El profesorado español lleva más de tres lustros viendo cómo su poder adquisitivo se erosiona año tras año.
Desde 2010, las sucesivas crisis económicas, las congelaciones salariales y la falta de actualización retributiva conforme al coste de la vida han dejado una profunda huella en las nóminas de los docentes. La situación se agrava en un contexto económico en el que los precios siguen aumentando de forma sostenida. Con una inflación interanual que ronda el 3%, los costes de electricidad, carburantes, vivienda o alimentación continúan al alza, mientras los salarios docentes permanecen prácticamente congelados. En términos reales, los profesores han perdido más de un 20% de poder adquisitivo en los últimos quince años.
No se trata de una percepción subjetiva, sino de una realidad que se traduce en dificultades para llegar a fin de mes, especialmente en comunidades donde el coste de vida es significativamente más alto. Los docentes soportan alquileres elevados, transporte caro y un encarecimiento general de los bienes básicos que no se ve compensado en sus retribuciones.
La reducción de las pagas extraordinarias íntegras tras los recortes de 2010, que se justificó como una medida temporal, se ha convertido en una anomalía que sigue lastrando el salario anual de los docentes. Es hora de corregir esa injusticia histórica y devolver a los profesores el derecho a percibir sus pagas completas.
A las congelaciones periódicas, se suma la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, es decir, a ajustar los tramos del impuesto conforme al aumento del coste de la vida. Este hecho supone, en la práctica, una subida encubierta de impuestos que castiga a las clases medias, entre las que se encuentra el profesorado.
Asimismo, la pérdida de poder adquisitivo no puede depender de la existencia o no de Presupuestos Generales del Estado. Debe buscarse una fórmula estable, jurídica y técnica que garantice la revisión anual de los salarios conforme al coste real de la vida, como ocurre con las pensiones o el salario mínimo interprofesional.
A pesar del compromiso, la formación y la responsabilidad que exige la profesión, los sueldos de los maestros y profesores han quedado rezagados respecto a la inflación y a la evolución de otros sectores públicos y privados. La docencia es una de las profesiones con mayor nivel de exigencia y responsabilidad social, pero con menor reconocimiento económico.
En ANPE creemos que es hora de pasar de las palabras a los hechos. Tras quince años de pérdida continua de poder adquisitivo, ha llegado el momento de recuperar el valor del trabajo docente. Porque invertir en educación es, ante todo, invertir en las personas que la hacen posible.
Si se reconoce la labor esencial de los docentes, debe reconocerse también su valor económico. La enseñanza es el pilar que sostiene el progreso social, y quienes la hacen posible merecen una retribución acorde a su responsabilidad. Unos docentes adecuadamente retribuidos trabajarán con más motivación, estabilidad y compromiso. Los salarios justos no son un gasto, sino una inversión en la calidad del sistema educativo y en el futuro del país.
Por contra, el deterioro de las condiciones económicas del profesorado tiene consecuencias directas sobre la educación pública, dificulta la atracción de nuevos profesionales, incrementa la rotación y la desmotivación, y aleja a muchos jóvenes titulados de la vocación docente. En comunidades con un alto coste de vida, la situación es especialmente grave, porque los salarios actuales no permiten afrontar los gastos básicos con tranquilidad.
Por eso, desde ANPE exigimos al Gobierno que asuma su responsabilidad y articule sin demora:
- Subida salarial del 5%, con carácter retroactivo desde enero de 2025, que compense con creces el 3% de índice de inflación perdido durante este año.
- Un plan cuatrienal de recuperación salarial que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido.
- Como complemento de las medidas anteriores, revisión salarial anual vinculada al IPC.
- Restitución de las pagas extraordinarias íntegras.
- Deflactación del IRPF y revisión de las tablas de tributación conforme al IPC.
Solo así se podrá devolver al profesorado lo que ha ido perdiendo durante más de una década. Una medida que no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficacia educativa.
