Los últimos datos del IPC confirman lo que desde ANPE llevamos meses advirtiendo: el acuerdo salarial para el personal público firmado por el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF para el periodo 2025-2028 nació condenado a sufrir el mismo destino que el anterior: ser devorado por la inflación.
Cuando se cerró este acuerdo marco a finales de 2025, la subida salarial acumulada del 11% hasta 2028 se presentó como la fórmula que garantizaría “el mantenimiento del poder adquisitivo” de los empleados públicos. Menos de doce meses después, los datos lo desmienten.
En los cuatro años inmediatamente anteriores al actual acuerdo, los salarios públicos subieron alrededor de un 10%, frente a una inflación acumulada del 19,4%. El resultado: una nueva pérdida de poder adquisitivo, añadida a las que viene sufriendo el profesorado y el resto de personal público desde, al menos, los recortes que siguieron a la crisis económica iniciada en 2008.
El acuerdo vigente (2025-2028) fija para 2026 una subida del 2%, condicionada en parte a que el IPC interanual alcance el 1,5%. El problema es que la inflación ya ha superado ampliamente esa referencia: según el INE, la tasa de variación anual del IPC se situó en agosto en el 4,3%, la más alta desde febrero de 2023, con una tasa acumulada en lo que va de año del 3,5%.
En conjunto, la pérdida de poder adquisitivo del profesorado desde el año 2010 supera el 20%, con las consecuencias que todos conocemos: problemas para afrontar el coste de la vida, dificultades para atraer y retener talento, y una profesión cada vez menos reconocida socialmente.
Uno de los grandes problemas, como hemos venido denunciando, es la ausencia de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. Ya ocurrió con el acuerdo 2022-2024 y vuelve a ocurrir ahora: sin ese mecanismo, cualquier pacto retributivo queda a merced de la evolución de los precios. Esto resulta especialmente perjudicial en un contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía y el transporte y ha empezado ya a trasladarse al resto de productos y servicios.
Sin PGE ni deflactación del IRPF
Otro elemento que complica el panorama es la ausencia de nuevas cuentas públicas. España encara ya su tercer ejercicio consecutivo con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Sin presupuestos actualizados, cualquier previsión de mejora retributiva para el personal público queda en el aire.
Desde ANPE denunciamos también la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF pese a que el Congreso le instó a hacerlo el pasado mes de abril. La falta de ajuste a la inflación de los tramos estatales del impuesto provoca que los contribuyentes paguemos más sin que nuestra renta real haya mejorado. Según estimaciones del Registro de Economistas Asesores Fiscales, esto supondrá entre 250 y 550 euros este año para quienes ingresan entre 25.000 y 45.000 euros anuales, una franja en la que se sitúa la mayor parte del profesorado.
Lo que ANPE reclama
Frente a este escenario se debe poner el acento en tres medidas fundamentales: el establecimiento de una cláusula de revisión salarial anual vinculada al IPC, la deflactación efectiva del IRPF y la negociación de un verdadero plan de recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos con representación real y efectiva del profesorado.
No son reivindicaciones caprichosas ni corporativistas: son condiciones mínimas para que la profesión docente vuelva a ser atractiva y para que el compromiso del colectivo con la enseñanza pública sea reconocido y recompensado justamente.
