Finalizado el proceso de estabilización previsto en la Ley 20/2021, desde ANPE emplazamos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que realice una valoración global de su resultado en el ámbito del personal docente, solicitando para ello los datos necesarios a las distintas administraciones autonómicas, con el fin de tener una comparativa de las tasas de interinidad actuales y comprobar hasta qué punto se ha alcanzado el objetivo, y así poder programar el futuro.
Ante los procesos selectivos convocados y los que próximamente se convocarán durante el año 2025 por las distintas comunidades autónomas, ANPE apuesta por amplias ofertas de empleo público conforme a un análisis anual del nivel de mantenimiento de las tasas de interinidad por debajo del ocho por ciento, como establece la ley, que permita plantear con tiempo las modificaciones y ajustes que sean necesarios. Asimismo, consideramos fundamental que, siempre y cuando las tasas de interinidad no superen el porcentaje mencionado, las distintas comunidades autónomas se comprometan a coordinar sus convocatorias de oposiciones, haciendo coincidir temporalmente las correspondientes a cada cuerpo docente.
La experiencia de las últimas convocatorias demuestra que, entre los opositores que año tras año acceden a la función pública a través de procedimientos selectivos, el porcentaje de interinos con tiempo de servicio supera el 90% del total de seleccionados, por lo que estos procedimientos, lejos de causar inquietud, deben ser vistos como una ocasión histórica para que la mayor parte de los interinos que prestan servicios en el sistema educativo público, accedan en los próximos años a la forma más plena de estabilidad laboral que se contempla en la legislación: la condición de funcionario de carrera.
Desde ANPE creemos que la única estabilidad definitiva y auténtica es el acceso del interino a la condición de funcionario de carrera, tal y como se demostró en los años de crisis económica, en los que se perdieron miles de empleos en el ámbito de la enseñanza pública. Y ello se potencia precisamente a través de ofertas masivas de empleo, como siempre hemos defendido desde ANPE.
No obstante, en ANPE somos conscientes de que el procedimiento selectivo actual está más que amortizado, con un temario caduco y un reglamento de acceso desfasado, de casi 20 años de antigüedad, que no se adapta a las recientes modificaciones curriculares implementadas por la Ley de Educación. Por ello, como primera fuerza sindical en el sector docente, hemos exigido al Ministerio la apertura de un proceso de negociación para definir un nuevo marco de ingreso en la función pública docente que regule la formación inicial del profesorado y establezca un nuevo reglamento de ingreso y de tutorización de las prácticas que permita, bajos los principios constitucionales de igualdad, mérito y libre concurrencia, la selección objetiva de los mejores profesionales para nuestras aulas.
Las amplias ofertas de plazas conllevan un efecto benéfico para la estabilización de las plantillas docentes, pero este estará incompleto siempre y cuando las convocatorias no coexistan con la necesaria reforma del marco legal que rige los concursos-oposición para el ingreso en los cuerpos docentes, a la que esperamos llegar a través del proceso negociador que el Ministerio se ha comprometido a abrir en la Mesa Sectorial de Educación.
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