ANPE, junto al resto de organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de Mejoras del sistema educativo (CCOO y UGT-SP) presentaron el pasado 17 de junio, y ante el servicio de reparto del Decanato de los Juzgados de Santiago de Compostela, un recurso contencioso-administrativo contra los incumplimientos de dicho Acuerdo por parte de la Consellería de Educación.
Tomamos la vía judicial, junto con la denuncia pública, para garantizar el cumplimiento íntegro de todas las disposiciones del Acuerdo, después de la promulgación de la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas que obstaculiza su aplicación, atrasando la implantación íntegra de las ratios previstas en el Acuerdo de Agrupamientos de 2009 así como las medidas de desdoble de aulas y dotación de profesorado de apoyo.
Desde el inicio del pasado curso, y tras consultar la práctica totalidad de los Centros de la Comunidad, ya advertimos de que, de aplicarse el Acuerdo tal y como fue firmado, el sistema educativo contaría con 282 aulas más y hasta 396 docentes adicionales, que se sumarían a los 556 ya incrementados con respecto al curso inmediatamente anterior, logrando un incremento total de 952 docentes.
Entre los principales incumplimientos detectados durante el inicio del curso pasado, destacan las ratios en aulas que escolarizan alumnado de diferentes niveles, ciclos y etapas, con 110 centros afectados. A continuación estaría el cómputo doble o trile de alumnado con discapacidad, dependencia y/o trastornos graves de conducta, que supera la ratio máxima. Este incumplimiento se registró en un total de 67 centros.
Además, a lo largo del pasado curso comprobamos que existe una interpretación restrictiva y obstruccionista por parte de la Consellería de Educación, especialmente a través del servicio de Inspección. Por acción u omisión, se estaba frenando de forma sistemática los avances pactados en el Acuerdo. El último ejemplo de esta actitud fue la Instrucción 2/2025, difundida a los centros por la Dirección Xeral de Centros y Recursos Humanos, que permite vulnerar la “foto fija” de los grupos situados entre 20 y 25 alumnos/as en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo.
Lejos de permanecer inactivos, en octubre del año pasado presentamos a la Valedora do Pobo los incumplimientos constatados e iniciamos la vía administrativa de reclamación que culminó en junio con el paso a la vía judicial con la presentación del recurso contencioso-administrativo. Lamentamos la lentitud al tener que agotar los sucesivos plazos administrativos, pero son la única manera de darle seguridad jurídica a nuestra reclamación.
Aspiramos a una sentencia similar a la de la Comunitat Valenciana que obligó allí al gobierno autonómico a contratar casi 2.000 docentes por incumplir un acuerdo similar. De la misma manera, presentamos una reclamación administrativa por la aplicación incorrecta del 10% de incremento correspondiente al año 2025 en los complementos de sexenios y tutoría, que será acumulada en el proceso judicial, una vez agotada la vía administrativa.
Más allá de los incumplimientos concretos, queremos poner en valor los efectos positivos del Acuerdo en un contexto de fuerte descenso de matrícula, con casi 3.000 alumnos menos cada curso.
Queremos volver a agradecer a los sindicatos que no firmaron el Acuerdo y que lo calificaron en su momento como “Acuerdo de la miseria” o “Acuerdo de la vergüenza” que, a día de hoy, reclamen vehemente su aplicación. Seguimos animándolos a sumar su firma para ayudar a construir la unidad sindical y de acción que tanto demandan en otros contextos, y que ya se aplica con éxito en otras comunidades autónomas.
Nuestra hoja de ruta es clara: denuncia pública, movilización, acción institucional y vía judicial. Seguiremos exigiendo el cumplimiento íntegro del Acuerdo hasta las últimas consecuencias, sin descartar ninguna medida de presión. Porque cumplir los acuerdos no es una opción, es una obligación.
