Tres lustros después, el profesorado y el resto del personal público siguen sufriendo una merma salarial contraria a lo que estableció el Estatuto Básico del Empleado Público y que fue aplicado en un contexto muy diferente.
Han pasado quince años desde que se aplicó la reducción salarial a los empleados públicos que fue de más del 5 % en el caso de los docentes y, sin embargo, ni el profesorado ni el resto del personal al servicio de las administraciones siguen sin recuperar el abono íntegro de sus pagas extraordinarias. Una medida que nació como excepcional y temporal continúa vigente en pleno 2025, pese a que la crisis económica que la motivó quedó atrás hace mucho tiempo.
El tijeretazo que supuso el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010 afectó a todos los componentes del salario docente, pero, a la larga, su efecto más duradero ha sido el recorte de las pagas extra, que se ha ido prorrogando, año tras año, a través de las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado. Desde entonces, el personal público solo percibe una parte de sus retribuciones básicas en las pagas de junio y diciembre. En el caso del profesorado, esto supone una merma anual de entre 600 y 1.000 euros según el cuerpo docente y los años de experiencia.
A lo largo de estos años, la medida ha supuesto para algunos docentes una disminución acumulada en sus retribuciones de más de 15.000 euros, una cantidad inasumible para un colectivo que ha soportado desde entonces congelaciones salariales y una pérdida de poder adquisitivo superior al 20 %.
Hoy, con la economía en crecimiento y la recaudación pública al alza, mantener este recorte no solo es injusto, sino también contrario a lo contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El artículo 22.4 del EBEP recoge que las pagas extraordinarias deben equivaler a una mensualidad completa de las retribuciones básicas (sueldo base y trienios), además de los complementos que correspondan. Son los recortes en la paga extra de estas retribuciones básicas las que aún hoy perduran desde 2010.
Lo excepcional se ha vuelto permanente
El propio RD-Ley de 2010 establecía que los recortes aplicados debían mantenerse mientras persistieran las circunstancias económicas extraordinarias que se estaban viviendo entonces. Quince años después, no solo han desaparecido esas circunstancias, sino que los presupuestos públicos han crecido, el déficit se ha reducido y el empleo público ha sido clave en la recuperación económica.
No existe, en consecuencia, ninguna razón objetiva, para seguir manteniendo un recorte que castiga de manera desproporcionada al profesorado y al resto de empleados públicos.
Desde ANPE exigimos la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias y la eliminación de cualquier rastro de los recortes iniciados en 2010.
Esta reivindicación es una cuestión de dignidad profesional y de justicia retributiva. Ni siquiera se trata de pedir una subida salarial, sino de que se nos abone nuestro salario anual íntegro, tal como estableció el EBEP.
Una deuda pendiente con el profesorado
El personal docente ha demostrado su compromiso en los años más difíciles –durante la crisis económica, durante la pandemia y en la recuperación posterior– y merece que ese esfuerzo sea reconocido también en su nómina.
No se trata solo de devolver una parte del salario, sino de reparar una injusticia histórica que ha lastrado el reconocimiento económico y social del profesorado durante tres lustros. Mientras muchos colectivos han recuperado derechos y condiciones, los docentes y otros empleados públicos siguen soportando un recorte que ya nadie puede justificar.
Por ello, ANPE reclama al Gobierno de España que restituya la integridad de las pagas extraordinarias del profesorado y del resto del personal público. Ha llegado el momento de cerrar definitivamente esta herida salarial y de reconocer con hechos —no solo con palabras— el valor del trabajo docente en la educación pública.
