidades derivadas de ella, ya que se trata generalmente de aparatos electrónicos de un alto valor económico y con contenidos de carácter personal. Pese a la indicación de que sean las normas de organización y funcionamiento de cada centro las que indiquen estos procedimientos de retirada y custodia de los aparatos, es necesario que las normas se adapten a la legalidad vigente para asegurar que no se actúa de forma que pueda ser interpretada como una anomalía legal. Para ello creemos necesario que se ofrezca un documento preciso, revisado por la asesoría jurídica de la Consejería y que ofrezca garantías ante posibles incidencias.
