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ANPE reclama mejoras salariales vinculadas directamente al IPC para acabar con las pérdidas encubiertas de poder adquisitivo

El IPC cerró septiembre con una tasa interanual del 4,9 %, seis décimas más que en agosto, mientras que el acuerdo salarial firmado con el Gobierno por UGT, CSIF y CCOO fija para 2026 una subida del 2 %. Ese es el tamaño de la brecha que cada docente nota hoy entre su nómina y el coste de la vida.

Hace apenas un año, el acuerdo se presentó como garantía de recuperación del poder adquisitivo, con una subida nominal acumulada de un 11 % hasta 2028. Sin embargo, con la inflación actual esa promesa se hace añicos. Lo previsto para este año estaba condicionado en parte a que el IPC interanual alcanzara el 1,5 %. Lo cierto es que hace meses que lo superó con holgura: en agosto ya estaba en el 4,3 %, la cifra más alta desde febrero de 2023, y en septiembre volvió a incrementarse.

Entre 2021 y 2024, los salarios públicos subieron alrededor de un 10 % en términos nominales frente a una inflación acumulada muy cercana al 20 %. Ahora, con la energía y el transporte disparados por el conflicto en Oriente Medio, se repite el guion. Conviene recordar, además, que el nuevo pacto no parte de cero: sobre los hombros del profesorado pesa una pérdida de poder adquisitivo que supera el 20 % desde 2010.

Uno de los grandes problemas es que en el acuerdo no se estableció una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. Sin ella, los efectos reales de cualquier subida pactada dependen de que los precios se mantengan estables, y ya sabemos lo que pasó con el acuerdo 2022-2024. Es el mismo error cometido dos veces.

El acuerdo 2025-2028 se negoció sin la voz del profesorado.
ANPE, el sindicato con mayor representación en el colectivo, está excluido de la mesa donde se decide cuánto cobran los docentes

La inflación tiene una segunda consecuencia que pocas veces se menciona. Al no deflactarse el IRPF estatal, los tramos del impuesto no se ajustan a la subida de precios. El resultado es que pagamos más impuestos sin que nuestra renta real haya mejorado, sino todo lo contrario. El Congreso instó al Gobierno a corregirlo en abril, pero no lo ha hecho. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales, esto supondrá entre 250 y 550 euros para quienes ingresan entre 25.000 y 45.000 euros, que es el tramo en el que se sitúa la mayor parte del profesorado. A esto se suma que España encara su tercer ejercicio consecutivo con presupuestos prorrogados, así que cualquier medida retributiva queda en el aire.

El acuerdo 2025-2028 se negoció sin la voz del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, que es uno de los colectivos de empleados públicos más numerosos. ANPE, el sindicato del sindicato con mayor representación entre el colectivo, está excluido de la mesa donde se decide cuánto cobrarán los docentes.

  • Cláusula de revisión salarial anual ligada al IPC, para que ninguna subida de precios vuelva a devaluar el poder adquisitivo del profesorado.
  • Deflactación efectiva del IRPF, para que la inflación no se convierta en una subida de impuestos encubierta.
  • Un plan real de recuperación del poder adquisitivo perdido, negociado con representación efectiva del profesorado.

Son las condiciones mínimas para que la profesión sea atractiva, para retener a quienes ya están en las aulas y para que quien dedica su vida a la educación pública no vea cómo su sueldo se erosiona mes a mes.

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