El sindicato mayoritario de la enseñanza pública denuncia una brecha que condena a los docentes que ingresaron desde 2011 a trabajar hasta siete años más y reclama al Gobierno que actúe ya, sin esperar al Estatuto Docente.

Dos docentes. El mismo claustro, las mismas guardias, las mismas evaluaciones, los mismos treinta años frente a un aula. Uno podrá jubilarse a los 60. El otro tendrá que seguir hasta los 67. Lo único que los separa es una fecha: el 1 de enero de 2011. Quien aprobó la oposición antes conserva el derecho a la jubilación anticipada voluntaria; quien lo hizo después, no. ANPE, primera fuerza sindical del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, dice basta y exige al Gobierno que garantice a todos los docentes la posibilidad de jubilarse a los 60 años con 30 de servicio.
Un derecho con fecha de caducidad
La jubilación anticipada del profesorado se está extinguiendo en silencio. Hoy solo pueden acogerse a ella quienes ingresaron en la función pública antes de 2011 y permanecen en el régimen de Clases Pasivas del Estado, un colectivo que mengua cada curso. Los docentes que llegaron después están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, con requisitos más duros y penalizaciones en la pensión si deciden adelantar su retiro.
La consecuencia es tan simple como injusta: si nadie lo remedia, cuando se jubile el último docente de Clases Pasivas, la jubilación anticipada habrá desaparecido de las aulas españolas. No por una decisión debatida, sino por pura inacción.
ANPE, el valor de la profesión docente.
Una profesión que desgasta
ANPE no está dispuesta a aceptar un profesorado de primera y de segunda. Esta reivindicación interpela tanto a quien encara sus últimos cursos como a quien acaba de recoger su primera lista de alumnos. Después de décadas en una profesión de enorme exigencia física, mental y emocional, los docentes merecen poder decidir cuándo cierran su etapa laboral, y hacerlo con dignidad.
Además, la jubilación anticipada no es solo un derecho individual: es una herramienta de política educativa. Facilita el relevo generacional, abre la puerta a nuevas generaciones de docentes y renueva unas plantillas cada vez más envejecidas.
La propuesta de ANPE
El sindicato defiende un modelo flexible, que respete la voluntad de cada docente:
- 65 años como edad ordinaria de jubilación.
- Prolongación voluntaria hasta los 70 para quien quiera seguir en activo.
- Jubilación voluntaria a los 60 con 30 años de servicio para todo el profesorado, sin importar su fecha de ingreso.
- Recuperación de los incentivos vinculados a la jubilación anticipada.
ANPE exige que estas medidas se incorporen con carácter básico estatal al futuro Estatuto de la Función Pública Docente. Pero advierte: el profesorado no puede seguir esperando a un Estatuto que no llega. Si el Gobierno quiere, puede aprobar ya las reformas legales necesarias.
También para quienes ya se han jubilado
La defensa de ANPE no termina el último día de clase. El sindicato reclama también que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y que MUFACE mejore sus prestaciones asistenciales, con especial atención a las ayudas para el personal jubilado y al acceso gratuito a los medicamentos.
Una cuestión de justicia
ANPE seguirá presionando hasta que el Gobierno dé una respuesta clara: una jubilación voluntaria y digna para todos los docentes, sin diferencias por la fecha en que aprobaron su oposición. Porque defender la profesión docente es defender a quien hoy está en el aula, pero también reconocer a quien ha entregado su vida a la educación el derecho a cerrar su trayectoria en condiciones justas.


