ANPE Melilla se une a la concentración en defensa de la asistencia sanitaria de los empleados públicos
El pasado miércoles 11 de diciembre de 2024, ANPE Melilla, junto a CCOO, UGT y USO, convocaron una concentración a las 18:00 horas frente a la Delegación del Gobierno y la sede de MUFACE. Esta movilización, en un gesto de unidad sindical sin precedentes, tuvo como objetivo reclamar al Gobierno y a las aseguradoras un acuerdo urgente que garantice la estabilidad y calidad de la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios públicos y sus beneficiarios.
La situación actual de la asistencia sanitaria de los empleados públicos está en grave peligro debido a la renuncia de las aseguradoras a renovar el concierto sanitario con MUFACE. Por un lado, los sindicatos convocantes exigimos celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un Plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado púbico. Por otro, denuncian a unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modelo de MUFACE está “infra financiado”, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado, y a costa de “la selección de riesgos”, es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender. Y en medio de esta situación los mutualistas y sus beneficiarios, están siendo utilizados como rehenes, poniendo en riesgo su propia salud. Reclaman a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva situación.
Por ello, exigimos que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones. Además, exigimos más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso y la participación de los sindicatos en el mismo.
Porque la salud de los empleados públicos no es una mercancía.
