Desde hace años, el colectivo docente en Cataluña viene sufriendo una pérdida constante de poder adquisitivo y una situación de agravio comparativo que se ha vuelto insostenible. Esta realidad no afecta únicamente a las condiciones de vida del profesorado, sino que tiene también un impacto directo sobre la calidad del sistema educativo y, en consecuencia, sobre el futuro de la escuela pública.
El sindicato ANPE recuerda que la educación constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y que los docentes desempeñan un papel esencial como transmisores de conocimientos, formadores de ciudadanía y motores de cohesión social. Sin embargo, las políticas salariales de la última década han ido erosionando de forma progresiva el valor de su trabajo.
Por este motivo, el sindicato plantea una serie de demandas concretas y urgentes:
- Una subida salarial real y efectiva que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
- La adecuación de los complementos autonómicos, con el fin de asegurar unas retribuciones justas, equilibradas y coherentes con la responsabilidad que asume el profesorado.
- La actualización automática de los sueldos en función del IPC anual, de manera que se garantice la estabilidad económica del colectivo y se eviten nuevas pérdidas futuras derivadas de la inflación.
ANPE considera que ha llegado el momento de poner fin a más de una década de discriminación retributiva que ha dejado al profesorado en una situación de evidente desventaja respecto a otros sectores públicos. La organización sindical subraya que la falta de reconocimiento económico no solo genera malestar y desmotivación entre los docentes, sino que también repercute en la atracción de nuevos profesionales y en la retención del talento dentro del sistema educativo.
Con esta iniciativa, ANPE reafirma su compromiso con la dignificación de la profesión docente y con la defensa de un sistema educativo que no solo valore el esfuerzo de sus profesionales, sino que lo reconozca con medidas concretas. El sindicato concluye que situar al profesorado en el lugar que le corresponde es una condición ineludible para garantizar una educación pública de calidad, equitativa y al servicio de toda la ciudadanía.
