ANPE Canarias ha redactado una treintena de aportaciones al borrador del anteproyecto de ley de atención a la diversidad y bienestar del alumnado en Canarias, presentado por el Gobierno autónomo a principios de septiembre.
Desde ANPE valoramos que exista por fin una regulación integral, pero advertimos de que no debe quedarse en una declaración de intenciones sin financiación vinculante: reclamamos dotaciones presupuestarias anuales concretas, un calendario de implantación con hitos por curso y mecanismos de control de su ejecución.
Pedimos también que la norma no aumente la burocracia del profesorado y los equipos de orientación, y que la formación obligatoria se imparta dentro del horario laboral. Asimismo, se debe aclarar el futuro de los centros de educación especial —garantizando que no se supriman plazas mientras persista la necesidad de esta modalidad de escolarización—, fijar estándares mínimos de recursos humanos especializados, preservar la autonomía de los equipos de orientación y asegurar el acceso igualitario a los servicios complementarios (comedor, transporte, acogida temprana, permanencia).
En todo caso, la nueva ley solo será eficaz si viene acompañada de financiación, personal y tiempo suficientes.
