El Estatuto de los Trabajadores reconoce hasta cuatro días de permiso retribuido cuando una catástrofe o un fenómeno adverso impide acudir al trabajo. Casi dos años después de esta reforma, el Estatuto Básico del Empleado Público sigue sin contemplar el mismo derecho para los funcionarios.
Tras la devastadora DANA de octubre de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, una norma que incorporó al Estatuto de los Trabajadores un nuevo permiso retribuido de hasta cuatro días para quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo por restricciones de movilidad, dificultades de acceso o situaciones de riesgo grave o inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.
La propia exposición de motivos justificaba la modificación de la normativa laboral en la necesidad de establecer una regulación permanente, estable y con seguridad jurídica, que garantice que nadie tenga que poner en riesgo su integridad física para acudir al trabajo ante este tipo de fenómenos, que ya no pueden considerarse excepcionales. Pero aquella reforma quedó incompleta, y se privó de la misma seguridad jurídica a los funcionarios, al dejar sin actualizar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Es cierto que las distintas Administraciones públicas pueden aprobar instrucciones, medidas específicas o protocolos ante situaciones extraordinarias, pero precisamente ahí radica parte del problema. Un funcionario docente, ante una emergencia, no puede esperar a saber si su Consejería ha publicado alguna instrucción que le permita no desplazarse al centro: necesita instrumentos jurídicos claros para protegerse de la misma forma que el resto de trabajadores. Además, dejar esta cuestión en manos de cada Administración puede generar respuestas distintas ante riesgos semejantes.
Por eso, desde ANPE, reivindicamos una modificación del EBEP que reconozca expresamente este permiso a todos los empleados públicos.
