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Compromisos reales con la educación pública y su profesorado ante las elecciones generales del 29N 

Ante la proximidad de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, ANPE, como primera fuerza sindical del profesorado de la enseñanza pública en todo el Estado, ha tomado la iniciativa para situar la educación pública y las condiciones laborales de sus profesionales en el centro del debate político.

El presidente nacional de ANPE, José Francisco Venzalá González, ha remitido una detallada carta a los responsables y coordinadores de los programas electorales de los principales partidos políticos que concurren a los comicios —Partido Popular, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos— exigiendo compromisos firmes y desglosando las principales reivindicaciones del sector, todas ellas de competencia estatal. 

Desde ANPE recordamos a los partidos políticos que la calidad y equidad del sistema educativo dependen directamente del respaldo y la valoración que se otorgue a su profesorado. Por ello, el sindicato insta a las formaciones a incorporar de manera explícita en sus programas de gobierno las siguientes propuestas fundamentales, organizadas en cinco grandes bloques estratégicos: 

1. Retribuciones: recuperar el poder adquisitivo perdido

El profesorado de la enseñanza pública arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde el año 2010. Los acuerdos salariales firmados desde entonces no han logrado revertir esta situación ni ofrecer soluciones de futuro. Además, se sigue perpetuando el recorte aplicado en 2010 a las pagas extraordinarias en los conceptos de salario base y trienios. Para revertir esta injusticia salarial, ANPE exige: 

  • Recuperación íntegra de las pagas extras: Deberán tener una cuantía idéntica a una mensualidad ordinaria para todos los empleados públicos, en estricto cumplimiento de lo contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
  • Cláusula de revisión salarial ligada al IPC: Establecimiento de una actualización anual automática en función de la inflación para blindar los salarios de los docentes y evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo de cara al futuro. 
  • Plan plurianual de recuperación: Puesta en marcha de un calendario presupuestario a varios años para rescatar paulatinamente el poder de compra perdido a lo largo de los últimos 16 años. 

«Desde ANPE recordamos a los partidos políticos que la calidad y equidad del sistema educativo dependen directamente del respaldo y la valoración que se otorgue a su profesorado».

2. Desarrollo profesional docente, ingreso y jubilación

Los docentes públicos siguen siendo los únicos funcionarios que carecen de una carrera profesional regulada a nivel estatal, a pesar de los mandatos explícitos del Estatuto Básico del Empleado Público y de la propia LOMLOE. ANPE defiende que el prestigiar la profesión docente pasa por la promulgación de un Estatuto de la Función Pública Docente no Universitaria que unifique las condiciones laborales en todo el territorio. Las demandas concretas son: 

  • Estatuto de la Función Pública Docente: Una norma básica que regule desde el ingreso en la profesión hasta un modelo de jubilación específico, diseñando una carrera profesional horizontal y vertical con un marco mínimo de condiciones laborales para todo el Estado. 
  • Integración generalizada en el Grupo A1: Inclusión de todo el profesorado en el grupo funcionarial más alto (A1) y el compromiso político de incrementar el nivel del complemento de destino de todos los cuerpos docentes. 
  • Jubilación anticipada a los 60 años: Un sistema de jubilación voluntaria, anticipada e incentivada para todos los docentes al cumplir los 60 años de edad, con independencia de su régimen de cotización. 
  • Nuevo sistema de ingreso y eliminación de la tasa de reposición: Modificación de las oposiciones mediante la actualización de temarios (dotándolos de contenido real y no de meros epígrafes) para crear pruebas objetivas acordes a las necesidades del sistema. Esto debe ir acompañado de amplias ofertas de empleo público para reducir al mínimo la interinidad, lo que exige la eliminación definitiva de la tasa de reposición en el ámbito educativo. 

«Los docentes públicos siguen siendo los únicos funcionarios que carecen de una carrera profesional regulada a nivel estatal, a pesar de los mandatos explícitos del Estatuto Básico del Empleado Público y de la propia LOMLOE».

3. Plan de inclusión educativa: menos ratios y más recursos

ANPE sostiene firmemente que «la inclusión sin inversión es exclusión». Para lograr una equidad real que permita al alumnado superar sus barreras de aprendizaje e igualar sus oportunidades con independencia de su lugar de residencia, es imprescindible una planificación estatal dotada de recursos suficientes bajo las siguientes premisas: 

  • Reducción de ratios máximas: Bajada generalizada del número de alumnos por aula en todas las enseñanzas, intensificando esta reducción en aquellos grupos que escolaricen a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
  • Plan integral para la zona rural: Elaboración, mediante norma básica y en coordinación con las Comunidades Autónomas, de un plan que fije criterios cuantitativos y cualitativos para la creación de unidades escolares y oferta formativa en el medio rural, garantizando un número mínimo de alumnos. 
  • Norma básica de inclusión educativa: Desarrollo de un Plan integral que culmine en una norma básica estatal. Este texto debe regular la codocencia (dentro del aula y mediante desdobles), fijar la dotación de un orientador o una orientadora por cada 250 alumnos, y establecer criterios objetivos para la incorporación a todos los centros de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), profesorado de Servicios a la Comunidad y otros perfiles profesionales necesarios, recursos que, salvo excepciones , además del pleno desarrollo de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE. 

4. Horario lectivo del profesorado máximo para todo el estado

Con el fin de mitigar las profundas desigualdades de condiciones laborales entre los distintos territorios del Estado y elevar la calidad de la enseñanza a través de una atención más individualizada, es urgente unificar las jornadas de trabajo directas con el alumnado. Tras la suspensión del proyecto de ley que tramitaba esta medida debido a la disolución de las Cortes, ANPE vuelve a exigir: 

  • Reducción de la jornada lectiva por norma básica: Establecer un tope máximo e infranqueable de 23 horas lectivas en los centros de Educación Infantil y Primaria, y de 18 horas lectivas en el resto de los centros educativos para todo el Estado, permitiendo que las Comunidades Autónomas puedan mejorar estos máximos pero nunca superarlos. 

«Es urgente unificar las jornadas de trabajo directas con el alumnado».

5. Reducción de la burocracia y planificación justa de unidades escolares

La excesiva carga burocrática asfixia los centros y aparta al profesorado de su labor esencial: la docencia. Asimismo, desde ANPE denunciamos la desigualdad existente entre la enseñanza pública y la privada concertada en la planificación de la oferta educativa ante el descenso de la natalidad. Para atajar estos problemas, proponemos: 

  • Grupo de trabajo contra la burocracia: Creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas y los representantes sindicales del profesorado para optimizar recursos, simplificar trámites administrativos innecesarios y extender las mejores prácticas de simplificación de unos territorios a otros. 
  • Revisión anual de los conciertos educativos: Modificación del artículo 116.3 de la LOE y del Real Decreto 2377/1985 para someter a las unidades concertadas a la misma revisión anual a la que se ven expuestas las de la escuela pública en función de las necesidades reales de escolarización. ANPE exige que, ante la necesidad de cerrar unidades en una zona o localidad, se priorice siempre el mantenimiento de los centros públicos y que no se concierten nuevas unidades si no es estrictamente necesario para cubrir la demanda obligatoria desatendida. 

ANPE mantendrá una actitud vigilante durante toda la campaña electoral y dará debida cuenta a todo el profesorado sobre el grado de compromiso que cada partido decida asumir con estas propuestas. No cejaremos en nuestro empeño de defender una educación pública de calidad y digna para quienes la hacen posible día tras día en las aulas. 

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