Por unas infraestructuras educativas modernas adaptadas a las necesidades actuales

ANPE reclama al Ministerio de Educación que coordine y financie la labor de renovación de los centros públicos

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación cifran en cerca de 21.000 los centros educativos públicos en los que se imparten en España enseñanzas regladas no universitarias. El estado en el que se encuentran estos centros es muy desigual, pero no hay duda de que buena parte de ellos requiere de una renovación importante. Lo primero que llama la atención es, precisamente, la ausencia de un inventario sobre la situación actual de las infraestructuras educativas públicas en el conjunto del país. Un documento de este tipo es fundamental para analizar y priorizar las necesidades. Por ello, ANPE ha pedido al Ministerio que coordine, con participación del resto de administraciones, un informe en el que se evalúe el estado de los centros, con el objetivo de que sirva de base para planificar las actuaciones que se precisen.

Gracias al esfuerzo y la cualificación del profesorado y a la implicación del resto de la comunidad educativa, la enseñanza pública garantiza una educación de calidad a todo el alumnado. Sin embargo, para consolidarla y fortalecerla es imprescindible que los espacios donde se desarrolla estén en las mejores condiciones. Un elevado porcentaje de los centros públicos cuenta con una antigüedad superior a los setenta años. Aunque muchos han sido objeto de mejoras, las exigencias respecto a la digitalización, la accesibilidad, la salud, la inclusión, la eficiencia energética y la adaptación a las condiciones climáticas requiere de actuaciones ambiciosas y coordinadas.

En ANPE consideramos que debe ser el Estado quien lidere este proceso, asegurando la equidad en el conjunto del territorial nacional. No se trata solo de responder a situaciones de urgencia, sino de emprender una verdadera modernización de las infraestructuras educativas que garantice igualdad de condiciones para todo el alumnado, independientemente de su lugar de residencia. Este liderazgo estatal debe ir acompañado de la aportación de financiación específica y suficiente. Invertir en los espacios donde se desarrolla la actividad educativa es invertir en el futuro de nuestro país: en su cohesión social, en su desarrollo económico y en la generación de oportunidades para las generaciones venideras.

Nos preocupan tanto las altas como las bajas temperaturas a las que en determinadas épocas del año están expuestos el alumnado y el profesorado en muchas aulas del país. Tenemos que recordar, en este sentido, el compromiso adquirido por la ministra Pilar Alegría en agosto de 2022 de poner en marcha un plan de adaptación climatológica de los centros educativos dotado con más de 200 millones de euros. Casi tres años después, la financiación estatal concedida a las distintas administraciones para este fin está lejos de esa cantidad, que ya de entrada era muy insuficiente. A través del Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), dotado con fondos europeos, se han otorgado a comunidades autónomas y entidades locales 1.080 millones en subvenciones para la reforma con criterios de eficiencia energética de inmuebles de titularidad pública. De ellos, solo 165 millones se han destinado a edificios con uso docente. No se trata, por tanto, de un programa específicamente pensado para infraestructuras escolares; de hecho, en algunas comunidades autónomas no se ha dedicado a centros educativos ni un solo euro de los recibidos.

Desde ANPE seguiremos reivindicando la importancia de que nuestra educación pública se vea respaldada por unas instalaciones a la altura de las necesidades y de los retos de nuestro tiempo. Es el momento de que el Ministerio de Educación lidere y coordine, con una visión estratégica a medio y largo plazo, la planificación de la labor de actualización de los centros educativos no universitarios, y de que contribuya con financiación suficiente para ejecutar los trabajos necesarios.