La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha suicidado en Sevilla el pasado 14 de octubre, supuestamente por sufrir acoso escolar y que según la Inspección Educativa ha constatado que el centro no activó el protocolo antibullying a pesar de que la familia había presentado dos denuncias por escrito y un informe psicológico, ha puesto sobre la mesa los protocolos de actuación ante los casos de bullying en los centros educativos.
En Extremadura el protocolo de acoso es de 2016, pero deriva de un decreto de 2007, que recoge los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos. La Consejería de Educación lo está revisando con el objetivo de actualizar este marco normativo y las otras normas inferiores y protocolos que se derivan de él.
El objetivo es adecuar la norma a los nuevos cambios sociales y educativos que se han venido produciendo en este tiempo para dar cabida en ella a la irrupción de la inteligencia artificial y los dispositivos tecnológicos que han modificado también la manera de relacionarse, especialmente, entre menores y jóvenes.
La Consejería de Educación decidió hace ya más de un año prohibir el uso y exhibición de dispositivos electrónicos en los centros docentes de Extremadura durante toda la jornada escolar, incluyendo el horario lectivo, el tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, así como en aulas matinales, comedor escolar y transporte, y la medida debe ser recogida en el nuevo marco legislativo.
Los últimos datos sobre acoso escolar en la región se dieron a conocer el pasado marzo, durante la reunión del pleno del observatorio de convivencia escolar. Los centros educativos de la región –941 sostenidos con fondos públicos y otros 42 de titularidad privada– registraron en 2024 un total de 119 denuncias de bullying, pero solo 10 de ellas fueron confirmadas como tales: ocho casos de acoso y dos de ciberacoso. Una cifra inferior a la del año anterior, en el que el número de casos confirmados ascendió a 19, de los que 12 fueron de acoso y 7 de ciberacoso.
Porque más allá del protocolo que se activa cuando se detecta un caso, en Extremadura se viene trabajando en la prevención con diferentes programas para mejorar el bienestar emocional de los alumnos, favorecer la convivencia y prevenir ante el acoso en todos los niveles educativos.
El programa Ayuda entre iguales que tiene como objetivo impulsar medidas para la prevención, detección y solución pacífica de conflictos en el que el alumnado asume el protagonismo mediante las figuras de alumnado acompañante’ y ‘alumnado mediado.
La tutoría entre iguales, en el que el alumnado mayor tutoriza emocionalmente a sus compañeros de dos cursos más pequeños, busca igualmente favorecer la convivencia para la prevención de la violencia.
La puesta en marcha de la figura de coordinador de bienestar y protección persigue dar un tratamiento adecuado a la diversidad del alumnado, y la Red de escuelas de educación emocional y salud mental, integrada por 56 centros educativos, persigue el mismo objetivo.
Entre las iniciativas puestas en marcha en favor de la convivencia escolar, destaca el programa de cooperación territorial Bienestar Emocional que propicia la contratación de profesionales de Orientación Educativa a tiempo completo en los equipos provinciales de atención al alumnado con trastornos graves de conducta.
