La educación de calidad necesita docentes respetados, protegidos y emocionalmente saludables. Sin embargo, la realidad de muchos centros educativos evidencia un incremento del malestar emocional del profesorado, asociado a unas condiciones laborales que requieren una respuesta urgente de las administraciones educativas.
La sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el exceso de horas lectivas, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la incertidumbre laboral y los problemas de convivencia constituyen factores que favorecen la aparición de estrés, ansiedad, depresión y síndrome de desgaste profesional (burnout). No estamos, por tanto, ante un problema exclusivamente individual, sino ante una cuestión laboral y estructural que exige prevención, protección y compromiso institucional.
El servicio del Defensor del Profesor de ANPE, que lleva más de veinte años atendiendo al profesorado de toda España, es un testigo directo de esta realidad. Detrás de las cifras que reflejan sus informes año tras año, hay profesionales que, después de meses de desgaste, se sienten solos y desprotegidos ante situaciones que afectan tanto a su bienestar como al ejercicio de su labor educativa.

A esta realidad se suma la necesidad de revisar el desarrollo normativo de la autoridad pública docente. Aunque la legislación educativa reconoce esta condición y la presunción de veracidad de los hechos constatados por el profesorado en los procedimientos correctores, persisten carencias en su aplicación y en la protección efectiva de los docentes. Las amenazas, los insultos, las agresiones y las falsas acusaciones no pueden abordarse sin protocolos claros, inmediatos y eficaces. Ningún docente debería verse obligado a retomar su actividad en el aula sin las garantías necesarias tras sufrir una agresión.
La convivencia escolar y el bienestar emocional están estrechamente relacionados. Para enseñar y aprender se necesitan espacios seguros, respeto mutuo y una comunidad educativa comprometida. Proteger al profesorado no significa enfrentar derechos, sino garantizar que todos puedan ejercerlos en un entorno seguro y con normas claras.
Por ello, ANPE reclama planes integrales de prevención de riesgos psicosociales, el reconocimiento como enfermedades profesionales de los trastornos de salud mental derivados de la docencia y una atención jurídica y psicológica gratuita e inmediata para quienes sufran agresiones o acoso. Asimismo, exige reducir la burocracia y las ratios, reforzar las plantillas docentes y no docentes, ampliar los recursos de orientación y atención a la diversidad, implantar la enfermería escolar y actualizar los protocolos de convivencia y protección.
Estas medidas deben acompañarse de una mayor inversión educativa y de un Estatuto Docente que regule los derechos y deberes profesionales y establezca una verdadera carrera profesional.
Cuidar al profesorado es cuidar la educación. Defender su salud mental, su autoridad y su dignidad profesional constituye una responsabilidad de las administraciones y una condición indispensable para construir una escuela segura, inclusiva y de calidad.


