En octubre de 2022 se aprobó una subida salarial para el trienio 2022-2024 del 9,5%, fruto de un pacto suscrito por algunas organizaciones sindicales con función pública, que contemplaba una subida fija del 8% para el período comprendido entre los años 2022 a 2024 y otra 1,5% variable del 1,5%.
Tras el abono del 2% fijo correspondiente al 2024, aún queda pendiente la subida del 0,5% de la parte variable del acuerdo, atendiendo a la variación del IPC acumulado durante los últimos tres años, situado por encima de lo estimado.
Hoy reiteramos nuestro rechazo al acuerdo salarial que pretendía compensar la inflación que los trabajadores públicos estábamos padeciendo. Lamentablemente, en lugar de resolver el problema, este acuerdo ha contribuido a incrementar la pérdida de poder adquisitivo, generando un mayor empobrecimiento de los funcionarios.
En este sentido y vencido el periodo de aplicación del pacto, el tiempo ha dado la razón a ANPE, y se ha confirmado que el acuerdo salarial suscrito era a todas luces insuficiente y no respondía a las necesidades del personal docente ni del conjunto de empleados públicos, lo que nos obliga a hacer un balance manifiestamente negativo del mismo porque, no solo ha sido incapaz de frenar la pérdida de poder adquisitivo soportada por el profesorado durante dos décadas, sino que ha conseguido aumentarla.
En un contexto extremadamente difícil, donde la batalla política se ha trasladado al ámbito educativo y lastra cuestiones esenciales como los futuros presupuestos.
Lejos de mejorar, los funcionarios públicos docentes ven continuamente lastradas sus condiciones retributivas ante el avance imparable del IPC y las exiguas e insuficientes subidas salariales que otros consienten, y que ANPE viene denunciando como claramente insuficientes para recuperar la enorme pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Todo ello inmerso en una realidad demoledora, la clase media en la que salarialmente se encuentra el colectivo docente, es la que soporta y contribuye en mayor medida al pago del IRPF. Como el propio Banco de España reconoce, al no ajustar el gobierno el IRPF a la subida de los precios y no deflactar las tablas, los contribuyentes han pagaron 11.000 millones adicionales en este impuesto entre el 2019 y 2023, que de haberlo hecho hubiera mejorado la renta de las familias.
Ante esta situación, ANPE insiste en la necesidad de un incremento salarial para el próximo año por encima del 5% que permita, al menos, la recuperación del poder adquisitivo perdido en este último trienio, así como un acuerdo a largo plazo que permita paliar los recortes y congelaciones salariales sufridos desde el 2010, que debe incluir cláusulas de revisión salarial vinculadas a la subida del IPC, con el fin de preservar el poder adquisitivo de los funcionarios. Así mismo abogamos por la equiparación salarial de los docentes de todo el Estado, en nuestra calidad de cuerpo estatal.
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