En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas. 

Esta condición de autoridad se ha mantenido en la LOMLOE. El problema radica en el desarrollo normativo autonómico, pendiente en casi todas las Comunidades (Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia,…) así como en la cobertura que se brinda a los docentes cuando tienen un problema de convivencia en el que se le amenaza, insulta o se vierte sobre el mismo falsas acusaciones. En aquellas comunidades donde presenta desarrollo normativo, este deja mucho que desear y requiere una actualización urgente, como demandamos desde el servicio del defensor del profesor, ante las situaciones que sufren los docentes en las aulas en la actualidad.

Un ejemplo de la necesidad del desarrollo o actualización de la mismas es el desconocimiento o la falta de protocolos de actuación en los centros, en los que se blinde la protección del docente en el aula ante una agresión donde, tras la misma, el docente vuelve a su aula e incluso debe seguir dando clase, mientras se resuelve, ante el agresor. 

La soledad que experimenta el docente agredido, o acosado, sólo la pueden describir quienes la padecen a la hora de intentar retomar las clases con normalidad ante la agresión, o cuando debes interponer una denuncia en la que no obtienes respuesta ni acompañamiento de la Administración e, incluso, del resto de compañeros, por falta de protocolos claros e inmediatos de actuación en los que se prevenga, proteja y acompañe al docente agredido.

 Debemos aclarar que por agresión se entiende toda conducta que puede implicar violencia física y/o psíquica mediante: agresiones, insultos, amenazas y/o intimidaciones.

La profesión docente se basa en la interrelación directa con el alumnado, las familias y el resto de comunidad educativa,  y ello hace que los problemas de convivencia afloren con mayor frecuencia e intensidad, calificando a la profesión docente como una profesión de riesgo en relación a la mayor presencia de este tipo de conflictos.  La paradoja de la profesión,  “la más bonita del mundo, la que crea a personas íntegras para hacer una sociedad mejor,…”. 

Debemos crear espacios seguros de aprendizaje en los que todos podamos dar lo mejor de nosotros mismos, sólo ahí se produce la magia del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde que toda la comunidad educativa debe intervenir proactivamente.

 Para ello, se requiere una apuesta clara de las Administraciones educativas en las que se desarrollen protocolos efectivos que den respuesta a la realidad de las aulas con una inversión real en recursos humanos y materiales para ello. 

La entrada La ley de autoridad pública docente a revisión se publicó primero en Revista ANPE.

En el contexto educativo actual se observa un aumento de los conflictos entre el profesorado, el alumnado y las familias. Lo que antes se resolvía como una discrepancia puntual, ahora en muchos casos termina derivando en quejas formales, expedientes disciplinarios e incluso denuncias judiciales.

Esta realidad hace necesario conocer con claridad cuáles son los tipos de responsabilidad que pueden exigirse al profesorado, así como las garantías legales que amparan el ejercicio de su labor.

Tipos de responsabilidad que pueden exigirse al profesorado

Cuando surge un conflicto pueden plantearse distintos tipos de responsabilidad con un alcance diferente:

Responsabilidad disciplinaria

Se activa cuando se alegan incumplimientos de los deberes profesionales. No obstante, la normativa es clara: toda sanción exige un procedimiento con garantías, que incluya audiencia, práctica de pruebas y una resolución motivada. Sin expediente formal, no pueden imponerse medidas disciplinarias sancionadoras.

Responsabilidad civil

En los centros públicos, la Administración educativa responde directamente por los daños que causados en el ejercicio de la función docente. El profesorado únicamente asumiría responsabilidad personal en supuestos excepcionales en los que se acreditara la existencia de dolo o negligencia grave.

Responsabilidad penal

Es excepcional y suele derivar de denuncias relacionadas con presuntos malos tratos, lesiones o delitos contra la integridad moral. Los datos disponibles indican que solo una minoría de las acusaciones contra docentes termina en condena, aunque los especialistas insisten en la conveniencia de contar con asistencia jurídica desde el primer momento para evitar situaciones de indefensión.

Autoridad pública y presunción de veracidad

El profesorado que actúa en el ejercicio de sus funciones tiene la consideración de autoridad pública. Este reconocimiento jurídico implica que sus manifestaciones gozan de presunción de veracidad, salvo que exista prueba en contrario.

Las agresiones, amenazas o coacciones dirigidas contra el profesorado pueden adquirir una mayor relevancia penal precisamente por esta condición de autoridad.

Esta doctrina ha sido reiteradamente avalada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y debe ser invocada de forma expresa siempre que el profesorado se vea inmerso en procedimientos disciplinarios o judiciales derivados del ejercicio de su labor.

Conflictos digitales: grabaciones y redes sociales

A la conflictividad tradicional se suma un fenómeno creciente: los conflictos digitales. Cada vez es más frecuente la grabación de clases sin consentimiento, la difusión de imágenes o audios del profesorado en redes sociales o el envío de mensajes intimidatorios por canales digitales.

Estas prácticas pueden vulnerar derechos fundamentales como la propia imagen, la protección de datos personales, el honor o la intimidad. Ante estos casos, el profesorado no solo puede exigir la retirada inmediata de los contenidos, sino también activar acciones legales. Desde reclamar indemnizaciones, hasta exigir responsabilidades penales cuando los hechos constituyan un delito, o sanciones administrativas por infracción de la normativa de protección de datos.

Recomendaciones para el profesorado ante situaciones de conflicto

Ante cualquier tipo de conflicto se recomienda adoptar las siguientes medidas:

• Documentar por escrito cualquier incidente relevante.
• Informar de inmediato a la dirección del centro.
• Evitar reuniones conflictivas sin testigos o sin levantar acta.
•  No responder a provocaciones por canales informales, redes o mensajería.
•  Contactar con el servicio jurídico del sindicato

El deber de respaldo institucional

Los centros educativos y la Administración tienen la obligación de activar protocolos de convivencia y protección, respaldar jurídicamente al profesorado afectado y garantizar un entorno laboral seguro, para salvaguardar el derecho fundamental a la educación y el correcto funcionamiento del servicio público educativo. Teniendo en cuenta que la ausencia de apoyo institucional puede derivar en responsabilidad administrativa.

Es fundamental el respaldo de la Administración a los docentes para asegurar una educación de calidad.

La entrada Garantías y protección jurídica del profesorado frente a los conflictos con alumnado y familias se publicó primero en Revista ANPE.

• El servicio prestado por ANPE atendió 2004 casos en el curso 2024-25 y ha brindado apoyo a un total de 46.321 docentes en sus veinte años de existencia.
• Aumentan respecto al curso anterior las faltas de respeto de las familias al profesorado y las presiones para modificar notas.
• ANPE reclama medidas ante el incremento de la ansiedad y el síndrome de burnout entre el colectivo docente.

Durante el último curso, el servicio ha llevado a cabo 2.004 actuaciones. A lo largo de los dos decenios que lleva en funcionamiento –este año se cumple, precisamente, el vigésimo aniversario de su puesta en marcha–, ha brindado apoyo a más de 46.000 docentes.

La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, señala que «los casos atendidos son cada vez más complejos, pues confluyen factores de muy diversa índole, como el síndrome de burnout o del profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, la incertidumbre ante el futuro profesional del profesorado interino, la excesiva carga lectiva o la escasez de personal docente y no docente». Esta tendencia ha llevado a ANPE a reforzar la atención jurídica y psicológica dentro de sus medidas de apoyo.

Los datos de la memoria muestran que el 71,3% de los docentes atendidos en el curso 2024-2025 han padecido ansiedad, un punto y medio más que el curso anterior. Asimismo, al 17,3% se le ha concedido la baja médica y el 11,7% ha sufrido depresión. El estudio incorpora este año un nuevo indicador, el de «tranquilidad», con el que solo se han identificado un 4,4% de los docentes.

Por etapas educativas, la enseñanza primaria concentra el mayor porcentaje de docentes con ansiedad (75%), mientras que los profesionales con más de 15 años de experiencia presentan tasas más altas de depresión o bajas laborales, lo que apunta a una relación directa entre la antigüedad y el síndrome de burnout.

«El malestar emocional se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo», señala Hernández. «Nos encontramos con algunos profesores atrapados en una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas que les impiden centrarse en lo esencial: enseñar. La percepción de falta de apoyo institucional ante ello es un detonante claro de estrés y frustración», afirma.

Conflictos persistentes

El 42,6% de los casos atendidos por el Defensor del Profesor corresponde a conflictos con el alumnado y el 34,4% a problemas con las familias, porcentajes similares a los del curso anterior. Aumentan las faltas de respeto de familiares de alumnos (de 313 casos a 320) y las presiones para modificar notas (162 frente a 136). Las falsas acusaciones son, tras las faltas de respeto, el problema más recurrente. A continuación, se sitúan las dificultades para dar clase y los casos de acoso. 

En cuanto a las agresiones físicas, su número disminuye levemente respecto al curso 2023-2024: se han registrado 141 cometidas por el alumnado y 33 llevadas a cabo por familiares.

En cualquier caso, la coordinadora del servicio recalca que las situaciones de conflictividad que se comunican al servicio son solo una pequeña parte de las que sufre el personal docente. «Generalmente, los casos que nos llegan son los más extremos o aquellos en los que el docente no encuentra apoyo en los equipos directivos o la Administración. Por otra parte, muchas situaciones se resuelven en el propio centro gracias a las normas de convivencia que se han ido estableciendo», puntualiza.

Tras veinte años en funcionamiento, el Defensor del Profesor ha atendido a un total de 46.321 docentes en toda España. En el curso 2024-25, el 85,1% de quienes se han puesto en contacto con el servicio han recibido asesoramiento; el 63,2%, apoyo personal y emocional; el 56,2%, información sobre legislación; y el 24,8%, asesoría jurídica. Este último tipo de actuación ha crecido de forma significativa respecto al curso 2023-2024.

Sobrecarga burocrática y falta de apoyo

La vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, denuncia que la sobrecarga burocrática continúa siendo el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado. En este sentido, subraya que «la implantación de la LOMLOE, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación económica y la falta de personal administrativo han convertido el papeleo, ya sea físico o digital, en un obstáculo permanente para la labor docente». 

El informe del Defensor del Profesor del curso 2024-2025 vuelve a poner en evidencia la infradotación de plantillas, con profesores que llegan a atender a más de 250 alumnos, y la escasez de recursos de apoyo en los centros. «Estamos viviendo la paradoja de que, mientras la sociedad cada vez exige más al profesorado, las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y tiempo necesario para afrontar las nuevas exigencias», resalta García. «Estamos convirtiendo los centros en espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional», advierte.

ANPE, primera fuerza sindical entre el personal docente no universitario, considera imprescindible que las administraciones aborden de forma urgente medidas concretas como el refuerzo de las plantillas docentes, la dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros, la simplificación de la labor burocrática, la habilitación de entornos digitales accesibles, la reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar para el desarrollo de sus funciones, un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la convivencia o la reducción de ratios en todas las etapas educativas. De igual manera, insiste en la necesidad de reconocer como enfermedades profesionales del profesorado los problemas relacionados con la salud mental, elaborar un estatuto docente que regule derechos y deberes y establezca una verdadera carrera profesional, y garantizar una estabilidad normativa que asegure una perdurabilidad razonable de las programaciones y la planificación realizadas por el profesorado.

A juicio de García, es preciso para ello una mayor inversión en educación. «La falta de recursos humanos y materiales tensiona el sistema educativo. La necesidad de llegar a una inclusión educativa real en los centros y la exigencia de mejorar el trabajo diario de los docentes son requisitos fundamentales para aproximarse a una educación de calidad». 

Ver informe del Defensor del Profesor: 

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El Defensor del Profesor cumple 20 años desde su creación en 2005, consecuencia del aluvión de problemas relacionados con la convivencia que llegaban a ANPE Madrid y que no tenían respuesta por parte de la Administración. 

El compromiso que siempre ha mantenido ANPE con la defensa de la labor docente y de sus profesionales tiene su máxima expresión en el servicio del Defensor del Profesor, que ha atendido a más de 46.000 docentes a lo largo de estos dos decenios.

No nos cansaremos de reclamar mejoras necesarias a las Administraciones educativas para prevenir y erradicar los problemas de convivencia en los centros, donde debe primar y cuidarse una convivencia positiva basada en el respeto, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos mediante valores como la tolerancia, la empatía, la solidaridad y la corresponsabilidad. Esta tarea implica a toda la comunidad educativa; no sólo es responsabilidad de los docentes, que a veces se ven
solos, atacados, agredidos, denunciados o maltratados en el ejercicio de su profesión y encuentran como única solución el Defensor del Profesor.

Durante estos veinte años hemos avanzado junto a los docentes, aprendiendo y mejorando, en el afán de dar una mejor respuesta a sus problemas y necesidades, intentando crear entornos de convivencia positiva, ayudando a desarrollar la profesión más importante del mundo, la docencia, formando generaciones futuras que hagan del mundo un lugar mejor –tarea difícil pero fundamental en estos tiempos–.

Nos comprometemos a seguir trabajando para ayudar a cada docente que se ponga en contacto con el servicio. Gracias a todos por vuestra confianza en ANPE y en el servicio del Defensor del Profesor. 

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Sin embargo, la situación en los centros educativos sigue siendo compleja y la relación docente-discente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve ensombrecida por  factores estresantes a los que las Administraciones educativas siguen sin dar respuesta, como el exceso de burocracia, las altas ratios, problemas de convivencia, escasez de recursos para atender adecuadamente a nuestro alumnado, falta de dignificación de la profesión docentes y exceso de responsabilidad ante las nuevas demandas del alumnado, así como horarios lectivos demasiado extensos.

Todos estos factores estresantes repercuten negativamente sobre la salud docente, de ahí que desde el servicio del Defensor del Profesor nos encontremos con un elevado porcentaje de docente que padecen estrés, ansiedad e incluso depresión, lo que aumenta, por consiguiente, el índice de bajas relacionadas con estas afecciones, mientras la Administración continúa sin considerarlas enfermedades profesionales y sin establecer medidas dirigidas a prevenir estas situaciones y mejorar el bienestar de los docentes.

Desde ANPE, seguimos poniendo a disposición de los docentes el servicio del Defensor del Profesor a pie de aula, así como dando publicidad a medidas que pueden prevenir enfermedades o mejorar nuestra salud a través de nuestro decálogo sobre salud mental y exigiendo a las Administraciones públicas que establezcan un plan de prevención de enfermedades relacionadas con la salud mental, que estas sean reconocidas como enfermedades profesionales, y que se reduzcan los factores estresantes en el contexto educativo, contribuyendo así a la mejora de la educación pública. 

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Para hacerlo, han tenido que ponerse en contacto con nosotros los responsables en España de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), que nos han solicitado información sobre el servicio del Defensor del Profesor de ANPE y su papel para contrarrestar los factores psicosociales negativos de la profesión docente asociados a la salud mental.

En este sentido, el servicio del Defensor del Profesor, creado por ANPE en 2005, es una respuesta, en el ámbito de la prevención y el apoyo a los docentes, ante el riesgo, derivado de las características de nuestra profesión, a padecer enfermedades relacionadas con la salud mental.

El servicio del Defensor del Profesor, creado por ANPE en 2005, es una respuesta, en el ámbito de la prevención y el apoyo a los docentes, ante el riesgo, derivado de las características de nuestra profesión.

Analizando el recorrido del servicio, desde su creación, nos hemos dado cuenta de lo avanzado que fue en su momento y de la gran importancia que continúa teniendo hoy. A través de la presentación del informe anual y de las campañas que llevamos a cabo, el Defensor del Profesor sensibiliza a la sociedad de la necesidad de dignificar nuestra profesión y alerta a las Administraciones de los riesgos que detectamos desde el punto de vista de la salud mental, de los docentes. Todo ello como base para exigir mejoras (considerar enfermedades profesionales la ansiedad y la depresión, impulsar una ley de reconocimiento de la autoridad pública del profesorado, establecer protocolos de actuación ante agresiones, y acoso a docentes, prestar atención psicológica y apoyo jurídico…), reclamar recursos acordes al contexto actual de los centros educativos para dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado (reducción de ratios, más profesionales de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, auxiliares de Educación Especial, orientadores,…) y, sobre todo, dar respuesta, en función de su problema específico, a los docentes que se ponen en contacto con nosotros.

Nos queda camino por recorrer, pero la importancia y la necesidad del servicio nos aportan la energía para saber que estamos en el camino correcto y que somos un referente a seguir.

Por ello, damos las gracias por su trabajo a todo el equipo de defensores del profesor de ANPE, que desde cada comunidad autónoma desarrollan esta gran labor para la mejora de las condiciones laborales de los docentes. 

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Señalar como factores organizacionales más destacados la falta de autonomía, de participación en la toma de decisiones, inadecuada comunicación interna, escasa formación o recursos para cumplir con las tareas, competencias para manejar situaciones de conflicto, inestabilidad contractual,… Las características individuales del docente también son determinantes en nuestro estado de bienestar emocional  (percepción de falta de control o autonomía, desequilibrio entre vida laboral y personal,…), por último los factores sociales como presencia de acoso laboral, relaciones conflictivas con compañeros, familias, alumnos o superiores o la ausencia de apoyo social o reconocimiento.

Desde el servicio del defensor del profesor observamos cómo estos factores son determinantes en los docentes que atendemos a la hora de relacionar problemas de convivencia en los centros con altas dosis de estrés y ansiedad.

Todos estos factores, presentes en la profesión docente, influyen en nuestro estado emocional desencadenando, cada vez con mayor frecuencia,  enfermedades vinculadas con la salud mental.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la enseñanza se considera una de las profesiones con mayor riesgo de estrés laboral debido a la carga de trabajo, la responsabilidad educativa y los crecientes desafíos en el aula.

Nos centraremos en el modelo Demanda-Control-Apoyo social de Karasek para analizar la relación del entorno de trabajo con el desarrollo de enfermedades asociadas a la salud mental.

El modelo analiza tres variables: demanda psicológica del puesto de trabajo, grado de control de las situaciones y apoyo social.

• DEMANDAS (exigencias inherentes al puesto de trabajo). Altas demandas serían realizar programaciones y preparar materiales, evaluar, atender a familias con problemas que afectan al discente, nuevas metodologías y retos,… Mientras que las Bajas demandas serían los periodos sin exámenes, sin alumnado, realizar tareas repetitivas,..

Las altas demandas constantes sin recursos adecuados generan estrés y agotamiento, mientras que las bajas demandas prolongadas pueden causar aburrimiento y pérdida de motivación.

• GRADO DE CONTROL SOBRE EL TRABAJO (capacidad del docente para influir en cómo realiza la tarea, incluyendo la toma de decisiones y la flexibilidad para adaptar el trabajo a sus preferencias y habilidades). Alto control sería diseñar tu propia metodología de enseñanza, decidir el ritmo y las estrategias para trabajar con alumnado con diferentes necesidades, elegir cómo gestionar la disciplina en clase,… Mientras que el bajo control sería implementar una política educativa rígida que no permite adaptar el contenido al contexto del aula, trabajar con ratios altas y alumnado diverso, recibir directrices detalladas sobre cómo evaluar sin margen para adaptar criterios,…

Un control alto permite afrontar demandas altas de manera efectiva lo que reduce el estrés, por el contrario un bajo control agrava la percepción de sobrecarga, el docente se siente sin herramientas para gestionar sus responsabilidades.

• APOYO (respaldo emocional que un docente recibe de sus compañeros, superiores o familias). Alto apoyo sería recibir ayuda de otros profesionales para abordar problemas disciplinarios o pedagógicos, contar con un equipo directivo que escucha y valida tus preocupaciones, participar en reuniones donde se comparten ideas y estrategias, tener acceso a formación continua o recursos pedagógicos útiles. Mientras que el bajo apoyo se puede observar a la hora de enfrentar problemas de conducta en el aula sin respaldo del equipo directivo, no recibir ayuda de compañeros al implementar nuevas herramientas digitales o metodologías, falta de reconocimiento por el esfuerzo extra para organizar actividades extraescolares o coordinar proyectos, ausencia de espacios para expresar inquietudes o compartir buenas prácticas,…

“Estas altas demandas constantes y sin recursos adecuados generan estrés y agotamiento, mientras que las bajas demandas prolongadas pueden causar aburrimiento y pérdida de motivación.”

Describiremos los dos contextos de trabajo a través de los siguientes ejemplos:

Entorno laboral ideal: demandas desafiantes pero razonables, control alto y apoyo social significativo. Esto fomenta la satisfacción laboral, la motivación y el bienestar.

• DEMANDAS, desafíos motivantes. Enseñar a un grupo diverso, pero con tiempo suficiente para preparar recursos, planificar y con apoyos en el aula o ratios bajas.
• CONTROL. Alta autonomía y flexibilidad. Elegir la metodología, ajustar contenidos según las necesidades,  diseñar las evaluaciones.
• APOYO. Colaboración sólida y reconocimiento constante. Equipo directivo que respalda al docente en decisiones disciplinarias, compañeros que comparten materiales y estrategias y familias que valoran su trabajo.

Entorno laboral negativo: demandas excesivas,  control mínimo y apoyo inexistente. Ello genera frustración, estrés y riesgo de burnout.

• DEMANDAS: sobrecarga de trabajo y problemas constantes, por ejemplo enseñar a un grupo numeroso con estudiantes conflictivos, mientras se enfrenta a presiones administrativas y alta burocracia.
• CONTROL: Cero autonomía y rigidez normativa. Cuando se debe seguir el currículo sin margen para las adaptaciones y las evaluaciones están completamente estandarizadas.
• APOYO: Aislamiento y falta de respeto. Directivos que no responden a las peticiones de ayuda, colegas que no colaboran y familias que critican constantemente al docente.

El impacto de estas situaciones conlleva un alto riesgo de burnout, estrés crónico, ansiedad y desmotivación, baja productividad y absentismo laboral.

Es imprescindible que se establezca un plan de mejora de las condiciones laborales de los docentes para fortalecer la profesión y evitar el alto índice de enfermedades relacionadas con la salud mental en el colectivo docente.

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El último informe del Defensor del Profesor, servicio prestado por ANPE Sindicato Independiente para apoyar al profesorado víctima de situaciones de conflictividad, refleja un aumento del 7,9% en el número de actuaciones llevadas a cabo en el curso 2023-2024 respecto al año anterior. En total, el servicio realizó 2.101 actuaciones, 153 más que en el curso 2022-2023, la mayor parte de ellas concentradas en secundaria (44,6%) y primaria (36,6%).

El informe evidencia una complejidad cada vez mayor de los casos de conflictividad abordados, así como el impacto que estos tienen en la salud mental del profesorado. Respecto al año anterior, aumenta el porcentaje de docentes atendidos por el servicio a los que se les ha diagnosticado depresión, que alcanzó el 13,4%, (frente al 12,7% del curso 2022-2023), y se mantienen muy altos los niveles de ansiedad (69,9% de los casos) y de bajas médicas (16,1%).

Los conflictos relacionados con el alumnado disminuyen ligeramente en términos porcentuales, al pasar del 43,3% al 41,3%. En valores absolutos, aumentan los problemas a la hora de dar clase (de 410 a 421 casos) y, como dato preocupante, las agresiones de alumnos a profesores (de 138 a 157). Los incidentes más habituales con el alumnado son, por este orden, las dificultades para dar clase, las faltas de respeto, las falsas acusaciones y las amenazas.

Reivindicaciones de ANPE

El sindicato hace un llamamiento a la Administración para que asuma su responsabilidad en el apoyo a los docentes. La coordinadora del Defensor del Profesor advierte de que “la figura del coordinador de bienestar, fundamental para el bienestar emocional y la convivencia en los centros, sigue sin contar con los recursos y la formación necesarios”. Hernández resalta que “los docentes deben contar con un respaldo adecuado frente a agresiones o falsas denuncias” y que “los protocolos deben ir acompañados de una memoria presupuestaria que asegure su correcta implementación”.

Del mismo modo, García exige una “mayor inversión en educación, que permita abordar necesidades como la reducción de las ratios alumnado-docente, el refuerzo de las plantillas docentes y una dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros”. Igualmente, reclama “la simplificación de la documentación que debe cumplimentar el personal docente, la creación de entornos virtuales accesibles para el profesorado y un aumento de las horas de coordinación y acción tutorial con el fin de posibilitar que las tareas burocráticas se realicen dentro del horario de trabajo”.

Con su apuesta por el servicio del Defensor del Profesor, ANPE muestra su compromiso con el apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación, así como su empeño en mejorar la consideración social del profesorado y en situar a la educación y a sus profesionales en el centro de las prioridades del país.

Pincha en cada una de las imágenes para verlas más grandes.

Para acceder al informe, pincha en el siguiente enlace:
Informe del defensor del profesor 2023-2024

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