La propuesta de la Ley de Autoridad del profesorado presentada por el Gobierno regional no ha tenido en cuenta las opiniones de los sectores implicados.
ANPE siempre ha defendido la necesidad de la existencia de una Ley de Autoridad del profesorado y la consideración de los docentes en ejercicio como autoridad pública para poder mantener un clima adecuado de convivencia en unas aulas en las que, cada vez más, nos enfrentamos a situaciones muy complejas y difíciles. Esa ley debería ser fruto del consenso y la negociación con todos los sectores implicados, como todo lo relativo a educación, ya que lo que necesita nuestra comunidad autónoma y el conjunto del estado es una educación pública de calidad, de todos y para todos, pactada y estable en el tiempo.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha optado por la peor de las decisiones: aprobar una ley de Autoridad renunciando al consenso, a la negociación, a la escucha y a la participación. La Consejería de Educación de Cantabria ha presentado un proyecto de ley que ha seguido los trámites preceptivos, pero de una manera púramente cosmética, ya que no ha existido una negociación real con los agentes implicados (organizaciones sindicales, familias, comunidad educativa). Prueba de ello es que la ley sigue su trámite parlamentario rechazando las enmiendas de la oposición con los mínimos votos necesarios para ello, desoyendo las alegaciones de al menos, la mitad de la sociedad representada en el parlamento de Cantabria.
Esta actitud de la Consejería no es buena para sacar adelante proyectos que nos afectan a todos y a todas. Cualquier cambio normativo debería haber sido tratado y negociado con las organizaciones sindicales antes de dirigirse a otras instancias, para buscar una solución consensuada y dialogada a los problemas de la educación pública de Cantabria.
