En 2005, ante un aumento de problemas de convivencia y una sensación extendida de indefensión docente, ANPE puso en marcha el servicio El Defensor del Profesor como primera medida de apoyo, orientación y acompañamiento al profesorado ante situaciones de conflictividad y violencia en el ámbito educativo.
En Castilla y León, su implantación autonómica llegó un año después, 2006 y desde entonces se ha consolidado como un recurso útil y cercano para quien, en un momento crítico, necesita una solución rápida, confidencial y efectiva.
Veinte años después, el balance global y autonómico permite mirar atrás con orgullo, porque se ha protegido a compañeros y compañeras, pero también con preocupación por el futuro, puesto que la conflictividad cambia de forma, se hace más compleja y golpea con fuerza la salud mental del profesorado.
El Defensor del Profesor no es solo un teléfono o una dirección de correo electrónico. Se trata de un recurso que combina acompañamiento emocional, asesoramiento, orientación y apoyo jurídico cuando procede. En Castilla y León, la atención se apoya en herramientas normativas (autoridad pública, protocolo ante agresiones, plan de convivencia, reglamento de régimen interior…), y en una intervención humana basada en la empatía y en la escucha.
A escala estatal, durante estos años el servicio ha atendido más 46.000 casos, de los que más de 1.600 corresponden a Castilla y León. Son cifras que hablan de una realidad tristemente persistente y, sobre todo, de miles de docentes que decidieron compartir su conflicto con El Defensor del Profesor.
La tipología de los casos va desde lo relacionado con el alumnado hasta las problemáticas con la administración educativa, sin olvidarnos de las familias, que en ocasiones también son agentes disruptivos para las actividades docentes.
El impacto de agresiones, insultos, robos y menosprecio, entre otras variables, que se vive en las aulas tiene como consecuencia, ansiedad, estrés, depresión, desgaste emocional y bajas laborales.
Si los conflictos fueran solo “incidencias”, bastaría con registrarlas, pero lo que muestran los datos recientes es que dejan huella en la salud del profesorado. Sin salud mental docente, no hay calidad educativa sostenible.
En este recorrido de dos décadas, Castilla y León ha incorporado un avance normativo especialmente relevante: la LEY 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado. Esta norma reconoce la condición de autoridad pública al profesorado de enseñanzas no universitarias en el ejercicio de sus funciones y refuerza su protección jurídica, incluyendo la presunción de veracidad de sus informes y declaraciones en el ámbito de la convivencia escolar.
La aprobación de esta ley supuso un mensaje claro: proteger al profesorado es proteger el derecho a la educación. Pero, como evidencian los datos atendidos por el Defensor del Profesor, el respaldo normativo, siendo imprescindible, necesita ir acompañado de protocolos ágiles, apoyo efectivo de la administración y medidas preventivas en los centros para que la autoridad docente sea palpable en el día a día.
ANPE Castilla y León y su Defensor del Profesor seguirá trabajando, con más intensidad si cabe, en los próximos años.
Como actuación concreta para este año 2026, el Servicio de ANPE Castilla y León ofrece talleres prácticos de convivencia, prácticas restaurativas y autocuidado del docente en todas sus sedes provinciales.
