ANPE, Sindicato Independiente, junto con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), presentó el lunes 21 de septiembre ante los medios de comunicación las acciones conjuntas que se llevarán a cabo durante los próximos meses con el objetivo de recuperar de manera íntegra las pagas extraordinarias recortadas en 2010 al personal funcionario y estatutario, un recorte que afecta a unos 2,9 millones de empleados y que, dieciséis años después, no se ha revertido.
Los responsables de las distintas organizaciones han explicado que la medida, adoptada en 2010 como recorte temporal y excepcional para afrontar una crisis económica, se ha mantenido de manera inexplicable e injusta a lo largo de dieciséis años. Esto ha generado una pérdida de poder adquisitivo para el personal funcionario muy superior a lo pretendido inicialmente, pues se ha visto agravada con el paso del tiempo, ya que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las escasas y exiguas subidas salariales han sido lineales.
Se han solicitado reuniones a los responsables de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a los ministerios implicados, para pedir una postura común en el proceso de tramitación de la ley, y se están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones con competencias para revertir esta medida.
Además, los sindicatos señalan la contradicción que supone el hecho de que se diera por superado el momento de crisis económica y que, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado expresamente en el contexto de esa crisis, una decisión que sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales.
Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar nuevos Presupuestos Generales del Estado, los responsables sindicales han decidido poner en marcha una serie de acciones encaminadas a reclamar el fin de este recorte. Así, se han solicitado reuniones a los responsables de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a los ministerios implicados, para pedir una postura común en el proceso de tramitación de la ley, y se están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones con competencias para revertir esta medida.
En el acto de presentación de acciones conjuntas participaron Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de FEDECA; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de TAMPM; Pilar González, secretaria nacional de USIE, y Néstor Morchón, vicepresidente del SME.
