Un año más, los centros docentes sostenidos con fondos públicos se encuentran inmersos en los procesos de escolarización y matriculación del alumnado, con la paradoja de que mientras las administraciones educativas ofertan la totalidad de plazas concertadas con centros privados, recortan en la oferta de los centros públicos, potenciando de esa forma ante las familias el atractivo de los primeros.
Para ANPE, el derecho de libertad de elección de las familias, garantizado por la Constitución, debe condicionarse a la planificación de la oferta realizada por la administración educativa y no suponer nunca una excusa para políticas de discriminación positiva hacia los centros privados concertados, que impliquen supresiones de unidades en la enseñanza pública.
El esfuerzo diario de nuestros profesionales, seleccionados a través de principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede ser torpedeado mediante un interesado trato de favor a intereses privados.
Desde ANPE, denunciamos la eliminación de miles de unidades en los centros docentes públicos, políticas de supresión que se extienden por los distintos rincones de la geografía estatal. Supresiones que una vez se producen, se consolidan en el tiempo, siendo muy pocas las unidades recuperadas. Cierres de aulas con negativas consecuencias sociales, en tanto en cuanto los centros de titularidad pública son los que atienden principalmente a los sectores más desfavorecidos.
Estas supresiones afectan, dentro de un mismo centro y de forma progresiva, a los cursos superiores, llevando a situaciones de deterioro de las condiciones laborales del profesorado, sometiéndolo a desplazamientos por insuficiencia de horario o supresiones de sus plazas, así como a peores perspectivas de empleo en el caso del personal integrante de las bolsas de interinos. Un ataque, en suma, a la integridad de nuestro sistema educativo público.
Frente a esto, exigimos una reducción de las ratios actualmente vigentes como medida imprescindible para evitar la desaparición de unidades públicas y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en especial en lo que concierne a la atención a la diversidad.
ANPE defenderá siempre una enseñanza pública profesional y de calidad, como mayor garantía de igualdad de oportunidades para las futuras generaciones y de cohesión social, al ser la única que llega a todos los rincones y en la que todos cabemos.
