En el ámbito educativo, la estabilidad y el diálogo deberían ser prioritarios para garantizar una enseñanza de calidad y unas condiciones laborales dignas para quienes la sostienen. Sin embargo, en los últimos tiempos, los docentes hemos experimentado una profunda sensación de desamparo por parte de las autoridades educativas, que parecen estar demasiado ocupadas en sus propios intereses, relegando los problemas reales del sector a un segundo plano.
La educación en España necesita, ahora más que nunca, un compromiso claro y decidido de sus autoridades. El ámbito educativo no es ajeno al escenario complejo que atraviesa el país. Mientras la sociedad exige una enseñanza de calidad y desde el colectivo docente solicitamos mejoras en nuestras condiciones laborales, la respuesta de las autoridades educativas es, una y otra vez, el silencio y la falta de acción.
En ANPE, asistimos con preocupación a una falta de negociación que afecta directamente al colectivo docente y, en consecuencia, a la calidad educativa de nuestro país. En un contexto en el que la estabilidad y el diálogo deberían ser prioritarios, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha permanecido inactivo en el avance de lo previsto por la ley, dejando sin atender temas de enorme relevancia para el futuro de la profesión docente y del sistema educativo.
Observamos con preocupación cómo el diálogo y la estabilidad, pilares indispensables para una educación de calidad, se ven continuamente postergados en la agenda gubernamental, mientras las cuestiones urgentes del sector quedan sin respuesta.
Llevamos años reclamando una negociación seria sobre una amplia serie de temas que afectan directamente al profesorado y que aún hoy están sin resolver, sin un compromiso claro y sin una hoja de ruta para el futuro. ANPE considera inaceptable que temas como la regulación de la formación inicial y permanente, el código deontológico, y el diseño de un marco que asegure la dignidad y el reconocimiento de la labor docente queden en el olvido.
Desde ANPE demandamos una verdadera negociación sobre asuntos que afectan al colectivo docente, desde la mejora de las condiciones laborales o la reducción de la carga burocrática hasta el desarrollo de un marco normativo que permita una carrera profesional justa y atractiva. Son temas cruciales para el buen desempeño de una profesión que es pilar fundamental de nuestra sociedad. No obstante, estas demandas se han encontrado con una constante falta de respuestas concretas y con una escasa disposición para establecer canales de comunicación efectivos.
Dentro de ese nuevo diseño de la profesión docente, contemplado en la actual ley de educación y en el que no se ha experimentado avance alguno hasta la fecha, exigimos, entre otras cuestiones, una carrera profesional docente que permita crear un sistema que recompense el esfuerzo y la dedicación, a través de un acceso justo a la promoción profesional y el desarrollo de una estructura de incentivos acorde a la importancia de nuestra labor. La profesionalización de la enseñanza no puede ser completa sin este avance, necesario para construir una carrera sólida y reconocida en la que cada esfuerzo se vea valorado.
La aplicación de la LOMLOE ha añadido incertidumbre al ámbito educativo, y ha generado múltiples tensiones y desajustes en el día a día del personal docente. La falta de claridad en determinados aspectos y los constantes cambios en su interpretación han provocado confusión en los centros educativos, dificultando el desempeño de nuestro trabajo. La ley debería haber proporcionado soluciones y mejoras, pero en muchos aspectos ha añadido nuevas cargas burocráticas y poca flexibilidad para adaptar los contenidos educativos a las necesidades reales del alumnado, dejando sin atender aspectos clave como la reducción de ratios en las aulas y la necesaria disminución de los horarios lectivos del profesorado.
El personal docente necesita condiciones que le permitan concentrarse en el proceso educativo, sin estar sobrecargado de tareas administrativas ni tener que enfrentarse a aulas desbordadas que dificultan una atención personalizada y de calidad. Es inadmisible que los docentes inviertan una parte significativa de su tiempo en trámites administrativos, pues esto repercute directamente en la calidad educativa y en la salud mental de los profesionales. Un profesorado desgastado por papeleos y gestiones innecesarias es un profesorado menos disponible para su alumnado, y esto es algo que el Ministerio debe atender de forma urgente.
En paralelo, la elevada ratio de alumnos por aula que se da en numerosas ocasiones requiere soluciones inmediatas. Un aula masificada limita las posibilidades de una atención personalizada, impide el desarrollo de metodologías innovadoras y afecta gravemente al aprendizaje del alumnado. En este contexto se hace imposible alcanzar la excelencia educativa: es momento de que el Ministerio atienda las demandas del profesorado y garantice las condiciones adecuadas para el desarrollo de una educación pública de calidad.
Nos preocupa, además, la situación de interinidad en el sector. Sigue afectando a miles de docentes que, a pesar de su valía, continúan sin estabilidad laboral. La enseñanza necesita un profesorado comprometido y libre de la inseguridad derivada del trabajo temporal. ANPE insiste en la necesidad de poner en marcha convocatorias de procedimientos selectivos sustentadas en amplias ofertas de empleo público y en la actualización del sistema de acceso, para que todos los docentes tengan la oportunidad de estabilizar su situación laboral y contribuir a una educación de calidad sin la inseguridad de la temporalidad.
Asimismo, exigimos la equiparación salarial entre las distintas comunidades autónomas, una reivindicación histórica de ANPE que busca garantizar la igualdad de derechos de todo el profesorado a escala nacional. No es justo que, a pesar de desempeñar la misma labor y enfrentarse a los mismos desafíos, los docentes reciban remuneraciones diferentes en función de su lugar de trabajo. Exigimos la reversión de la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010 y el establecimiento de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para asegurar una remuneración justa en toda España. La educación pública es una cuestión de Estado, y la dignidad de quienes la hacen posible no debe depender de límites territoriales.
Otros aspectos críticos pendientes de negociación y mejora son la conciliación familiar y laboral del profesorado, la atención a la salud mental de profesorado y alumnado, y la implementación de planes de sostenibilidad en los centros educativos. Estos temas, fundamentales para el bienestar y la estabilidad de la comunidad educativa, requieren una atención seria e inmediata, y no pueden continuar siendo ignorados.
Además, es esencial que el Ministerio cumpla con la Disposición Adicional Octava de la LOMLOE, que prevé una inversión del 5% del PIB en educación. Esto no puede ser una cuestión de discursos y gestos, sino de una inversión real y de un compromiso decidido por parte del Gobierno.
Lamentablemente, la educación parece estar en manos de políticas que priorizan la apariencia o el discurso sobre la praxis. Los problemas del ámbito educativo no pueden resolverse con palabras bonitas; requieren un compromiso sólido y acciones concretas. Necesitamos una figura que defienda la educación con conocimiento y firmeza, que ponga en el centro del debate los problemas estructurales del sistema educativo y que trabaje codo a codo con el colectivo docente para solucionarlos. Sin embargo, la realidad se agrava cuando comprobamos que, en lugar de contar con un ministerio centrado plenamente en las necesidades del sector, la educación ha quedado relegada a la sombra de una responsable política que parece estar más interesada en seguir y promover cualquier directriz impuesta desde Moncloa que en atender las demandas de los docentes.
Desde ANPE, instamos al Gobierno y al Ministerio competente en materia de Educación a asumir un compromiso real con la educación; a abrir, de una vez por todas, un canal de diálogo con el colectivo docente y a atender nuestras reivindicaciones. La educación es el futuro del país, es el pilar de nuestra sociedad y no puede seguir esperando. Necesitamos una política educativa que priorice el fortalecimiento de la profesión docente y permita el desarrollo de una enseñanza pública de calidad. La educación en España no puede esperar más. Es el momento de escuchar a quienes trabajan día a día en las aulas y de construir juntos un sistema educativo digno y de calidad para todos.
