El presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, ha afirmado durante la concentración que “no puede seguir habiendo docentes de primera y de segunda dentro de la enseñanza pública” y ha advertido de que “el Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado ante una desigualdad profesional que perdió toda justificación hace años”.

Todos los docentes al A1

Asimismo, ha defendido que la integración en el subgrupo A1 debe ir acompañada de un incremento de los complementos de nivel para todos los cuerpos docentes para que vean así incrementadas sus retribuciones de manera proporcional.

Para la organización sindical, la clasificación actual transmite una imagen devaluada de las etapas de infantil y primaria, cuando son decisivas para el desarrollo cognitivo del alumnado y para la prevención del fracaso escolar. En este sentido, recuerda que otros colectivos docentes ya han sido integrados en el subgrupo A1, como los Profesores Técnicos de FP con título de grado o equivalente, o están en vías de integrarse, como los Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Jubilación anticipada a los 60 años

Los representantes sindicales de ANPE han reivindicado también ante el Ministerio la extensión del derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años con 30 de servicio a todo el profesorado, independientemente de su régimen de cotización. Actualmente, solo quienes ingresaron en la función pública antes de 2011 —adscritos al régimen de Clases Pasivas— pueden jubilarse a esa edad. Quienes ingresaron a partir de esa fecha pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social y no tienen ese derecho, por lo que se ven obligados a retrasar su retiro hasta los 67 años, o hasta los 65 si tienen un tiempo mínimo cotizado.

Ante esta desigualdad, el sindicato reclama que todo el profesorado pueda acogerse a la jubilación anticipada y que, además, se recuperen las gratificaciones extraordinarias vinculadas a ella, que antes actuaban como incentivo para la renovación de las plantillas.

Venzalá ha reclamado al Ministerio la apertura de una negociación específica sobre estas cuestiones y ha señalado que ANPE continuará impulsando acciones hasta que se corrija lo que considera dos «anomalías históricas”. “No se trata solo de cuestiones administrativas. Estamos hablando de reconocimiento profesional, de dignidad laboral y de justicia para todo el profesorado”, ha señalado.

La concentración se ha celebrado coincidiendo con el Congreso Nacional de ANPE, que reúne estos días en Madrid a representantes del sindicato procedentes de toda España.

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La extensión de la posibilidad de la jubilación anticipada incentivada a todo el personal docente de la enseñanza pública es una de las reivindicaciones estratégicas fundamentales de ANPE, dirigida a recuperar derechos perdidos, mejorar la salud laboral y favorecer la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas del sistema educativo público.

Defendemos firmemente el establecimiento de esta modalidad de jubilación como un pilar primordial del futuro Estatuto de la Función Pública Docente con carácter básico estatal, a fin de evitar desigualdades territoriales y garantizar condiciones homogéneas en todo el Estado. Es necesario que los grupos de trabajo conformados por el Ministerio de Educación para elaborar el estatuto, que llevan paralizados más de un año, se reactiven para avanzar, entre otros, en este asunto.

Actualmente, solo el personal funcionario que accedió al servicio público antes de 2011 –es decir, el adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado– puede jubilarse con 60 años de edad y 30 de servicio. El personal funcionario que accedió después de esa fecha, adscrito al Régimen General de la Seguridad Social, no puede acogerse a la jubilación anticipada y se ve obligado a retrasar su retiro hasta los 67 años o anticipadamente a los 65 años con un tiempo mínimo cotizado, lo que repercute negativamente en su salud física y psicológica.

Desde ANPE defendemos un modelo flexible que permita mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, posibilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años para aquellos docentes que así lo deseen por motivos personales o profesionales, y extender al profesorado del Régimen General de la Seguridad Social el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio, una medida esencial en una profesión sometida a elevados niveles de exigencia física y emocional.

Nuestra propuesta incluye la recuperación de las gratificaciones extraordinarias vinculadas a la jubilación anticipada, que antes actuaban como incentivo para la renovación de las plantillas docentes. Asimismo, reivindicamos que el Gobierno garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y aplique determinadas mejoras asistenciales, como el incremento de las ayudas de MUFACE para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos, equiparando en este aspecto las condiciones del mutualismo administrativo a las del sistema general de la Seguridad Social.

Herramienta para mejorar el sistema educativo

La jubilación anticipada no solo es una cuestión de derechos laborales, sino también una herramienta eficaz para mejorar la calidad del sistema educativo, al favorecer el relevo generacional y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas en las últimas etapas de la carrera docente.
Por ello, exigimos al Gobierno el desarrollo de un modelo de jubilación docente justo, equitativo y adaptado a la realidad de la profesión, que reconozca el desgaste asociado a la labor educativa y garantice condiciones dignas para todos los docentes, con independencia de su régimen de cotización.

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• Garantizar en condiciones de igualdad la calidad asistencial en todo el territorio nacional, evitando las diferencias entre comunidades autónomas.
• Supervisar que las entidades de asistencia sanitaria mantengan cuadros médicos amplios y suficientes, evitando la pérdida de especialistas y centros sanitarios.
• Establecer un acceso rápido a especialistas en todas las provincias y reducir las listas de espera y desplazamientos.
• Reforzar la cobertura sanitaria en zonas despobladas y territorios periféricos garantizando la equidad territorial.

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ANPE, el sindicato con mayor representación entre el profesorado de la enseñanza pública, ha reelegido a Francisco Venzalá González como presidente Nacional para los próximos cuatro años durante su X Congreso Sindical Nacional, celebrado los días 22 y 23 de mayo en Madrid.
El Congreso, máximo órgano de gobierno, dirección y administración del sindicato, reunió a 375 delegados y más de 30 invitados de toda España, además de a diversas autoridades.

En el encuentro se ha elegido también al Secretariado Permanente Estatal que acompañará a Venzalá en su segundo mandato al frente de ANPE. La nueva composición del órgano se caracteriza por la continuidad, tras cuatro años de intenso crecimiento del sindicato en el conjunto del país. En la vicepresidencia repite Sonia García Gómez.

Tras su elección, Francisco Venzalá resaltó el “orgullo” de seguir representando a ANPE y se comprometió a trabajar por hacer al sindicato “todavía más grande”. En su discurso, destacó que va a seguir apostando por las señas de identidad de la organización, que asumió como propias: profesionalidad, independencia y responsabilidad, “Reivindicamos con firmeza, pero también con coherencia y seriedad, porque somos conscientes de que las mejoras se consiguen mediante el acuerdo”, subrayó.

El presidente de ANPE mostró el apoyo del sindicato al nuevo proyecto de ley de reducción de ratios y del horario lectivo del personal docente, pero recalcó que hace falta avanzar en muchos aspectos en cuanto a las condiciones del profesorado y a la mejora de la enseñanza pública. En este sentido, insistió en la necesidad de que se acelere la negociación de un estatuto y de una ley de la función docente, pendientes desde la aprobación de la LOMLOE.

En la inauguración del congreso estuvo presente el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Abelardo de la Rosa, quien resaltó la “relevancia” de ANPE como actor educativo “imprescindible”, por su representatividad y su papel en la negociación colectiva.

Por su parte, en la jornada de clausura intervino Miguel José Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Pablo Quesada Ruiz, viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Alberto Galiana García, consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Paula Figueiras, presidenta de la Asociación Nacional de Profesores de Portugal, Marcello Pacifico, presidente nacional del sindicato italiano de docentes ANIEF, Klaus Heeger, secretario general de CESI, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, de la que ANPE forma parte, y la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca.

También participaron representantes de una amplia representación de partidos políticos, otros sindicatos españoles, asociaciones, y otros actores del mundo educativo desde áreas como la tecnología o la investigación.

Memoria y ponencia

En el seno del Congreso se aprobó la memoria estatal de ANPE 2022-2026, un periodo en el que la organización se ha situado como primera fuerza sindical del profesorado de la educación pública a escala estatal.

De igual forma, fue aprobada una ponencia marco titulada El valor de la profesión docente y coordinada por el secretario de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo. La ponencia, estructurada en dos grandes bloques temáticos (“Política educativa y profesorado” y “Estrategia sindical para un proyecto común”), fue presentada por Izquierdo como “una hoja de ruta y un compromiso colectivo para dignificar la labor docente ante las transformaciones del sistema educativo”.

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Entre los principales puntos de convergencia destaca la cuestión salarial. Ambas organizaciones denuncian que los incrementos retributivos no compensan la inflación y reclaman medidas estructurales para devolver dignidad económica a la profesión docente.
Existe también una fuerte coincidencia en la necesidad de reducir el número de alumnos por aula, reforzar las plantillas y garantizar una escuela verdaderamente inclusiva, capaz de responder a las necesidades educativas de los estudiantes y de mejorar las condiciones laborales del profesorado.

ANIEF y ANPE comparten además la batalla contra el abuso de la temporalidad en la escuela pública. Mientras ANPE solicita planes extraordinarios de estabilización y reducción de la interinidad en España, ANIEF continúa en Italia su acción sindical y judicial para garantizar el respeto de la normativa europea contra el uso reiterado de contratos temporales.

Las dos organizaciones comparten asimismo la necesidad de fortalecer el reconocimiento social de los docentes, reducir las cargas burocráticas y garantizar pensiones adecuadas al valor de la función educativa desempeñada por el personal escolar.

El diálogo entre ANIEF y ANPE confirma que, a nivel europeo, el mundo de la educación afronta problemas comunes: falta de personal, pérdida de poder adquisitivo, dificultades para garantizar inclusión y calidad educativa, crecimiento de la precariedad y aumento de la carga de trabajo.

Por ello, ambas organizaciones consideran fundamental reforzar la colaboración entre los sindicatos independientes europeos, promoviendo iniciativas comunes en defensa de la escuela pública, de los trabajadores de la educación y de la calidad del sistema educativo.

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1. Estabilización de las plantillas: convertir por ley todas las vacantes estructurales en vacantes a plazas fijas.
2. Convocatorias realistas: ofertas de empleo público periódicas y masivas que garanticen la continuidad de los equipos docentes.
3. Protección del poder adquisitivo: actualización de salarios y deflactación del IRPF frente a la inflación.

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Más de un millón de empleados públicos, entre los que se incluyen cientos de miles de docentes, no han cobrado nunca una paga extraordinaria íntegra. Prácticamente una generación entera. Y no es porque se les aplique una normativa diferente a la del resto del personal al servicio de la Administración, sino porque han accedido a la función pública después de los recortes impuestos por el Gobierno en 2010, con motivo de la crisis económica iniciada dos años antes. Tres lustros después, continuamos sufriéndolos en las pagas extra sin que haya un solo motivo que lo justifique.

Esto entraña un riesgo evidente, con el que han jugado los distintos gobiernos: el de la normalización. Para buena parte de quienes se han incorporado al empleo público en los últimos quince años, esta situación no se vive como una pérdida, sino como una condición dada. No tienen memoria profesional de un escenario distinto y, por tanto, tampoco una conciencia clara de lo que han dejado de percibir. Así, lo que nació como una respuesta temporal a una crisis económica ha terminado por integrarse silenciosamente en la estructura retributiva.

La situación plantea también interrogantes de futuro. Ciñéndonos al ámbito educativo, si las condiciones excepcionales se consolidan sin revisarse el resultado será una profesión menos atractiva, con mayores dificultades para atraer y retener talento, y con un reconocimiento económico que no se corresponde con la responsabilidad que implica. Las decisiones que se toman hoy –y también las que dejan de tomarse– condicionan inevitablemente el mañana.

Después de tantos años, la pregunta sigue siendo pertinente: ¿por qué una medida concebida como temporal y circunscrita a un contexto determinado no ha sido revertida? Más allá de coyunturas económicas, la respuesta parece apuntar a una cierta inercia política y a la falta de prioridad otorgada a esta cuestión, derivada del interés de la Administración en ahorrar recursos a costa de los empleados públicos para destinarlos a otros fines. La consecuencia, en cualquier caso, es que lo excepcional se ha quedado.

Sin embargo, en ANPE no estamos dispuestos a permitirlo. No vamos a resignarnos a la perpetuación de esta injusticia. El Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 22.4, es claro: las pagas extraordinarias deben equivaler a una mensualidad completa de las retribuciones básicas (sueldo base más trienios) y de los complementos que correspondan. Eso es lo que vamos a seguir exigiendo. La cuestión no es solo económica ni normativa, sino también de justicia y de coherencia institucional. Lo provisional no puede consolidarse indefinidamente.

No es un asunto menor. A lo largo de todos estos años, la merma en las pagas extraordinarias ha limitado la capacidad de ahorro del profesorado y ha reducido su margen de planificación vital. Para algunos docentes, la pérdida acumulada supera los 16.000 euros.
Si queremos una enseñanza de calidad, no podemos permitir que continúe retrocediendo el poder adquisitivo de sus profesionales. Es imprescindible recuperar unas condiciones que nunca debieron dejar de ser las ordinarias. Es el momento de restituir de una vez las pagas extraordinarias íntegras.

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El Proyecto de Ley destinado a reducir el número máximo de alumnos por aula y establecer una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado ha iniciado ya su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Ante el inicio de este proceso legislativo, ANPE registró un documento dirigido a los distintos grupos parlamentarios en el que planteaba varias propuestas de mejora que todavía pueden incorporarse al texto mediante el correspondiente trámite de enmiendas.

Entre las principales medidas defendidas por ANPE, destacamos la necesidad de reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, el sindicato solicita que el futuro dictamen incluya el compromiso de las Administraciones educativas de dotar a los centros de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención adecuada y de calidad.

«ANPE solicita que el futuro dictamen incluya el compromiso de las Administraciones educativas de dotar a los centros de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención adecuada y de calidad.”

Asimismo, desde ANPE proponemos que este alumnado compute como dos plazas en el cálculo de la ratio máxima por aula, una medida fundamental para favorecer una atención más individualizada y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas.

Otra de las reivindicaciones trasladadas al Congreso es la relativa al calendario de aplicación de la reducción de ratios. Desde ANPE consideramos necesario acelerar su implantación en todas las etapas educativas y planteamos que la norma establezca una fecha límite concreta para su cumplimiento, permitiendo al mismo tiempo que cada administración educativa adapte su ritmo de implementación dentro de ese marco temporal.

Desde ANPE, señalamos que la reducción de la ratio en las aulas, junto con una adecuada dotación de recursos humanos y unas mejores condiciones laborales para el profesorado, son elementos esenciales para avanzar hacia una educación pública de mayor calidad.

Pero para todo ello es necesario e imprescindible una memoria económica que asegure su viabilidad y la implantación de esta futura Ley en todos los territorios-

En ANPE confiamos ahora en que los grupos parlamentarios incorporen estas propuestas al texto definitivo del Proyecto de Ley durante su tramitación en el Congreso y esta norma básica, tan necesaria, vea la luz y entre en vigor antes del comienzo del próximo curso. 

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En cada una de las comunidades autónomas, los consejos sindicales y los comités ejecutivos quedaron constituidos conforme a lo establecido en los estatutos y reglamento de régimen interno de la organización. Durante sus respectivas sesiones constitutivas, los nuevos responsables tomaron posesión de los cargos elegidos, entre ellos los miembros del secretariado permanente autonómico, los vocales para el comité ejecutivo estatal y los integrantes del comité autonómico de garantías y derechos.

Con esta renovación, ANPE refuerza su estructura sindical en todo el territorio nacional, dando continuidad al trabajo representativo y de defensa de los docentes en cada ámbito autonómico.

A continuación, se publican los nombres y fotografías de los secretariados permanentes autonómicos recientemente constituidos.

Andalucía

Presidente: Francisco José Padilla Ruiz
Vicepresidente: José María Cuadrado Montañez
Secretaria de Organización: Eva Prieto Sánchez
Secretaria de Acción Sindical: Susana Cueto Sánchez
Secretario de Finanzas: Daniel Muñoz González
Secretaria de Comunicación: María Elena García Jiménez
Secretario de Formación: Pedro Ángel Valderas Martínez
Secretaria de Acción Social: Sara María Luque De Dios
Secretaria de Actas: María José Blanco García

Aragón

Presidenta: Teresa Hernández Jiménez
Vicepresidenta: Cristina Castro Delgado
Secretaria de Organización: Ana Ferrández Delgado
Secretario de Acción Sindical: Fernando Salas Bernalte
Secretario de Finanzas: Pedro Manuel Andrés Ferrer
Secretario de Comunicación: David Betrian Villas
Secretaria de Formación: Pilar Andrés Ferrer
Secretario de Acción Social: Andrés Segarra Camín
Secretaria de Actas: Isabel Botaya Estaún

Asturias

Presidenta: Mariela Fernández Martínez
Vicepresidente y Secretario de Acción Sindical: Rodrigo Sánchez Coalla
Secretario de Organización: Javier Pérez-Landaluce Uncilla
Secretario de Finanzas: César González González
Secretario de Comunicación: Guillermo Méndez González
Secretario de Acción Social: Pablo Álvarez Murias
Secretario de Formación: Francisco José Suárez Cuervo
Secretaria de Actas: Beatriz García Pallo

Baleares

Presidente: Víctor Villatoro González
Vicepresidenta: Carolina Alcaraz Escandell
Secretaria de Organización: Ana María Contestí Prats
Secretario de Acción Sindical: Francisco Pla Català
Secretario de Finanzas: Pau Servera Carrió
Secretaria de Comunicación: Raquel E. Guzmán Ibarra
Secretario de Formación: Guillermo Arnal Llabrés
Secretario de Acción Social: Jorge Juan Aroca Ramos
Secretario de Actas: Sebastián Pérez Crespo

Canarias

Presidente: Pedro Crespo González
Vicepresidenta: María Perera Suárez
Secretario de Organización: Domingo Rodríguez Martín
Secretaria de Acción Sindical: Marta Hernández García
Secretaria de Finanzas: Dácil María Lorenzo Pérez
Secretario de Formación: Pedro Luis Rodríguez Damas
Secretario de Comunicación: Jorge Gómez Rodríguez
Secretario de Acción Social: Bernardo Huerga Navarro
Secretario de Actas: Juan Jesús Farías Oropesa

Cantabria

Presidenta: María Rus Trueba Arcas
Vicepresidente: Federico de los Ríos Gutiérrez
Secretario de Comunicación: Víctor Terceño Rodríguez
Secretario de Acción Sindical: José Antonio Medina Muñoz
Secretaria de Acción Social: Laura Díaz Pozueta
Secretaria de Actas: Patricia González González
Secretaria de Finanzas: Sandra María Garrido González
Secretario de Organización: Clemente José Martín Sierra
Secretaria de Formación: María Montes Crespo

Castilla-La Mancha

Presidente: Martín Navarro Sánchez
Vicepresidenta: Marta Nuño López
Secretaria de Organización: Cristina Calixto Gómez
Secretario de Acción Sindical: Luis Pérez Cárcel
Secretario de Finanzas: Pablo Berenguer Jara
Secretario de Formación: Francisco Almansa Delgado
Secretario de Comunicación: Manuel Tébar Martínez
Secretario de Acción Social: Rafael Hermida Correa
Secretaria de Actas: Genoveva Jiménez Ortiz

Castilla y León

Presidenta: Pilar Gredilla Fontaneda
Vicepresidente: Javier Florencio Riesco Martín
Secretario de Organización: Jesús Niño Triviño
Secretario de Acción Sindical: Javier Pajares Pescador
Secretaria de Finanzas: M.ª José Santamaría Nuño
Secretario de Formación: Antonio José Lobato Alejano
Secretario de Comunicación: José Luis Pérez Pérez
Secretaria de Acción Social: Cristina Olmos Adeva
Secretario de Actas: José Luis Gil Sánchez

Cataluña

Presidente: Joaquim Pintado Santoveña
Vicepresidente: Alfred Freixedes Nuño
Secretaria de Organización: Beatri Perera Leoz
Secretario de Finanzas: Joan Mañez Alonso

Ceuta

Presidente: Pedro Domínguez Allegue
Vicepresidenta: Farah Mohamed Chaib
Secretaria de Acción Social: Carmen Gaitán Sánchez
Secretaria de Comunicación: Mª Carmen Reales Expósito
Secretaria de Organización: Esther Sánchez Garrido
Secretario de Finanzas: Federico Pulido Acosta
Secretario de Actas: Miguel Pulido Acosta
Secretaria de Acción Social: Noemí Blanco Moyano
Secretaria de Formación: Nuaymi Ahmed Mata

Comunidad Valenciana

Presidente: Laureano Bárcena Ortiz
Vicepresidenta: Paloma Martínez Penadés
Secretario de Organización: Alberto Meras Santos
Secretaria de Acción Sindical: Irene Boix Bravo
Secretario de Finanzas: Antonio Gutiérrez Cazorla
Secretario de Comunicación: Alejandro Barona Hernández
Secretario de Formación: Juan Vicente Díaz Camps
Secretario de Acción Social: Francisco Javier Carpio Martínez
Secretaria de Actas: Carolina Montalt Bueno

Extremadura

Presidente Autonómico: Antonio Vera Becerra
Vicepresidente: Saturnino Acosta García
Secretaria de Organización: Ana Bravo Gaviro
Secretario de Acción Sindical: David Romero García
Secretario de Finanzas: José Antonio Pedrazo Castela
Secretario de Comunicación: Francisco José Valencia Guillén
Secretario de Formación: Marcos Plasencia García
Secretario de Acción Social: José Manuel Rivas Martín
Secretaria de Actas: Yolanda Cortes Pulido

Galicia

Presidente: Julio César Trashorras de la Fuente
Vicepresidente: Daniel Mosteiro Vázquez
Secretario de Organización: Raúl Pérez Pedrosa
Secretaria de Acción Sindical: Rebeca Losada González
Secretaria de Finanzas: Yolanda Domarco López
Secretaria de Comunicación: Leticia Castiñeira López
Secretario de Formación: José Luis Murado Bouso
Secretaria de Acción Social: María Carmen Vieites Salvado
Secretario de Actas: Alfonso Fernández Aira

La Rioja

Presidente: Gustavo Gil Navas
Vicepresidente: José Manuel Mahia Fraga
Secretario de Organización: Andrés Toledo Cotillas
Secretaria de Acción Sindical: María Calvo Álvarez
Secretario de Finanzas: Víctor Fustero Zapata
Secretario de Comunicación: Manuel Pinillos Rodríguez
Secretaria de Formación: Ana de la Hera González
Secretaria de Acción Social: Belén Fernández Bengoa
Secretario de Actas: Jaime Fernández Martínez

Madrid

Presidenta: Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidente: Esteban Serrano Tamayo
Secretaria de Organización: Cristina Cañas Escribano
Secretario de Acción Sindical: Francisco Rodríguez Sánchez
Secretario de Finanzas: Pablo Francisco Aguilera García
Secretaria de Comunicación: María Jesús Álvarez Núñez
Secretario de Formación: Pedro Fernández-Cañadas Freire
Secretaria de Acción Social: Esther Casado Labella
Secretaria de Actas: María Jesús Benítez Fernández

Melilla

Presidenta: Amalia Muñoz Tovar
Vicepresidenta: Patricia Rico Jurado
Secretaria de Organización: Tania Miguel Yuste
Secretaria de Acción Sindical: Mariem Ahmed González
Secretaria de Finanzas: Verónica Burgos Casado
Secretaria de Formación: Rocío Muñoz Tovar
Secretaria de Comunicación: Mercedes Magán Mateo
Secretario de Acción Sindical: Francisco Salvador Rodríguez
Secretario de Actas: Jesús Benítez García

Murcia

Presidente: José Antonio Martínez Robles
Vicepresidente: Antonio Salmerón Marín
Secretaria de Organización: María Dolores Caballero Guerrero
Secretario de Acción Sindical: Diego Jesús Romera González
Secretaria de Finanzas: Mercedes Carrillo Castellón
Secretaria de Comunicación: Laura Calero Pérez
Secretario de Formación: Bienvenido Carrillo Castellón
Secretaria de Acción Social: Adelia Gálvez Manteca
Secretaria de Actas: Francisca Cayuela Fuentes

Navarra

Presidente: Eduardo Piquer Lapuerta
Vicepresidenta: María Ruiz Ruiz
Secretario de Organización: David Gil Allué
Secretaria de Acción Sindical: Lara Diego Martínez
Secretario de Finanzas: Pablo García Osés
Secretaria de Comunicación: Cristina Fernández Espinosa
Secretaria de Formación: Isabel Sanmartín Huarte
Secretario de Acción Social: Jerusalén Igual Gastón
Secretaria de Actas: Mª Jesús Villanueva Larrea

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Ahora presentamos esta versión reformulada y actualizada de nuestro decálogo para un uso responsable del móvil y redes en los centros educativos, adaptada a la realidad actual de los adolescentes: lenguaje directo, con referencias a TikTok, WhatsApp o Instagram, y énfasis especial en los problemas del ciberacoso y la privacidad.

Contexto actual y prohibición de redes a menores de 16

Este decálogo cobra especial relevancia tras la decisión del gobierno de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida que busca proteger a los jóvenes de riesgos como el ciberacoso, la adicción o la desinformación. ANPE aplaude el intento de regular un entorno digital que a menudo escapa al control adulto, pero insiste en que la responsabilidad no puede recaer solo en los centros educativos.

Implicación compartida

La eficacia depende de todos:

• Las familias deben supervisar el tiempo en pantalla y fomentar un diálogo abierto sobre lo que consumen online.
• Los centros educativos, desde su autonomía, han de ofrecer recursos formativos para la alfabetización digital obligatoria y protocolos claros de actuación.
• Las empresas digitales: deben aplicar la verificación de edad efectiva y unos algoritmos menos adictivos.
• Las administraciones y los gobiernos tienen que aplicar políticas y normativas claras que incluyan formación obligatoria, inspecciones y sanciones efectivas.
• La sociedad en su conjunto debe contribuir a educar sin demonizar la tecnología.

Para ANPE es fundamental formar a las nuevas generaciones en el buen uso de estas herramientas, crear entornos seguros que complementen las medidas actuales y fomentar una responsabilidad compartida.  

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