Hay momentos en los que una sociedad debe detenerse y hacerse una pregunta sencilla, pero fundamental: ¿quién construye realmente el futuro de un país?

La respuesta no se encuentra en los despachos donde se diseñan normas que cambian con demasiada frecuencia. Tampoco en los titulares efímeros ni en quienes opinan sobre educación sin conocer la realidad de las aulas. La respuesta hay que buscarla en los centros educativos, en las personas que cada mañana levantan la persiana de cada aula y hacen posible que millones de alumnos aprendan, crezcan y encuentren oportunidades.

Está en los docentes que enseñan, orientan, acompañan y motivan. En quienes convierten las dificultades en aprendizaje y el esfuerzo en superación. En quienes, muchas veces lejos de los focos, dedican su vida a formar a las generaciones que mañana dirigirán nuestras empresas, atenderán nuestros hospitales, investigarán en nuestras universidades o gobernarán nuestras instituciones.

Pero la educación es mucho más que la labor imprescindible del profesorado. Es una comunidad entera comprometida con una misma misión. Está en los equipos directivos que lideran los centros en contextos cada vez más complejos. En los orientadores que acompañan al alumnado y a las familias en momentos decisivos. En el personal de administración y servicios que garantiza el funcionamiento diario de los centros. En los profesionales de apoyo educativo que hacen posible una inclusión real y efectiva.

«Porque la educación no se puede reducir a una política pública. Es una herramienta de progreso, cohesión social e igualdad de oportunidades.»

Todos ellos forman parte de una red humana que sostiene uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la educación.
Porque la educación no se puede reducir a una política pública. Es una herramienta de progreso, cohesión social e igualdad de oportunidades. Es la inversión más importante que puede realizar un país, y quienes la hacen posible merecen reconocimiento, respeto y unas condiciones profesionales acordes con la responsabilidad que asumen.

Por eso ANPE mantiene una línea de actuación clara y coherente desde hace casi cinco décadas: defender la profesión docente por encima de cualquier otra consideración. Defenderla en las mesas de negociación, en los centros educativos y ante las administraciones. Defenderla cuando se consiguen acuerdos que mejoran las condiciones laborales del profesorado y defenderla también cuando es necesario denunciar decisiones que perjudican a la educación o a quienes trabajan en ella.

ANPE nació para representar exclusivamente a los profesionales de la enseñanza y sigue fiel a ese compromiso. Porque la calidad educativa no puede construirse sobre la precariedad. Porque no puede haber una educación de excelencia sin docentes valorados, respetados y respaldados. Porque la autoridad profesional, la formación permanente, la reducción de la burocracia, la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento social del profesorado son requisitos imprescindibles para mejorar el sistema educativo, no reivindicaciones corporativas.

Hoy más que nunca, la educación necesita certezas. Necesita estabilidad. Necesita organizaciones que trabajen con responsabilidad, rigor y vocación de servicio. Necesita propuestas viables y resultados tangibles.

Por eso ANPE seguirá defendiendo cada aula, cada centro y cada profesional de la educación. Seguirá reclamando los recursos necesarios para que el profesorado pueda desarrollar su labor con garantías. Seguirá exigiendo respeto para una profesión que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Porque la educación no se sostiene sola. La sostienen personas. Personas que merecen reconocimiento, protección y dignidad profesional.

Una reflexión necesaria

Existen distintas formas de entender la acción sindical. Algunas organizaciones conciben el sindicalismo como una herramienta al servicio de proyectos ideológicos o de intereses políticos más amplios. Otras dedican buena parte de sus esfuerzos a participar en debates partidistas o a intervenir en la disputa por poner o quitar gobiernos.

ANPE eligió hace tiempo otro camino.

El de centrar toda su energía en la defensa de la profesión docente. El de medir el éxito por las mejoras conseguidas para el profesorado, no por los decibelios generados. El de anteponer los intereses de los docentes a cualquier estrategia política. El de negociar cuando es posible, reivindicar cuando es necesario y movilizarse cuando no queda otra alternativa, siempre con un único objetivo: mejorar la educación y las condiciones de quienes la hacen posible.

Porque los gobiernos pasan, las siglas políticas cambian y las coyunturas se suceden. Pero los docentes siguen cada día en las aulas, formando a las nuevas generaciones.

Y es precisamente a ellos a quienes un sindicato profesional debe servir.

Ese es el compromiso de ANPE. Ayer, hoy y mañana. Porque defender a los docentes es defender la educación. Y defender la educación es defender el futuro de todos. 

La entrada ANPE, El valor de la profesión docente se publicó primero en Revista ANPE.

En el debate educativo actual se repite, con demasiada frecuencia, una idea simplista: ante cualquier dificultad, la solución pasa por más formación y más innovación. Nuevos cursos, nuevos programas, nuevas plataformas y metodologías se presentan como respuestas universales a problemas a veces complejos y estructurales.

Desde ANPE consideramos necesario recordar que la mejora del sistema educativo no puede basarse en modas pedagógicas ni en reformas permanentes. La educación necesita estabilidad, planificación, recursos y respeto profesional.

En los últimos años, la inestabilidad normativa se ha convertido en una constante. Cambios sucesivos en leyes, currículos, evaluaciones y procedimientos generan incertidumbre en los centros y dificultan la consolidación de proyectos educativos sólidos. Los docentes comprobamos curso tras curso que apenas hay tiempo para aplicar una reforma cuando ya se anuncia la siguiente.

Esta falta de continuidad afecta directamente al trabajo del profesorado y al aprendizaje del alumnado. No se puede construir un sistema de calidad sobre continuos cambios, a veces improvisados, ni sobre bandazos legislativos.

«Rechazamos que la formación del profesorado se utilice como excusa para ocultar carencias estructurales o trasladar responsabilidades que corresponden a las administraciones.»

A ello se suma una burocracia excesiva que ahoga la labor docente. Informes, plataformas, registros y documentos se multiplican sin una verdadera utilidad pedagógica. Cada hora dedicada a trámites administrativos es una hora que se resta a lo que de verdad importa.

Desde ANPE reclamamos una simplificación real de los procedimientos. Menos burocracia y más tiempo para enseñar.

Por otro lado, resulta imprescindible reconocer que muchos de los problemas educativos tienen su origen en factores sociales, familiares y económicos. La desigualdad, la precariedad, la falta de apoyo familiar o los problemas emocionales condicionan el aprendizaje desde edades tempranas.

Ningún curso de formación ni ninguna metodología innovadora puede compensar por sí sola estas realidades. Pretender que el profesorado resuelva en solitario estas situaciones supone una carga injusta y poco realista.

La formación continua es un derecho y una herramienta valiosa para el desarrollo profesional. El profesorado español ha demostrado sobradamente su compromiso con la mejora permanente. Sin embargo, rechazamos que la formación se utilice como excusa para ocultar carencias estructurales o trasladar responsabilidades que corresponden a las administraciones.

La mejora del sistema exige inversión sostenida, refuerzo de plantillas, reducción de ratios, mejora de infraestructuras, estabilidad normativa y apoyo real a los centros.

Igualmente, es imprescindible reforzar la implicación de las familias. La educación es una tarea compartida. El acompañamiento, el seguimiento y el respeto hacia la labor docente son elementos fundamentales para el éxito educativo.

Otro aspecto clave es el reconocimiento efectivo del profesorado como autoridad pública. En demasiadas ocasiones, los docentes se encuentran desprotegidos ante situaciones de conflicto o falta de respeto. Desde ANPE reclamamos un respaldo institucional claro, con protección jurídica y protocolos eficaces.

“La mejora del sistema exige inversión sostenida, refuerzo de plantillas, reducción de ratios, mejora de infraestructuras, estabilidad normativa y apoyo real a los centros.”

Sin respeto y sin apoyo, no puede existir una convivencia escolar adecuada.

La educación no necesita más eslóganes ni más campañas de imagen. Necesita políticas serias, consensuadas y sostenidas en el tiempo. Necesita estabilidad, recursos, menos burocracia y más confianza en los profesionales.

Invertir en educación no es lanzar nuevos planes cada legislatura. Es apostar por un modelo sólido basado en la dignidad profesional, la corresponsabilidad social y el compromiso institucional.

Desde ANPE seguiremos defendiendo una educación pública de calidad, construida desde el respeto al profesorado, el apoyo real de las administraciones y la implicación de las familias. Porque solo así será posible avanzar hacia un sistema justo, eficaz y sostenible. 

Ver vídeo del Editorial por Francisco Venzalá, presidente de ANPE

La entrada Estabilidad, respeto y corresponsabilidad: claves para una educación de calidad se publicó primero en Revista ANPE.

El profesorado no puede seguir sosteniendo la educación pública con salarios congelados, pérdida de poder adquisitivo y una burocracia que asfixia su labor docente. ANPE exige una recuperación real del poder adquisitivo y una negociación rigurosa —sin precipitación y desde el consenso— sobre el nuevo sistema de ingreso y la carrera profesional docente. Todo ello, en un marco de unidad sindical y defensa conjunta del colectivo.

Comienza un nuevo curso con viejos problemas: sueldos estancados, desigualdades entre territorios y una carga administrativa que roba tiempo a lo esencial: enseñar.

Aun así, hay motivos para la esperanza. La apertura de la negociación con el Ministerio representa una oportunidad para recuperar lo perdido y construir, entre todos, un futuro profesional más justo. Eso sí, sin prisas.

Una década de pérdida: la deuda con el profesorado

Más de una década después de los recortes de 2010, el profesorado sigue pagando la factura. La pérdida acumulada de poder adquisitivo supera ya el 20%, y en muchas comunidades las pagas extraordinarias siguen recortadas.

ANPE propone una hoja de ruta clara y realista:

• Plan plurianual de recuperación salarial, con un incremento inicial superior al 5%.
• Cláusula de revisión automática ligada al IPC.
• Deflactación del IRPF, para evitar que suban los impuestos sin subir los sueldos.

“No se trata de una reivindicación corporativa, sino de justicia social.
No hay calidad educativa sin docentes reconocidos y bien retribuidos.”

Menos papeles, más enseñanza

A la pérdida económica se suma otro desgaste silencioso: la burocracia desbordante. Cada curso se multiplican los formularios, memorias y planes que alejan al docente de su función esencial. El exceso administrativo está consumiendo tiempo pedagógico, energía y motivación.

Por eso, ANPE ha situado esta lucha entre sus prioridades:

• Reducir la carga burocrática y simplificar los procedimientos.
• Eliminar duplicidades y coordinar mejor las plataformas digitales.
• Confiar en la profesionalidad del docente, no en la vigilancia documental.

“No podemos seguir midiendo la calidad de la enseñanza por el número de informes.”

Menos papeles y más enseñanza: esa es la reforma pendiente que devolvería aire a las aulas.

Avances en la negociación: hacer las cosas bien

Tras meses de diálogo, el Ministerio ha activado los grupos de trabajo sobre el nuevo sistema de ingreso y la carrera profesional docente. Son pasos positivos, pero deben darse con rigor, sin improvisaciones y con participación real del profesorado, como ANPE ha defendido siempre.

• El Grupo 2 debe diseñar un sistema de acceso más justo, homogéneo y previsible, que garantice la igualdad y evite la cronificación de la interinidad.
• El Grupo 3 debe sentar las bases de una carrera profesional auténtica, basada en la experiencia, la innovación y la formación continua.

Ambos grupos pueden ser el germen del futuro Estatuto Docente, una aspiración histórica. Pero, como recordamos siempre, las prisas no son buenas consejeras cuando se trata de decisiones estructurales.

Fortalecer la profesión, dignificar la educación

Más allá de cifras o porcentajes, lo que está en juego es la dignificación de la profesión docente. Reconocer al profesorado no es un gesto simbólico: es una inversión en el futuro del país.

Por eso, ANPE seguirá defendiendo con determinación:

• La recuperación del poder adquisitivo perdido y las pagas recortadas.
• La homologación retributiva entre comunidades autónomas.
• La reducción efectiva de la burocracia.
• Una carrera profesional real, estructurada y reconocida.

España no puede seguir exigiendo más a su profesorado mientras mantiene congelado su reconocimiento.

La excelencia educativa requiere estabilidad, respeto y condiciones dignas. Por eso, ANPE mantendrá su compromiso: avanzar con rigor, diálogo y determinación, sin ceder a las prisas ni a los parches. Y siempre desde la búsqueda del consenso.

Unidad sindical: sumar para avanzar

ANPE ha sido siempre un referente de independencia, responsabilidad y, sobre todo, unidad sindical. En los grandes debates –retribuciones, ingreso, carrera o condiciones laborales– ha buscado sumar, no dividir.

“Cuando el profesorado habla con una sola voz, los avances llegan. ANPE cree en la unidad sindical como herramienta de fuerza y progreso.”

La división solo beneficia a quienes prefieren mantener la inercia. La unidad, en cambio, multiplica la capacidad de lograr acuerdos justos y duraderos.

Porque el futuro de la educación no se improvisa, se construye con consenso, serenidad y visión de Estado. Y porque el camino de ANPE –ayer, hoy y siempre– es el mismo: unidad, responsabilidad y firmeza sindical. Sin prisas, pero con determinación. 

La entrada Sin prisas, pero con determinación se publicó primero en Revista ANPE.

Arranca un nuevo curso escolar y lo hace marcado por un reto que ya no admite más demoras: avanzar de una vez en el diseño del futuro perfil de la profesión docente, un marco que contemple las mejoras que exige el colectivo y que siente las bases de una carrera profesional digna, estable y atractiva. Sin un proyecto claro de presente y futuro para la docencia, cualquier reforma educativa será insuficiente.

Afrontamos un nuevo curso atravesado por tres realidades que ningún docente desconoce: la burocracia que se multiplica en cada centro, las nuevas restricciones sobre el uso de dispositivos electrónicos y la irrupción de la inteligencia artificial en la vida escolar y personal. Un escenario complejo que, lejos de desanimarnos, debe servir como punto de inflexión.

Desde ANPE lo afirmamos con claridad: este curso no puede ser uno más. La educación española necesita un cambio de rumbo, porque no podemos seguir sosteniendo un sistema de calidad sobre la base de desigualdades, precariedad y ausencia de un proyecto estable.

Un país, mucha desigualdad

Hoy en España la igualdad de oportunidades depende, en gran medida, del lugar en el que se estudie o se ejerza la docencia. El alumnado se enfrenta a recursos desiguales y el profesorado soporta condiciones de trabajo distintas según la comunidad autónoma: horario lectivo, ratio y retribuciones.

ANPE defiende que ha llegado el momento de acabar con este mapa fragmentado. La equidad no puede depender del código postal. Por eso reclamamos un marco estatal de referencia que garantice derechos comunes para docentes y oportunidades iguales para el alumnado en todo el territorio.

Retos inmediatos: estabilidad, plantillas y ratios

El sistema educativo arrastra problemas estructurales que deben abordarse sin dilación:

• Estabilidad normativa: demasiadas leyes y reformas en poco tiempo. Urge un acuerdo de mínimos por la Educación que dé seguridad a centros, familias y alumnado.
• Reducción de la temporalidad: las tasas de interinidad siguen disparadas. Hace falta un incremento real y sostenido de plantillas.
• Bajar ratios y reforzar apoyos: sin aulas más reducidas ni más orientadores, y especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, o profesorado de apoyo, la inclusión será siempre incompleta.

Y sobre todo, se ha de avanzar en un marco común de la profesión docente que establezca criterios claros en aspectos esenciales como el horario lectivo y la ratio por aula. La dispersión actual no puede perpetuarse.

El reto invisible: bienestar y salud

“La educación no puede seguir siendo rehén de la confrontación política. El profesorado no puede continuar soportando desigualdades y sobrecargas sin reconocimiento.”

El malestar emocional ya no es un asunto secundario. Cada vez más adolescentes sufren ansiedad, estrés o depresión, mientras que el profesorado arrastra un desgaste creciente, fruto de la sobrecarga burocrática, la falta de reconocimiento y, en algunos casos, la conflictividad en las aulas.

ANPE exige recursos específicos, planes de prevención y profesionales especializados. Sin bienestar emocional, no hay educación de calidad.

Más inversión, mejores resultados

La ecuación es sencilla: sin recursos, no hay mejoras. España debe alcanzar al menos el 5% del PIB en educación en esta legislatura. Solo con esa financiación será posible bajar ratios, ampliar plantillas, atender la diversidad y garantizar el bienestar emocional en los centros.

La dignidad también se mide en el salario

El profesorado arranca el curso con salarios congelados. A esta injusticia se suma la deflactación de las tablas salariales, que agrava una pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años.

ANPE reclama un aumento retributivo inmediato y sostenido que sitúe al profesorado en el nivel de responsabilidad que merece. Dignificar la profesión pasa también por reconocerla económicamente.

MUFACE: un modelo a defender

El sistema de protección social de MUFACE es una de las grandes conquistas del profesorado. Pero no podemos darlo por garantizado. ANPE permanecerá vigilante para proteger su continuidad, exigir su modernización y reforzar la calidad del servicio que presta a cientos de miles de docentes.

Construir desde la negociación

ANPE lo tiene claro: las mejoras llegan con diálogo y con acuerdos, no con la negación permanente. Nuestro sindicalismo es constructivo: firme en la reivindicación, pero siempre propositivo. Sabemos que la confrontación estéril no mejora ni la profesión docente ni la educación.

Seguiremos negociando, presionando y firmando avances reales. Porque siempre hay margen de mejora y porque lo que está en juego es demasiado importante.

Un curso para no desperdiciar

La educación no puede seguir siendo rehén de la confrontación política. El profesorado no puede continuar soportando desigualdades y sobrecargas sin reconocimiento. El alumnado no debe ver hipotecado su futuro por la comunidad autónoma en la que viva.

Este curso tiene que marcar un antes y un después. Es la hora de los hechos, no de las excusas. Porque sin docentes no hay educación, y sin educación no hay futuro.

La entrada Es tiempo de hechos, no de excusas se publicó primero en Revista ANPE.

Compromiso firme de ANPE con la profesión docente

En un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra profesión, ANPE reafirma su compromiso firme e inequívoco con la defensa de los derechos del profesorado. La protección de sus condiciones laborales y su dignidad profesional constituye un acto de justicia, pero también una apuesta estratégica para la calidad del sistema educativo y, en última instancia, para el progreso de toda la sociedad.

La UNESCO, en su informe “Reimaginar juntos nuestros futuros” (2021), recuerda que “el profesorado no solo transmite conocimiento, sino que moldea valores, actitudes y competencias esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo sostenible”. En este sentido, fortalecer a los docentes implica cimentar las bases de sociedades más justas, inclusivas y resilientes.

No puede haber educación de calidad sin docentes reconocidos, protegidos y motivados. La mejora del sistema educativo pasa ineludiblemente por el respeto y la promoción de la función docente, entendida como una profesión esencial de servicio público, cuyo desempeño impacta en las trayectorias vitales de millones de estudiantes.

El papel clave de la negociación colectiva y el diálogo social

En una etapa caracterizada por la aceleración de los cambios tecnológicos, sociales y económicos, ANPE ratifica su papel como la voz profesional, independiente y responsable de los docentes en España. La transformación de la educación exige más que nunca una acción sindical fuerte, capaz de articular la defensa de los derechos laborales en un contexto de cambios disruptivos.

Según el informe de la OCDE “Effective Teacher Policies” (2020), “los sistemas educativos más exitosos son aquellos que logran construir relaciones de confianza, participación y negociación efectiva con el profesorado”. La negociación colectiva se erige, así, en una herramienta fundamental para proteger las condiciones de trabajo, fomentar el compromiso profesional y promover la innovación educativa.

En este marco, ANPE participa activamente en las mesas de negociación, persiguiendo la mejora tangible de las condiciones laborales del profesorado y la salvaguarda de los derechos consolidados. Nuestra estrategia combina apertura al diálogo y firmeza en la defensa de principios esenciales. Entendemos que la negociación es el camino preferente, pero que, frente a retrocesos o dilaciones injustificadas, la acción sindical decidida resulta indispensable para salvaguardar la dignidad profesional.

ANPE en la defensa de MUFACE: garantizar la protección social del profesorado

Uno de los ámbitos prioritarios en la defensa de los derechos docentes es la preservación y fortalecimiento del sistema de protección social proporcionado por MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).

“No puede haber educación de calidad sin docentes reconocidos, protegidos y motivados”

El mutualismo administrativo, con más de 40 años de historia, ha demostrado ser un pilar esencial para la estabilidad laboral y el bienestar del personal funcionario, particularmente del colectivo docente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su estudio sobre mutualidades administrativas (2023), reconoce que “MUFACE ha ofrecido durante décadas una cobertura sanitaria eficiente y una alternativa de calidad dentro del sistema público”.

Desde ANPE impulsamos iniciativas públicas, interlocuciones políticas y propuestas sectoriales para garantizar una financiación adecuada y actualizar los conciertos sanitarios, preservando así el modelo de libre elección que define al mutualismo. Defender MUFACE no es solo defender un derecho histórico: es apostar por la calidad asistencial, la estabilidad laboral y el respeto a la elección personal de miles de docentes.
No aceptaremos su deterioro ni su progresivo debilitamiento. Continuaremos actuando con firmeza y responsabilidad, en todos los foros necesarios, hasta garantizar su consolidación y su mejora efectiva.

Pérdida de poder adquisitivo: una amenaza para la dignidad profesional

La situación económica actual, marcada por una inflación persistente, ha generado una preocupante pérdida de poder adquisitivo entre el profesorado. Los incrementos salariales aprobados en los últimos presupuestos generales han sido claramente insuficientes para compensar la subida de los precios, provocando un deterioro paulatino del nivel de vida del colectivo docente.

Según el informe Perspectivas Económicas 2024, de Funcas, “el sector público ha experimentado un retroceso acumulado de poder adquisitivo del 8% en los últimos cinco años”, con especial incidencia en los cuerpos educativos. Esta situación, de no corregirse, amenaza con afectar la motivación, la atracción de nuevos talentos y la permanencia en la profesión.
Desde ANPE reclamamos un plan de recuperación salarial a medio plazo,

que permita restituir la pérdida acumulada y garantizar que la retribución docente refleje adecuadamente el valor social de su función. La dignidad de la profesión docente debe traducirse en hechos concretos, no en meras declaraciones.

Las pagas extraordinarias: una cuestión de justicia y reconocimiento

Un elemento especialmente sensible en nuestra agenda reivindicativa es la recuperación íntegra del valor de las pagas extraordinarias. Aún hoy, estas no alcanzan el nivel que correspondería de acuerdo con los parámetros de equidad y reconocimiento profesional.

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), en su informe “Pay and working conditions of teachers in Europe” (2022), subraya que “unas condiciones salariales adecuadas son fundamentales para mantener altos niveles de compromiso profesional y calidad educativa”.

Por ello, ANPE considera que corregir esta anomalía histórica es una cuestión de justicia, de equidad y de respeto a la dignidad del profesorado. No cejaremos en nuestra exigencia hasta lograr que las pagas extraordinarias reflejen plenamente los derechos salariales legítimos de los docentes.

Fiscalidad justa: la necesidad de deflactar el IRPF

La política fiscal también incide directamente en la capacidad económica del profesorado. La ausencia de medidas de deflactación del IRPF frente a la inflación ha provocado un incremento efectivo de la carga tributaria sobre salarios que, en términos reales, han perdido poder adquisitivo.

“La transformación de la educación exige más que nunca una acción sindical fuerte, capaz de articular la defensa de los derechos laborales en un contexto de cambios disruptivos”

Estudios recientes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alertan de que, “sin deflactación del IRPF, la inflación actúa como un incremento encubierto de impuestos sobre las rentas del trabajo, afectando especialmente a las clases medias trabajadoras”.

El profesorado forma parte de este segmento social crucial para el sostenimiento del Estado del bienestar. Desde ANPE reclamamos una política fiscal más justa, que reconozca el esfuerzo de quienes, además de educar a las nuevas generaciones, contribuyen decisivamente a la financiación de los servicios públicos esenciales.

Firmeza, responsabilidad y visión de futuro

En definitiva, ANPE mantiene una defensa firme, serena y responsable de los derechos del profesorado. Nuestro compromiso en los procesos de negociación es inequívoco: trabajamos con rigor y espíritu constructivo para alcanzar avances reales, pero también actuamos con la firmeza necesaria para impedir cualquier retroceso.

Como señala Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, “los docentes son el corazón de cualquier cambio educativo exitoso”. Defender sus derechos no es un acto de corporativismo, sino un imperativo social para garantizar el futuro de la educación pública y la calidad de vida colectiva.

Desde ANPE no cejaremos en nuestro empeño hasta lograr el reconocimiento, la dignidad y la justicia que nuestros docentes merecen. Porque, en última instancia, defender al profesorado es defender la educación, la democracia y el futuro de nuestro país.

La entrada Defender a los docentes, construir el futuro se publicó primero en Revista ANPE.

La educación pública es el pilar fundamental sobre el que se construye el futuro de nuestra sociedad. Sin embargo, este pilar solo puede sostenerse con firmeza si sus protagonistas, los docentes, cuentan con las condiciones laborales, profesionales y sociales adecuadas para desarrollar su labor con excelencia. Desde ANPE, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del profesorado y con la protección de sus derechos, dos de los ejes esenciales sobre los que venimos trabajando con determinación y responsabilidad.

La apertura de la negociación del Estatuto Docente representa una oportunidad histórica para dignificar la profesión y garantizar un marco normativo estable, justo y homogéneo en todo el territorio nacional. No podemos permitir que la carrera docente siga marcada por desigualdades retributivas, burocracia excesiva, falta de reconocimiento y ausencia de desarrollo profesional claro. Es imprescindible establecer un sistema de acceso más equitativo, definir una progresión profesional atractiva y garantizar condiciones laborales que reconozcan la enorme responsabilidad que asumen los docentes en la formación de las nuevas generaciones.

Un Estatuto Docente para el siglo XXI: dignidad y estabilidad para el profesorado

Durante años, los docentes han reclamado un Estatuto Docente que unifique y regule sus condiciones en todo el país. La falta de homogeneidad en salarios, jornadas, movilidad y acceso a la profesión ha generado un escenario de desigualdades que perjudica no solo a los docentes, sino también a los estudiantes y al conjunto del sistema educativo. ANPE insiste en la necesidad de un marco normativo que garantice:

• Un acceso más justo y eficiente: los procesos selectivos deben garantizar una evaluación objetiva de la capacitación pedagógica y la especialización en cada materia, asegurando estabilidad y evitando el abuso de la interinidad.
• Un desarrollo profesional basado en el mérito y la formación: es urgente establecer una carrera docente motivadora, con incentivos reales para la formación continua y la excelencia profesional.
• Una reducción efectiva de la carga burocrática: el tiempo del docente debe estar centrado en la enseñanza y en la atención a los alumnos, no en una burocracia excesiva que lastra su labor educativa.
• Equiparación salarial y mejores condiciones laborales: la desigualdad retributiva entre comunidades autónomas es un agravio que debe corregirse, garantizando un sistema justo y homogéneo en todo el país.
• Medidas efectivas para la salud y el bienestar laboral: es imprescindible abordar la elevada carga de estrés que enfrentan los docentes, estableciendo ratios adecuadas, garantizando el derecho a la desconexión digital y mejorando la protección ante situaciones de acoso o violencia en las aulas.

“ANPE ha asumido
un papel clave en la
defensa de Muface,
un sistema que ha
demostrado ser eficiente
y beneficioso para el
colectivo de funcionarios
docentes”

Este Estatuto no puede quedarse en meras intenciones. Debe ser un compromiso firme de la Administración con la educación pública y con los profesionales que la sostienen. Desde ANPE, trabajaremos sin descanso para que este proceso de negociación no se quede en promesas vacías y garantice derechos reales y tangibles para el profesorado.

MUFACE: una garantía irrenunciable para los docentes

MUFACE no solo es un derecho adquirido, sino un modelo de éxito que ofrece a miles de docentes la posibilidad de elegir su atención sanitaria, asegurando una cobertura efectiva en todo el país. Gracias a su funcionamiento, los docentes pueden acceder a servicios médicos tanto en el sistema público como en entidades aseguradoras privadas, una flexibilidad que contribuye al bienestar de los funcionarios y que debe ser preservada.

Sin embargo, en los últimos años han surgido preocupaciones sobre el futuro de este modelo. ANPE se ha mantenido vigilante ante cualquier intento de debilitamiento de MUFACE, exigiendo su fortalecimiento y mejora. En la plataforma intersindical, hemos trabajado para unificar fuerzas en su defensa, convencidos de que su mantenimiento es clave para garantizar la seguridad y tranquilidad del profesorado.

Cualquier intento de recorte en MUFACE supondría un golpe inaceptable a los derechos de los docentes. Su estabilidad es un elemento crucial para el bienestar del profesorado y, por tanto, para la calidad de la enseñanza. ANPE continuará luchando con firmeza para blindar este sistema y reforzar sus prestaciones, asegurando que los docentes sigan contando con una cobertura sanitaria de calidad.

El momento exige unidad y compromiso

El Estatuto Docente y la protección de MUFACE no son cuestiones aisladas, sino dos caras de la misma moneda: la necesidad de garantizar una educación pública de calidad a través del reconocimiento y la protección de sus profesionales. En este proceso, es fundamental que la Administración escuche a los representantes del profesorado y que todos los agentes implicados actúen con responsabilidad y visión de futuro.

Desde ANPE, seguiremos trabajando con firmeza, con propuestas concretas y con el objetivo claro de mejorar la situación del profesorado y, con ello, la calidad de nuestro sistema educativo. Es el momento de apostar por un Estatuto Docente que haga justicia a la labor de los docentes y de asegurar la continuidad de un modelo de protección sanitaria que ha demostrado su eficacia durante décadas.

La educación es el pilar sobre el que se construye el futuro de nuestra sociedad. Defender a los docentes es defender la educación pública. En ANPE, no daremos ni un paso atrás en esta lucha. La unidad y el compromiso son nuestra bandera, porque solo así garantizaremos el respeto, la estabilidad y la dignidad que merece el profesorado.

La entrada Unidad y Compromiso: ANPE en la Defensa del Profesorado y de Muface se publicó primero en Revista ANPE.

En el ámbito educativo, la estabilidad y el diálogo deberían ser prioritarios para garantizar una enseñanza de calidad y unas condiciones laborales dignas para quienes la sostienen. Sin embargo, en los últimos tiempos, los docentes hemos experimentado una profunda sensación de desamparo por parte de las autoridades educativas, que parecen estar demasiado ocupadas en sus propios intereses, relegando los problemas reales del sector a un segundo plano.

La educación en España necesita, ahora más que nunca, un compromiso claro y decidido de sus autoridades. El ámbito educativo no es ajeno al escenario complejo que atraviesa el país. Mientras la sociedad exige una enseñanza de calidad y desde el colectivo docente solicitamos mejoras en nuestras condiciones laborales, la respuesta de las autoridades educativas es, una y otra vez, el silencio y la falta de acción.

En ANPE, asistimos con preocupación a una falta de negociación que afecta directamente al colectivo docente y, en consecuencia, a la calidad educativa de nuestro país. En un contexto en el que la estabilidad y el diálogo deberían ser prioritarios, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha permanecido inactivo en el avance de lo previsto por la ley, dejando sin atender temas de enorme relevancia para el futuro de la profesión docente y del sistema educativo.

Observamos con preocupación cómo el diálogo y la estabilidad, pilares indispensables para una educación de calidad, se ven continuamente postergados en la agenda gubernamental, mientras las cuestiones urgentes del sector quedan sin respuesta.

Llevamos años reclamando una negociación seria sobre una amplia serie de temas que afectan directamente al profesorado y que aún hoy están sin resolver, sin un compromiso claro y sin una hoja de ruta para el futuro. ANPE considera inaceptable que temas como la regulación de la formación inicial y permanente, el código deontológico, y el diseño de un marco que asegure la dignidad y el reconocimiento de la labor docente queden en el olvido.
Desde ANPE demandamos una verdadera negociación sobre asuntos que afectan al colectivo docente, desde la mejora de las condiciones laborales o la reducción de la carga burocrática hasta el desarrollo de un marco normativo que permita una carrera profesional justa y atractiva. Son temas cruciales para el buen desempeño de una profesión que es pilar fundamental de nuestra sociedad. No obstante, estas demandas se han encontrado con una constante falta de respuestas concretas y con una escasa disposición para establecer canales de comunicación efectivos.

Dentro de ese nuevo diseño de la profesión docente, contemplado en la actual ley de educación y en el que no se ha experimentado avance alguno hasta la fecha, exigimos, entre otras cuestiones, una carrera profesional docente que permita crear un sistema que recompense el esfuerzo y la dedicación, a través de un acceso justo a la promoción profesional y el desarrollo de una estructura de incentivos acorde a la importancia de nuestra labor. La profesionalización de la enseñanza no puede ser completa sin este avance, necesario para construir una carrera sólida y reconocida en la que cada esfuerzo se vea valorado.

La aplicación de la LOMLOE ha añadido incertidumbre al ámbito educativo, y ha generado múltiples tensiones y desajustes en el día a día del personal docente. La falta de claridad en determinados aspectos y los constantes cambios en su interpretación han provocado confusión en los centros educativos, dificultando el desempeño de nuestro trabajo. La ley debería haber proporcionado soluciones y mejoras, pero en muchos aspectos ha añadido nuevas cargas burocráticas y poca flexibilidad para adaptar los contenidos educativos a las necesidades reales del alumnado, dejando sin atender aspectos clave como la reducción de ratios en las aulas y la necesaria disminución de los horarios lectivos del profesorado.

El personal docente necesita condiciones que le permitan concentrarse en el proceso educativo, sin estar sobrecargado de tareas administrativas ni tener que enfrentarse a aulas desbordadas que dificultan una atención personalizada y de calidad. Es inadmisible que los docentes inviertan una parte significativa de su tiempo en trámites administrativos, pues esto repercute directamente en la calidad educativa y en la salud mental de los profesionales. Un profesorado desgastado por papeleos y gestiones innecesarias es un profesorado menos disponible para su alumnado, y esto es algo que el Ministerio debe atender de forma urgente.

En paralelo, la elevada ratio de alumnos por aula que se da en numerosas ocasiones requiere soluciones inmediatas. Un aula masificada limita las posibilidades de una atención personalizada, impide el desarrollo de metodologías innovadoras y afecta gravemente al aprendizaje del alumnado. En este contexto se hace imposible alcanzar la excelencia educativa: es momento de que el Ministerio atienda las demandas del profesorado y garantice las condiciones adecuadas para el desarrollo de una educación pública de calidad.
Nos preocupa, además, la situación de interinidad en el sector. Sigue afectando a miles de docentes que, a pesar de su valía, continúan sin estabilidad laboral. La enseñanza necesita un profesorado comprometido y libre de la inseguridad derivada del trabajo temporal. ANPE insiste en la necesidad de poner en marcha convocatorias de procedimientos selectivos sustentadas en amplias ofertas de empleo público y en la actualización del sistema de acceso, para que todos los docentes tengan la oportunidad de estabilizar su situación laboral y contribuir a una educación de calidad sin la inseguridad de la temporalidad.
Asimismo, exigimos la equiparación salarial entre las distintas comunidades autónomas, una reivindicación histórica de ANPE que busca garantizar la igualdad de derechos de todo el profesorado a escala nacional. No es justo que, a pesar de desempeñar la misma labor y enfrentarse a los mismos desafíos, los docentes reciban remuneraciones diferentes en función de su lugar de trabajo. Exigimos la reversión de la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010 y el establecimiento de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para asegurar una remuneración justa en toda España. La educación pública es una cuestión de Estado, y la dignidad de quienes la hacen posible no debe depender de límites territoriales.

Otros aspectos críticos pendientes de negociación y mejora son la conciliación familiar y laboral del profesorado, la atención a la salud mental de profesorado y alumnado, y la implementación de planes de sostenibilidad en los centros educativos. Estos temas, fundamentales para el bienestar y la estabilidad de la comunidad educativa, requieren una atención seria e inmediata, y no pueden continuar siendo ignorados.
Además, es esencial que el Ministerio cumpla con la Disposición Adicional Octava de la LOMLOE, que prevé una inversión del 5% del PIB en educación. Esto no puede ser una cuestión de discursos y gestos, sino de una inversión real y de un compromiso decidido por parte del Gobierno.

Lamentablemente, la educación parece estar en manos de políticas que priorizan la apariencia o el discurso sobre la praxis. Los problemas del ámbito educativo no pueden resolverse con palabras bonitas; requieren un compromiso sólido y acciones concretas. Necesitamos una figura que defienda la educación con conocimiento y firmeza, que ponga en el centro del debate los problemas estructurales del sistema educativo y que trabaje codo a codo con el colectivo docente para solucionarlos. Sin embargo, la realidad se agrava cuando comprobamos que, en lugar de contar con un ministerio centrado plenamente en las necesidades del sector, la educación ha quedado relegada a la sombra de una responsable política que parece estar más interesada en seguir y promover cualquier directriz impuesta desde Moncloa que en atender las demandas de los docentes.

Desde ANPE, instamos al Gobierno y al Ministerio competente en materia de Educación a asumir un compromiso real con la educación; a abrir, de una vez por todas, un canal de diálogo con el colectivo docente y a atender nuestras reivindicaciones. La educación es el futuro del país, es el pilar de nuestra sociedad y no puede seguir esperando. Necesitamos una política educativa que priorice el fortalecimiento de la profesión docente y permita el desarrollo de una enseñanza pública de calidad. La educación en España no puede esperar más. Es el momento de escuchar a quienes trabajan día a día en las aulas y de construir juntos un sistema educativo digno y de calidad para todos. 

La entrada La educación sumida en una desilusionante y larga espera se publicó primero en Revista ANPE.

Urge alcanzar el consenso preciso para lograr, con la imprescindible participación del profesorado, un acuerdo de mínimos que dote de la necesaria estabilidad y perdurabilidad al sistema educativo, y permita poner fin a la brecha entre comunidades autónomas y mejorar el rendimiento del alumnado.

La mejora del rendimiento escolar ha de ser una prioridad para cualquier Gobierno. Abordar la búsqueda de soluciones o posibles estrategias para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar –elevadas y lejos de los objetivos previstos– debe comenzar por establecer actuaciones destinadas a disminuir las tasas de repetición y afrontar la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, inalterables desde la antigua LOGSE.

Frente a este panorama incierto y ante la creciente tendencia a derivar a los centros escolares la búsqueda de soluciones a una amplia variedad de problemas sociales que sobrepasan el ámbito educativo, resultan imprescindibles la participación y la coordinación de las distintas administraciones públicas para fortalecer el sistema de enseñanza y abordar este curso los retos pendientes del sistema educativo y las mejoras que reclama el profesorado.

Resulta inaplazable la negociación de un nuevo diseño de la profesión docente, tal como dispone la propia ley orgánica educativa. Es prioritario elaborar un Estatuto Docente que regule la profesión desde la formación inicial hasta la jubilación y establezca la carrera profesional. La amplia diversidad de las aulas, las necesidades de inclusión educativa en los centros y la exigencia de facilitar el trabajo del profesorado son factores que obligan a acometer la imprescindible disminución de las ratios máximas de alumnado por aula, que posibilitaría una enseñanza y atención más individualizadas y, por tanto, una mejora de la calidad del sistema educativo. De forma paralela, no se puede dilatar más la reducción del horario lectivo del profesorado, lo que redundaría en una mejor atención individualizada al alumnado. Por ello, solicitamos la modificación de la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, con el fin de que se reduzca el número máximo de horas lectivas semanales de docencia directa para el profesorado de todo el Estado.

“Es prioritario elaborar un Estatuto Docente que regule la profesión desde la formación inicial hasta la jubilación y establezca la carrera profesional”

Otros asuntos pendientes

Son varios los asuntos pendientes de abordaje, como la disminución drástica de las tareas burocráticas del profesorado, que están dificultando notablemente su labor propiamente docente; la revisión urgente del concurso general de traslados con la finalidad de mejorar la movilidad del profesorado; el impulso a los desarrollos normativos derivados de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores o la situación del personal docente del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP que no se ha integrado en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

Nuestro sistema educativo público se ha de fortalecer mediante el aumento progresivo de las plazas gratuitas en la educación de 0 a 3 años, así como con el incremento de la oferta de plazas en la Formación Profesional, donde asistimos con preocupación a un aumento exponencial de la oferta privada, que, en muchos casos, se sustenta en fondos de inversión. También se debe proporcionar a los centros mayores recursos y medios, tanto humanos como materiales, para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, con el fin de atenderlo en las mejores condiciones y posibilitar que los centros de educación especial, además de acoger al alumnado que requiere una atención muy especializada, funcionen en la práctica como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, como establece la LOMLOE.

En el contexto actual, resulta esencial potenciar el compromiso de las administraciones competentes para enfrentarse al incremento de los problemas de salud mental en los centros educativos, garantizando la existencia de un servicio de enfermería escolar y la participación de personal especializado.

En el plano retributivo, ANPE reclama que se revierta la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el personal docente desde la drástica reducción salarial de 2010 y acentuada por las elevadas tasas de inflación de los últimos años, así como que se establezca una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, para evitar que esta situación se repita en el futuro.

Respecto a las infraestructuras educativas, que en muchos casos datan de hace más de setenta años, ANPE ha solicitado, en el ámbito de la mesa de negociación del Ministerio, la coordinación entre administraciones para actualizarlas y adecuarlas de forma generalizada. El Gobierno ha de planificar, de forma coordinada con el resto de las administraciones públicas, la necesaria adaptación climática de los centros, de acuerdo con un estudio previo de las necesidades de cada uno de ellos, para garantizar su óptima climatización y sostenibilidad energética.

Ha comenzado un nuevo curso en el que, usando como pretexto el informe de turno, se repiten las mismas polémicas de otros años. Desde el punto de vista mediático se pone el acento en el sueldo del profesorado, la jornada escolar y de trabajo de los docentes, y la excesiva repetición del alumnado. Y, a buen seguro, una vez haya avanzado el curso, aparecerá en escena el gran clásico: la eterna diatriba sobre los deberes escolares. Todas estas cuestiones, que, lejos de arrojar certezas, enturbian y provocan incertidumbre, serán analizadas con detalle en nuestra revista, una vez más.

No podemos seguir soportando las consecuencias derivadas de la continua confrontación en el debate político-educativo. Necesitamos menos controversia ideológica, más recursos y priorizar las soluciones a los verdaderos problemas del profesorado y de nuestros centros, comenzando por desbloquear sin más dilación la completa puesta en marcha del plan de refuerzo de matemáticas y lectura, anunciado en su día por el presidente del Gobierno y muy lastrado por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

ANPE se movilizará junto al personal docente ante cualquier recorte educativo, medida o actuación que afecten directamente a la calidad de la enseñanza y contribuyan a la pérdida injustificada de puestos de trabajo y al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado. Pero lo hará desde su independencia y con responsabilidad, alejándose de cualquier connotación política, defendiendo siempre los legítimos intereses profesionales de los docentes y advirtiendo de que no contribuirá a la radicalización del conflicto ni al enfrentamiento político, ni tampoco a servir a otros intereses que no respondan a los estrictamente propios del profesorado.

Es fundamental que el Ministerio de Educación, FP y Deportes escuche al personal docente, así como que lidere y acuerde, junto a las comunidades autónomas, la puesta en marcha de las medidas que proponemos con el objetivo de fortalecer el sistema educativo, paliar las diferencias existentes entre territorios y garantizar que el derecho a una educación de calidad sea una realidad.

La entrada Proteger la enseñanza pública y a su profesorado se publicó primero en Revista ANPE.

José Francisco Venzalá González
Presidente Nacional de ANPE

En las postrimerías de este curso, encontramos el momento propicio para analizar y reflexionar sobre todos aquellos aspectos que han marcado su desarrollo. Un curso enmarcado en un entorno social, político y económico cuando menos complejo, muy especialmente por el devenir político que ha generado inestabilidad en la vida de los ciudadanos y trasladado la transitoriedad al ámbito educativo.

No podemos continuar en esta dinámica de continuos vaivenes legislativos sin dar respuesta a las necesarias mejoras que necesita nuestro sistema educativo. Corresponde al Ministerio de Educación, junto con las Comunidades Autónomas, liderar, coordinar e impulsar las ineludibles reformas para vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todo el alumnado, revertir los recortes y revalorizar la profesión docente.

Un curso que finaliza con movilizaciones y convocatorias de huelga en varias Comunidades Autónomas, en un contexto de hartazgo ante los sucesivos vaivenes normativos y el incremento cada vez mayor de la burocracia. Lo que, unido a la falta de respuesta a las verdaderas necesidades de los docentes de la enseñanza pública y del sistema educativo, como la disminución del horario lectivo del profesorado, el incremento de plantillas, la reducción de ratios, la reducción de la tasa de interinidad, o la climatización de las aulas, entre otras medidas, nos ha obligado a movilizarnos.

Son muchos y de gran relevancia los asuntos pendientes de resolver. Con relación a la estabilidad de las plantillas docentes, ANPE ha solicitado en el ámbito de la Mesa de negociación del Ministerio la necesidad de implementar de forma coordinada con las administraciones autonómicas las actuaciones dirigidas a la realización de un informe riguroso y contrastado sobre los resultados de los diferentes procesos de estabilización del personal docente que permita realizar una valoración de los mismos.

Del mismo modo, para garantizar una óptima climatización y eficiencia energética de los centros educativos, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha de coordinar con las distintas administraciones autonómicas una planificación acorde a un estudio previo de las necesidades de cada centro.

Realizando una mirada hacia atrás, no podemos olvidar que nuestra actual ley educativa nació lejos del consenso necesario, y tanto su tramitación, promulgación e implantación se realizaron en un escenario lleno de incertidumbres y crispación política y mediática. Tras su entrada en vigor, ya desde el comienzo surgieron los obstáculos, comenzando por los retrasos en la publicación de los reales decretos de enseñanzas mínimas que marcaron el punto de arranque de esta ley. Como consecuencia, los retrasos de los respectivos currículos autonómicos junto a la puesta en escena de nuevos elementos dificultaron el arranque del pasado curso.

A pesar de ello, el Ministerio de Educación no ha aprendido la lección, generando un nuevo retraso curricular, en la Formación Profesional en este caso y donde quedan aún muchos aspectos por resolver como el desarrollo de la propia Ley o la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP. En este sentido, ANPE reclama una respuesta a la situación de los compañeros que no se han podido integrar y de los docentes interinos de las especialidades integradas en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

Si podemos denominar o calificar este curso que finaliza, de algún modo, es de decepcionante. ANPE ha reivindicado y alertado en todos los foros en los que ostenta representación, sobre el retraso relacionado con el desarrollo de la disposición adicional séptima, relativa al futuro diseño de la profesión docente. Abordar la situación del profesorado y dignificar la profesión docente es esencial.

Exigimos al Ministerio que aborde la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación, promesa incumplida sistemáticamente en todas las legislaturas. Como premisa previa al Estatuto Docente, resulta imprescindible el mantenimiento de los cuerpos estatales, su derecho a la movilidad en todo el territorio nacional y la equiparación salarial en todas las CCAA.

Por el contrario, asistimos estupefactos a la absoluta inacción por parte de quienes han promovido la actual ley y debieran ser los más interesados en su avance y desarrollo. Nada más lejos de realidad: ni una sola acción en este sentido, tras la publicación por la ministra de un documento con veinticuatro propuestas para el debate, que tal y como trasladamos en su día dista de lo que ha de ser el futuro estatuto de la función pública docente o la necesaria ley que regule la profesión docente en los tres ámbitos: público, concertado y privado.

Una decepción que cobra mayor énfasis, conforme la burocracia sigue envolviendo el día a día del docente y los centros educativos se convierten en la respuesta fácil y recurrente de la administración de turno, para dar respuesta a la multitud y diversidad de circunstancias que afectan a nuestra sociedad y muy especialmente a nuestros jóvenes. El perfil y competencias de los futuros docentes ha de estar en consonancia con la nueva realidad y diversidad de nuestras aulas, y ello pasa por dotar al profesorado de la formación y herramientas necesarias para abordar cuestiones relacionadas con aspectos emocionales e incluso con la salud mental.

Tras el aumento de casos relacionados con la salud mental y el estado emocional, del alumnado y profesorado, reflejado en nuestro último informe del Defensor del Profesor, reiteramos la necesidad de un compromiso firme de las administraciones competentes para abordar este grave problema en nuestros centros educativos. La presencia de una enfermera escolar, y la participación de personal especializado en este ámbito son claves para paliar los graves efectos de esta situación.

Los cambios vertiginosos de nuestra sociedad, con una juventud inmersa en la tecnología, unidos al papel que desempeña el centro educativo como referente social en la comunidad, animan a la puesta en marcha y desarrollo de multitud de protocolos y actuaciones que en muchos casos no cuentan con la dotación de recursos necesarios por parte de las administraciones, salvándose determinadas situaciones gracias al compromiso e implicación de los docentes.

Desde ANPE, reivindicamos una correcta coordinación entre las administraciones central, autonómicas y locales, que aseguren la dotación de los recursos económicos y personales necesarios para atender debidamente y en las mejores condiciones la realidad de nuestros centros educativos, como sucede con las necesidades extraordinarias de escolarización del alumnado de origen inmigrante que desconoce el idioma castellano, y la aparición de circunstancias extraordinarias que hoy se salvan o superan, únicamente gracias a la profesionalidad del personal docente.

Por ello, ya es hora de abordar las mejoras que nuestra profesión y nuestro sistema educativo necesitan, comenzando por la disminución de la ratio en las aulas, la reducción del horario lectivo del profesorado y poner fin a las desigualdades sociolaborales entre territorios.

No podemos continuar en el inmovilismo. ANPE ha trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la necesidad de avanzar en cuestiones esenciales que afectan a nuestra profesión, como una revisión del sistema de ingreso y acceso y la correspondiente actualización de temarios, el establecimiento de una carrera profesional atractiva, la inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 con reclasificación de niveles a partil del 24, o la necesaria reforma de la formación inicial.

Y todo ello en un contexto extremadamente difícil, donde la batalla política se ha trasladado al ámbito educativo y lastra cuestiones esenciales como los futuros presupuestos y, por extensión, las partidas económicas destinadas a la educación. Lejos de mejorar, los funcionarios públicos docentes ven continuamente lastradas sus condiciones retributivas ante el avance imparable del IPC y las exiguas e insuficientes subidas salariales que otros consienten, y que ANPE ha denunciado como claramente insuficientes para recuperar la enorme pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Todo ello inmerso en una realidad demoledora: la clase media en la que salarialmente se encuentra el colectivo docente, es la que soporta y contribuye en mayor medida al pago del IRPF. El Banco de España calcula que los contribuyentes pagaron 11.000 millones de más en el IRPF entre 2019 y 2023, por la decisión del Gobierno de no ajustar este impuesto a la subida de los precios y no deflactar las tablas, lo que hubiera mejorado la renta de las familias y beneficiado al consumo en general.

Estos y otros muchos aspectos hacen que no podamos perder más oportunidades y se apueste de manera real y efectiva por la educación, como principal referente y garante de futuro, y por su profesorado. Nuestro país no puede seguir soportando los resultados que de forma periódica arrojan los diferentes informes, tanto nacionales como internacionales, y que ponen en evidencia las debilidades de nuestro sistema educativo, y lo que resulta aún más preocupante, la falta de equidad e igualdad entre territorios. 

Y para ello es necesario altura de miras, apartar las diferencias políticas e ideológicas y construir desde el consenso y la responsabilidad. Haber ignorado estos postulados nos ha situado, ley tras ley, en proyectos agotados antes de nacer y en una sucesión de lamentables oportunidades perdidas para haber llevado a cabo la reforma global, profunda y con visión de futuro que necesita la educación en España.

La educación, ahora más que nunca, ha de ser una verdadera prioridad para el Gobierno. Una educación que ha de ser garante de un mejor futuro laboral y de la transmisión de principios y valores democráticos, principios que conforman el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y que se han de preservar como una cuestión de Estado que afecta a todos por igual. 

La entrada Una nueva oportunidad perdida se publicó primero en Revista ANPE.

Podríamos estar celebrando una excelente noticia de no ser porque llueve sobre mojado. No en vano, ya lo anunció en su día el presidente Zapatero y, a partir de ahí, uno tras otro, responsables de uno y otro signo, han ido anunciando sucesivamente más de lo mismo. Ojalá por fin haya llegado verdaderamente el momento y la hora del profesorado.

La situación, lamentablemente, no invita al optimismo. Es más, como hemos venido indicando desde la entrada en vigor de la actual ley orgánica de Educación, la LOMLOE, desde ANPE hemos denunciado cómo, a pesar de incluir la disposición adicional séptima que contempla el nuevo diseño de nuestra profesión, amén de un documento insuficiente con veinticuatro propuestas para el debate, no hemos avanzado absolutamente nada. Lejos de ello, una vez más asistimos y nos vemos inmersos en un escenario altamente politizado e ideologizado, donde los continuos reproches hacen que nuestra educación transite, como así viene sucediendo desde hace años, por la senda de la incertidumbre y la inestabilidad.

La educación, el centro educativo, y por derivación directa el docente, se sitúan en el centro de la diana ante cualquier problemática de índole social que afecte muy especialmente a nuestros jóvenes. El centro educativo no puede ser esa piedra filosofal que cual caja de pandora dé respuesta a los diferentes y múltiples problemas que, como la conciliación familiar, afectan a nuestra sociedad, y que requieren de la participación de diferentes estamentos y administraciones para su óptima resolución.

Muy al contrario, observamos cómo tras cada publicación de los diferentes estudios e informes, tanto nacionales como internacionales, bien como una huida hacia delante o con fines electorales, o ambos, en la mayoría de las ocasiones se adoptan soluciones de emergencia ante los datos arrojados por los indicadores, que por regla general hacen su puesta en escena inmersas en una gran controversia y rodeadas de discusión.

Buen ejemplo de ello lo encontramos en el debate generado a raíz de la propuesta de mejora reflejada en el Informe 2023 sobre el estado del sistema educativo correspondiente al curso 2021-2022, en el que el Consejo Escolar del Estado propone la reflexión sobre la conveniencia de que el sistema educativo debata la extensión de la obligatoriedad de la formación y la educación hasta los 18 años.

Ya en el pasado mes de octubre, previo a la investidura, en la reunión celebrada en el propio Consejo Escolar del Estado, Pedro Sánchez expresó la idea de ampliar el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, extendiendo la escolarización de cero a dieciocho años y promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como de Formación Profesional. Un tema controvertido desde hace años, máxime cuando, a pesar de haber descendido unas décimas en 2023, la tasa de abandono educativo temprano sigue siendo elevada en nuestro país.

Un asunto que requiere una reflexión y estudio en profundidad, analizando todas las perspectivas y consecuencias, muy especialmente la económica, puesto que por encima de todo se ha de preservar la calidad y dotación de los recursos necesarios en la enseñanza pública.

De llevarse a cabo, no se ha de tratar de mantener a los alumnos en el aula a cualquier precio. Habría que comenzar por una verdadera y profunda reforma de nuestro sistema educativo, haciéndolo más flexible en cuanto al acceso y pasarelas entre estudios, y cubrir así los intereses y diferentes motivaciones del alumnado, sin que todos hayan de recorrer el mismo itinerario formativo. Para ello habría que comenzar por una Formación Profesional que dé justa respuesta a las expectativas de nuestros jóvenes, que ven cómo en un elevado número no pueden cursar las especialidades que resultan de su interés o para las que están motivados.

No menos relevante a nivel mediático ha sido el anuncio del presidente del Gobierno, de la puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora, a raíz de los malos resultados del último informe PISA. Una medida que aplaudimos en cuanto que significa inversión en el área educativa, pero que no es la solución a los problemas que se pretende afrontar y no deja en definitiva de resultar una medida claramente insuficiente.

La situación reflejada por el informe PISA viene de lejos, lo que debería haber motivado la puesta en marcha de actuaciones estructurales, y no coyunturales. Nuestro sistema educativo está sometido a constantes cambios y vaivenes derivados de las sucesivas leyes orgánicas de Educación, ninguna de las cuales se ha acercado siquiera a los diez años de vigencia que se precisan como mínimo para realizar un balance sobre los efectos y alcance de su implantación. Ninguna actuación que no asuma la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo llevada a cabo desde el consenso político mediante al menos un acuerdo de mínimos, y con la participación activa del profesorado y sus representantes, así como del resto de actores implicados para asegurar la necesaria estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, no podrá ser más que un parche o remiendo coyuntural.

Ojalá, como ha anunciado la ministra, haya llegado el momento para el profesorado, pero para conseguirlo hay que demostrar una clara voluntad de hacerlo, y llegados a este punto, de hacerlo bien. De lo contrario, esta oportunidad podría de nuevo malograrse. Tras tan larga espera, ANPE no avalará un Estatuto a cualquier precio y sin las mínimas garantías para el profesorado. Sí queremos y haremos lo posible por conseguir esta reforma en una doble vertiente: por un lado, una Ley o norma que regule la profesión docente con el establecimiento de una identidad profesional, un código deontológico, los requisitos habilitantes y formación inicial para la docencia no universitaria, los procedimientos de ingreso y acceso a la función pública docente, los derechos y deberes del profesorado, sus funciones, la libertad de cátedra y autonomía pedagógica, el ordenamiento jurídico de los centros educativos, la prevención de riesgos laborales y salud laboral, entre otras cuestiones. Por otro lado, un Estatuto que regule desde el ingreso y acceso a la función docente en el ámbito de la enseñanza pública, hasta la jubilación, contemplando el ingreso y acceso a la función pública docente, la estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes, el modelo de carrera profesional, jornada de trabajo, vacaciones y permisos, la provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes, las incompatibilidades, retribuciones y jubilación.

Eso sí, se deberá garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo referente a políticas del profesorado, estableciendo claramente las competencias de las diversas administraciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitando las claras y existentes desigualdades entre comunidades autónomas. Una reforma que nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas, en el marco de la negociación sindical. Y como denominador común, poner fin al exceso de burocracia que lastra la labor docente.

Como respuesta al anuncio del presidente, el líder de la oposición situó en el centro del debate educativo, varios días después, el compromiso de poner en marcha una EBAU común para 2025, en todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. En este sentido, cabe recordar que nunca ha existido un examen único de acceso a la universidad, desde su creación en 1974 para todos los distritos universitarios del Estado. Hasta 2001 no se creó el distrito universitario único para que se pudiese acceder a cualquier universidad con la selectividad realizada en cualquier distrito universitario, pues anteriormente sólo se permitía acceder al distrito correspondiente.

No obstante, es necesario caminar hacia la máxima homogeneización posible de las pruebas, lo que pasa por unos criterios de calificación únicos en todos los territorios y una estructura de pruebas lo más similar posible que contemple, al menos, un mínimo de los contenidos ajustados al real decreto de enseñanzas mínimas, previamente acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Una prueba única o idéntica para todo el Estado resultaría inviable, atendiendo a la actual distribución de competencias curriculares entre el Estado y las comunidades.

En este escenario mediático convulso, y en parte incierto, que envuelve al ámbito educativo, y ante las expectativas anunciadas por la ministra, exigimos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes un nuevo y definitivo impulso hacia un verdadero proceso negociador con los legítimos representantes del profesorado, que permita, con nuestra ineludible implicación y participación, avanzar en la reforma o nuevo diseño de nuestra profesión y dar respuesta a las exigencias y mejoras necesarias que requiere nuestra educación. 

José Francisco Venzalá González
Presidente Nacional de ANPE

La entrada ¿Habrá llegado el verdadero momento para el profesorado? se publicó primero en Revista ANPE.