Nicolas Fernández Guisado, Presidente Nacional de ANPE.
El curso escolar 2019- 20 pasará a la historia y se recordará siempre como el curso en el que vivimos una pandemia generalizada y sin precedentes, que nos ha obligado a cambiar nuestro modo de vida. Llegado el final de curso corresponde ahora hacer el balance de la situación vivida durante un curso que comenzó marcado por las elecciones generales de noviembre de 2019, que alumbraron el primer gobierno de coalición de la democracia entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a partir de enero de 2020.
La evolución de la pandemia y la declaración del estado de alarma nos abocó a un escenario hasta ahora desconocido. En el ámbito educativo, ello supuso el cierre obligado de los centros para abrir un nuevo marco de enseñanzas telemáticas sobre las que no existía ninguna experiencia previa de forma generalizada. Por ello, una vez pasados los primeros días de confinamiento y superado el desconcierto inicial fuimos asumiendo como una única opción para salvar la labor docente la puesta en marcha de la modalidad online a través de las plataformas y herramientas digitales.
Ante esta situación no ha habido más remedio que improvisar, porque el sistema educativo no estaba preparado para afrontar en tiempo récord un aprendizaje online eficaz que responda a una situación nueva como ésta y que supone un salto metodológico tan importante en el uso de herramientas digitales para conseguir que las actividades académicas lleguen con eficacia a todo el alumnado.
Es innegable que todo el mundo ha puesto su mejor voluntad, especialmente los docentes que han sabido adaptarse a las circunstancias con profesionalidad y dedicación, pero no es menos cierto que, en esta adaptación a un sistema de enseñanza online, no todos los alumnos parten en igualdad de condiciones ni tienen los mismos recursos y capacidades para hacerlo de manera efectiva, con lo cual la brecha digital ha puesto de manifiesto las enormes diferencias existentes entre el alumnado que no han podido desempeñar en las mejores condiciones su proceso de aprendizaje en este tramo final de curso.
Superado el desconcierto inicial la primera respuesta fue tratar de suplir estas carencias desde las administraciones educativas, a marchas forzadas, ofreciendo herramientas digitales al alumnado más necesitado. Nada ha podido evitar la brecha digital existente, que ha evidenciado las desigualdades económicas, sociales y educativas existentes en nuestro sistema educativo, que, si bien en el día a día de la enseñanza presencial en las aulas reducen sus efectos, sin embargo, desde el confinamiento en los hogares se agrandan.
Aplazamiento de oposiciones
Otra decisión adoptada por las administraciones educativas con la complicidad del Ministerio en este primer tiempo de confinamiento, a nuestro criterio, precipitada y desacertada, fue la de suspender las oposiciones a los Cuerpos de Secundaria previstas para este año, con el consiguiente aplazamiento al curso próximo y posponiendo las del Cuerpo de Maestros al año 2022. Sorprende esta decisión, cuando se han mantenido las pruebas de EBAU, que se están celebrando en estas fechas, y cuando se comienza a recuperar la normalidad social: los establecimientos de ocio y comercio están abiertos, hay absoluta libertad de circulación nacional y resulta que no pueden celebrarse oposiciones docentes una vez recuperada la normalidad. Luego nos quejaremos de que el sistema educativo se llena de interinidad, con la consiguiente precariedad en el empleo y la inestabilidad de las plantillas y los claustros docentes.
Regulación del final del curso escolar
Desde ANPE hemos venido formulando propuestas para que el ministerio de Educación y las administraciones educativas elaboren instrucciones claras y concretas para adaptar el final de curso escolar y para regular las condiciones de aprendizaje, adaptar los contenidos curriculares y homologar los criterios, evaluación, promoción y titulación de los alumnos.
Nuestras propuestas pasaban por una evaluación flexible, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se estaba desempeñando la labor docente, pero también rigurosa y objetiva. Las decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado deben recaer en el profesorado, que es quien conoce al alumnado y tiene los suficientes elementos para tomar las decisiones sobre su promoción o no, tanto por lo trabajado en los dos primeros trimestres, fundamentalmente, como por lo que se realice durante el periodo de confinamiento. En ningún caso, las decisiones de promoción casi generalizada de curso que se invocaban desde algunas administraciones educativas pueden socavar el principio de autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado.
El ministerio de Educación y Formación Profesional, convocó a una reunión el 7 de abril con las Comunidades Autónomas para preparar el final del curso escolar y las opciones de evaluación a los estudiantes si se prolongaban las medidas de confinamiento. También el Consejo Escolar del Estado redactó un documento con medidas para afrontar el fin del curso teniendo en cuenta los diferentes escenarios. El documento fue abordado en la Conferencia Sectorial de Educación y a continuación, la ministra intervino en una rueda de prensa donde quedó patente la ambigüedad de las medidas adoptadas y los más preocupante, que dejó al albur de las CCAA su aplicación, ocasionando con ello una gran confusión e incertidumbre jurídica.
Durante este periodo, algunas CCAA dictaron sus propias instrucciones de cara a los procesos de evaluación y promoción para el final de curso y no fue hasta el 24 de abril de 2020 cuando se publicó en el BOE la Orden EFP/365/2020 por la que se establece el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. Una orden que, a nuestro criterio, contradice el marco legislativo común establecido y que ha generado gran confusión e inseguridad jurídica, vulnerando los principios y competencias básicas que tiene reconocidos el Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo concerniente a las facultades de establecer los criterios de promoción y titulación del alumnado.
Esta orden ministerial incomprensiblemente modifica preceptos de la ley orgánica LOE-LOMCE y de los Reales decretos que la desarrollan 126/2014, 1105/2014 y 562/2017, contraviniendo el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Según indica su disposición final primera, se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Dicha Orden, refleja una serie de acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación que suscriben algunas CCAA, otras no, y en la que se contiene en su redacción literal, entre otras cuestiones, que en la ESO y el Bachillerato “podrán flexibilizar los criterios de promoción y titulación, sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes”. Cabe recordar que los criterios de promoción y de titulación están establecidos en la LOE/LOMCE, donde se recoge el límite máximo de áreas pendientes para poder promocionar y las condiciones de titulación, algo que es competencia estatal y que no puede ser modificado por una Orden Ministerial. La aplicación directa de los efectos de esta norma supone, de facto, que se eliminan de un plumazo los requisitos de limitación de áreas o asignaturas para titular, con lo cual un alumno en una determinada CCAA puede obtener el título de Bachillerato con cuatro o cinco materias suspensas. En otros territorios, que no se han acogido a la misma, caso de la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León, Andalucía y alguna otra más, tendrán que superar todas las materias para poder titular. Igual puede predicarse del resto de titulaciones de todas las enseñanzas no universitarias establecidas en nuestro sistema educativo. No cabe mayor agravio entre el alumnado dependiendo de la CCAA en que residan.
podrán flexibilizar los criterios de promoción y titulación, sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes.
Al margen de esta cuestión discriminatoria que resulta fundamental, la Orden Ministerial, además de conculcar los valores de esfuerzo, mérito o igualdad de oportunidades en el alumnado, agranda la brecha ya existente en el territorio nacional y resta valor al trabajo que nuestros docentes están realizando con esfuerzo, dedicación y gran profesionalidad. Debemos tener en cuenta que los docentes precisamos instrucciones objetivas, claras y concisas para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente, pues la libre interpretación genera inseguridad jurídica y menoscaba el liderazgo pedagógico y autoridad académica con nuestros alumnos, la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica y organizativa de los centros.
Vuelta a las aulas
Tras la publicación de la Orden Ministerial de 24 de abril asistimos a un carrusel de propuestas con criterios diferentes y contradictorios para regular el final de curso y para preparar la vuelta a las aulas el curso 2020/21.
Todo ello ha evidenciado la imposibilidad de acordar unas directrices homogéneas entre el Ministerio y las CCAA que se han traducido en una vuelta desigual a las aulas en este final de curso, con criterios divergentes entre unas y otras CCAA creando confusión e incertidumbre entre la comunidad educativa. Desde ANPE habíamos sostenido que dada la situación sanitaria sólo deberían volver a los centros con carácter presencial y cumpliendo todos los requisitos higiénico-sanitarios, aquellos alumnos que estuvieran en cursos finales, con opción a titulación, cuarto de la ESO Segundo de Bachillerato, para preparar la EBAU y finales de ciclos de FP Básicas, Grado Medio, FP Superior y Enseñanza Artísticas.
No menos controvertidas son las directrices de cara a la vuelta a las aulas el próximo curso escolar conforme a las medidas sanitarias y de seguridad acordadas entre el Ministerio de Sanidad y Educación y Formación Profesional el pasado 22 de junio. Dichas recomendaciones deben servir de base para el trabajo que realizarán las Consejerías de Educación junto con las responsables de Sanidad o Salud Pública de cada comunidad autónoma a la hora de planificar el próximo curso. Ya estamos comprobando como cada CCAA está planificando su propia vuelta a las aulas sin atender a estos criterios.
Este documento corrige y matiza criterios elaborados anteriormente en relación con medidas higiénico-sanitarias y organizativas, distribución de espacios, ratios y medidas de prevención, entre otras.
Ya advertíamos que para ANPE el documento es excesivamente abierto con meras recomendaciones cuya ejecución y cumplimento recaerá en las Comunidades Autónomas y trasladará, en última instancia, la responsabilidad a los equipos directivos. Los cambios de criterios constantes no pueden seguir generando desconcierto, confusión e incertidumbre a toda la comunidad educativa.
El objetivo del próximo curso para ANPE debe ser garantizar la enseñanza presencial para todo el alumnado. Para ello, será necesario crear un entorno escolar seguro que, de confianza y seguridad a la comunidad educativa, con el cumplimento riguroso de las medidas sanitarias y de distanciamiento social recogidas en las citadas directrices y en el Real Decreto Ley 21/2020.
La reapertura de los centros en el mes de septiembre debe garantizar el cumplimiento de todas las medidas preventivas frente al covid-19 y, a la vez, tiene que ser compatible con el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que estas enseñanzas puedan realizarse con carácter presencial. Para ello exigimos unas instrucciones claras y criterios unificados para abordar la actividad docente en el próximo curso. De ningún modo queremos que se reproduzca el sentimiento de abandono, cansancio e incertidumbre que han tenido los docentes durante este final de curso escolar.
Las dificultades que han aparecido durante este curso en situación de enseñanza online son de sobra conocidas y se unen a los problemas estructurales en la enseñanza agudizados por la pandemia. Las desigualdades sociales se agudizan por la brecha digital aumentado las desigualdades frente a la educación presencial. La educación no tiene por objetivo sólo la mera trasmisión de conocimientos consiste también en educar en valores. La presencia del docente y del alumno en los centros educativos es insustituible. La Escuela es el espacio para la convivencia y para aprender a vivir en relación con los demás.
La educación no es una verdadera prioridad política y social
El final del curso coincide con la llegada de un nuevo proyecto de ley, sobre el que nos pronunciaremos amplia y detenidamente en estas mismas páginas.
Y una última reflexión la gestión de la educación durante la pandemia nos deja la sensación de que la educación no es una verdadera prioridad política y social. Prueba evidente lo constituye el hecho de que en la mesa de la reconstrucción nacional del Congreso no tiene entidad propia y solamente ha sido tratada, de modo colateral, en alguna otra mesa sin haber sido convocados ni oídos los representantes legítimos de las organizaciones más representativas, por supuesto ninguna que tenga que ver con el profesorado ha sido citada para hacer una valoración de la educación en España y las propuestas necesarias para salir de esta crisis. No hay sociedad que pueda recuperarse plenamente de los efectos de esta pandemia y volver a una normalidad sin prestar una atención preferente a la educación, si queremos realmente cumplir con ese mantra tan repetido durante el estado de alarma: que nadie quede atrás. Para que ello sea una realidad, debemos defenderla y protegerla con todos los medios a nuestro alcance, al igual que se ha hecho con la asistencia sanitaria y se va a hacer con la economía y el empleo.
Solo nos queda reiterar nuestra gratitud y reconocimiento a todo el profesorado que, con su voluntad, dedicación y esfuerzo encomiable, han salvado, una vez más las deficiencias del sistema. Feliz verano a todo el profesorado y a toda la comunidad educativa.
