Cientos de miles de docentes nunca han percibido la totalidad de las pagas extra tras quince años de un recorte coyuntural que se ha convertido en permanente.
Más de un millón de empleados públicos, entre los que se incluyen cientos de miles de docentes, no han cobrado nunca una paga extraordinaria íntegra. Prácticamente una generación entera. Y no es porque se les aplique una normativa diferente a la del resto del personal al servicio de la Administración, sino porque han accedido a la función pública después de los recortes impuestos por el Gobierno en 2010, con motivo de la crisis económica iniciada dos años antes. Tres lustros después, continuamos sufriéndolos en las pagas extra sin que haya un solo motivo que lo justifique.
Esto entraña un riesgo evidente, con el que han jugado los distintos gobiernos: el de la normalización. Para buena parte de quienes se han incorporado al empleo público en los últimos quince años, esta situación no se vive como una pérdida, sino como una condición dada. No tienen memoria profesional de un escenario distinto y, por tanto, tampoco una conciencia clara de lo que han dejado de percibir. Así, lo que nació como una respuesta temporal a una crisis económica ha terminado por integrarse silenciosamente en la estructura retributiva.
La situación plantea también interrogantes de futuro. Ciñéndonos al ámbito educativo, si las condiciones excepcionales se consolidan sin revisarse el resultado será una profesión menos atractiva, con mayores dificultades para atraer y retener talento, y con un reconocimiento económico que no se corresponde con la responsabilidad que implica. Las decisiones que se toman hoy –y también las que dejan de tomarse– condicionan inevitablemente el mañana.
Después de tantos años, la pregunta sigue siendo pertinente: ¿por qué una medida concebida como temporal y circunscrita a un contexto determinado no ha sido revertida? Más allá de coyunturas económicas, la respuesta parece apuntar a una cierta inercia política y a la falta de prioridad otorgada a esta cuestión, derivada del interés de la Administración en ahorrar recursos a costa de los empleados públicos para destinarlos a otros fines. La consecuencia, en cualquier caso, es que lo excepcional se ha quedado.
Sin embargo, en ANPE no estamos dispuestos a permitirlo. No vamos a resignarnos a la perpetuación de esta injusticia. El Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 22.4, es claro: las pagas extraordinarias deben equivaler a una mensualidad completa de las retribuciones básicas (sueldo base más trienios) y de los complementos que correspondan. Eso es lo que vamos a seguir exigiendo. La cuestión no es solo económica ni normativa, sino también de justicia y de coherencia institucional. Lo provisional no puede consolidarse indefinidamente.
No es un asunto menor. A lo largo de todos estos años, la merma en las pagas extraordinarias ha limitado la capacidad de ahorro del profesorado y ha reducido su margen de planificación vital. Para algunos docentes, la pérdida acumulada supera los 16.000 euros.
Si queremos una enseñanza de calidad, no podemos permitir que continúe retrocediendo el poder adquisitivo de sus profesionales. Es imprescindible recuperar unas condiciones que nunca debieron dejar de ser las ordinarias. Es el momento de restituir de una vez las pagas extraordinarias íntegras.
