ANPE lleva la voz del profesorado español contra el abuso de temporalidad al Parlamento Europeo, en un contexto marcado por la sentencia del TJUE sobre el caso Obadal.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Obadal ha reabierto el debate sobre la precariedad laboral que durante años ha sostenido buena parte de la Administración pública española y de nuestro sistema educativo. El fallo considera insuficientes las medidas aplicadas hasta ahora para corregir el abuso de la temporalidad y sancionarlo de forma efectiva, y deja claro que el marco actual no garantiza el cumplimiento del Derecho Europeo.
Lejos de tratarse de un problema puntual, estamos ante una deficiencia estructural del sistema educativo. Durante décadas, se ha utilizado la interinidad para cubrir necesidades permanentes, generando inestabilidad laboral en plazas que son estructurales.
ANPE intervino también el pasado 14 de abril en la sede del Parlamento Europeo para denunciar esta situación y reclamar soluciones reales. Isabel García, delegada del sindicato y vicepresidenta de la CESI Youth, trasladó en la Eurocámara la voz de miles de docentes afectados por una temporalidad crónica que vulnera las directrices comunitarias.
Durante su intervención, García señaló claramente que el sistema educativo español no recurre a la interinidad para cubrir necesidades excepcionales, sino para sostener de manera continuada plazas esenciales. “Estamos ante una necesidad permanente cubierta con soluciones provisionales. Un docente interino en España puede trabajar 15 años sin estabilidad, cambiando de ciudad cada curso y empezando de cero una y otra vez”, recalcó la representante de ANPE.
Esta realidad no solo repercute en las condiciones laborales del profesorado, sino que afecta directamente a la calidad educativa. La rotación constante de plantillas dificulta la continuidad de los proyectos pedagógicos, impide consolidar equipos docentes y debilita el vínculo con el alumnado.
Desde ANPE se señaló también la falta de planificación de las administraciones educativas. La insuficiencia de las ofertas de empleo público, unida a la ausencia de previsión ante las jubilaciones y necesidades estructurales del sistema, ha cronificado un modelo basado en la provisionalidad. Reconocemos algunos avances normativos (Ley 20/2021), pero ya advertimos en su momento de sus limitaciones y de sus efectos colaterales.
En este contexto, la sentencia del TJUE supone un nuevo aviso a las administraciones españolas. Desde ANPE reclamamos una respuesta política y normativa que combine el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad con una verdadera apuesta por la estabilidad laboral. No solo denunciamos, sino que proponemos soluciones:
- Estabilización de las plantillas: convertir por ley todas las vacantes estructurales en vacantes a plazas fijas.
- Convocatorias realistas: ofertas de empleo público periódicas y masivas que garanticen la continuidad de los equipos docentes.
- Protección del poder adquisitivo: actualización de salarios y deflactación del IRPF frente a la inflación.
El objetivo es impulsar un cambio estructural que permita reducir la temporalidad por debajo del 8%, garantizando estabilidad para el profesorado y un sistema educativo más sólido, justo y eficaz. El mensaje trasladado por ANPE en Europa fue claro: no puede construirse una educación pública de calidad sobre la incertidumbre permanente de sus docentes.
