José Francisco Venzalá González
Presidente Nacional de ANPE
En las postrimerías de este curso, encontramos el momento propicio para analizar y reflexionar sobre todos aquellos aspectos que han marcado su desarrollo. Un curso enmarcado en un entorno social, político y económico cuando menos complejo, muy especialmente por el devenir político que ha generado inestabilidad en la vida de los ciudadanos y trasladado la transitoriedad al ámbito educativo.
No podemos continuar en esta dinámica de continuos vaivenes legislativos sin dar respuesta a las necesarias mejoras que necesita nuestro sistema educativo. Corresponde al Ministerio de Educación, junto con las Comunidades Autónomas, liderar, coordinar e impulsar las ineludibles reformas para vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todo el alumnado, revertir los recortes y revalorizar la profesión docente.
Un curso que finaliza con movilizaciones y convocatorias de huelga en varias Comunidades Autónomas, en un contexto de hartazgo ante los sucesivos vaivenes normativos y el incremento cada vez mayor de la burocracia. Lo que, unido a la falta de respuesta a las verdaderas necesidades de los docentes de la enseñanza pública y del sistema educativo, como la disminución del horario lectivo del profesorado, el incremento de plantillas, la reducción de ratios, la reducción de la tasa de interinidad, o la climatización de las aulas, entre otras medidas, nos ha obligado a movilizarnos.
Son muchos y de gran relevancia los asuntos pendientes de resolver. Con relación a la estabilidad de las plantillas docentes, ANPE ha solicitado en el ámbito de la Mesa de negociación del Ministerio la necesidad de implementar de forma coordinada con las administraciones autonómicas las actuaciones dirigidas a la realización de un informe riguroso y contrastado sobre los resultados de los diferentes procesos de estabilización del personal docente que permita realizar una valoración de los mismos.
Del mismo modo, para garantizar una óptima climatización y eficiencia energética de los centros educativos, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha de coordinar con las distintas administraciones autonómicas una planificación acorde a un estudio previo de las necesidades de cada centro.
Realizando una mirada hacia atrás, no podemos olvidar que nuestra actual ley educativa nació lejos del consenso necesario, y tanto su tramitación, promulgación e implantación se realizaron en un escenario lleno de incertidumbres y crispación política y mediática. Tras su entrada en vigor, ya desde el comienzo surgieron los obstáculos, comenzando por los retrasos en la publicación de los reales decretos de enseñanzas mínimas que marcaron el punto de arranque de esta ley. Como consecuencia, los retrasos de los respectivos currículos autonómicos junto a la puesta en escena de nuevos elementos dificultaron el arranque del pasado curso.
A pesar de ello, el Ministerio de Educación no ha aprendido la lección, generando un nuevo retraso curricular, en la Formación Profesional en este caso y donde quedan aún muchos aspectos por resolver como el desarrollo de la propia Ley o la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP. En este sentido, ANPE reclama una respuesta a la situación de los compañeros que no se han podido integrar y de los docentes interinos de las especialidades integradas en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
“Ya es hora de abordar las mejoras que nuestra profesión y nuestro sistema educativo necesitan, comenzando por la disminución de la ratio en las aulas, la reducción del horario lectivo del profesorado y poner fin a las desigualdades sociolaborales entre territorios”
Si podemos denominar o calificar este curso que finaliza, de algún modo, es de decepcionante. ANPE ha reivindicado y alertado en todos los foros en los que ostenta representación, sobre el retraso relacionado con el desarrollo de la disposición adicional séptima, relativa al futuro diseño de la profesión docente. Abordar la situación del profesorado y dignificar la profesión docente es esencial.
Exigimos al Ministerio que aborde la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación, promesa incumplida sistemáticamente en todas las legislaturas. Como premisa previa al Estatuto Docente, resulta imprescindible el mantenimiento de los cuerpos estatales, su derecho a la movilidad en todo el territorio nacional y la equiparación salarial en todas las CCAA.
Por el contrario, asistimos estupefactos a la absoluta inacción por parte de quienes han promovido la actual ley y debieran ser los más interesados en su avance y desarrollo. Nada más lejos de realidad: ni una sola acción en este sentido, tras la publicación por la ministra de un documento con veinticuatro propuestas para el debate, que tal y como trasladamos en su día dista de lo que ha de ser el futuro estatuto de la función pública docente o la necesaria ley que regule la profesión docente en los tres ámbitos: público, concertado y privado.
Una decepción que cobra mayor énfasis, conforme la burocracia sigue envolviendo el día a día del docente y los centros educativos se convierten en la respuesta fácil y recurrente de la administración de turno, para dar respuesta a la multitud y diversidad de circunstancias que afectan a nuestra sociedad y muy especialmente a nuestros jóvenes. El perfil y competencias de los futuros docentes ha de estar en consonancia con la nueva realidad y diversidad de nuestras aulas, y ello pasa por dotar al profesorado de la formación y herramientas necesarias para abordar cuestiones relacionadas con aspectos emocionales e incluso con la salud mental.
Tras el aumento de casos relacionados con la salud mental y el estado emocional, del alumnado y profesorado, reflejado en nuestro último informe del Defensor del Profesor, reiteramos la necesidad de un compromiso firme de las administraciones competentes para abordar este grave problema en nuestros centros educativos. La presencia de una enfermera escolar, y la participación de personal especializado en este ámbito son claves para paliar los graves efectos de esta situación.
Los cambios vertiginosos de nuestra sociedad, con una juventud inmersa en la tecnología, unidos al papel que desempeña el centro educativo como referente social en la comunidad, animan a la puesta en marcha y desarrollo de multitud de protocolos y actuaciones que en muchos casos no cuentan con la dotación de recursos necesarios por parte de las administraciones, salvándose determinadas situaciones gracias al compromiso e implicación de los docentes.
Desde ANPE, reivindicamos una correcta coordinación entre las administraciones central, autonómicas y locales, que aseguren la dotación de los recursos económicos y personales necesarios para atender debidamente y en las mejores condiciones la realidad de nuestros centros educativos, como sucede con las necesidades extraordinarias de escolarización del alumnado de origen inmigrante que desconoce el idioma castellano, y la aparición de circunstancias extraordinarias que hoy se salvan o superan, únicamente gracias a la profesionalidad del personal docente.
Por ello, ya es hora de abordar las mejoras que nuestra profesión y nuestro sistema educativo necesitan, comenzando por la disminución de la ratio en las aulas, la reducción del horario lectivo del profesorado y poner fin a las desigualdades sociolaborales entre territorios.
No podemos continuar en el inmovilismo. ANPE ha trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la necesidad de avanzar en cuestiones esenciales que afectan a nuestra profesión, como una revisión del sistema de ingreso y acceso y la correspondiente actualización de temarios, el establecimiento de una carrera profesional atractiva, la inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 con reclasificación de niveles a partil del 24, o la necesaria reforma de la formación inicial.
Y todo ello en un contexto extremadamente difícil, donde la batalla política se ha trasladado al ámbito educativo y lastra cuestiones esenciales como los futuros presupuestos y, por extensión, las partidas económicas destinadas a la educación. Lejos de mejorar, los funcionarios públicos docentes ven continuamente lastradas sus condiciones retributivas ante el avance imparable del IPC y las exiguas e insuficientes subidas salariales que otros consienten, y que ANPE ha denunciado como claramente insuficientes para recuperar la enorme pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Todo ello inmerso en una realidad demoledora: la clase media en la que salarialmente se encuentra el colectivo docente, es la que soporta y contribuye en mayor medida al pago del IRPF. El Banco de España calcula que los contribuyentes pagaron 11.000 millones de más en el IRPF entre 2019 y 2023, por la decisión del Gobierno de no ajustar este impuesto a la subida de los precios y no deflactar las tablas, lo que hubiera mejorado la renta de las familias y beneficiado al consumo en general.
ANPE ha trasladado al Ministerio el establecimiento de una carrera profesional atractiva, la inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 con reclasificación de niveles a partil del 24
Estos y otros muchos aspectos hacen que no podamos perder más oportunidades y se apueste de manera real y efectiva por la educación, como principal referente y garante de futuro, y por su profesorado. Nuestro país no puede seguir soportando los resultados que de forma periódica arrojan los diferentes informes, tanto nacionales como internacionales, y que ponen en evidencia las debilidades de nuestro sistema educativo, y lo que resulta aún más preocupante, la falta de equidad e igualdad entre territorios.
Y para ello es necesario altura de miras, apartar las diferencias políticas e ideológicas y construir desde el consenso y la responsabilidad. Haber ignorado estos postulados nos ha situado, ley tras ley, en proyectos agotados antes de nacer y en una sucesión de lamentables oportunidades perdidas para haber llevado a cabo la reforma global, profunda y con visión de futuro que necesita la educación en España.
La educación, ahora más que nunca, ha de ser una verdadera prioridad para el Gobierno. Una educación que ha de ser garante de un mejor futuro laboral y de la transmisión de principios y valores democráticos, principios que conforman el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y que se han de preservar como una cuestión de Estado que afecta a todos por igual.
