Francisco Venzalá González, Presidente Nacional de ANPE.
ANPE reclama consensos básicos y la participación
del profesorado para mejorar la educación
Ha comenzado un nuevo curso escolar con un mismo escenario político: un gobierno de coalición y una compleja aritmética parlamentaria que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos para impulsar cualquier reforma o mejora educativa.
Llevamos varios cursos en los que el sistema educativo transita por la incertidumbre y la inestabilidad, condicionado por los sucesivos cambios normativos. Todo ello, marcado por una crispación generalizada a nivel institucional que repercute en todos los sectores de la vida política, pero que incide, especial y muy negativamente, en el ámbito educativo.
Nos encontramos con una ley educativa, la LOMLOE, muy cuestionada ante la falta del necesario consenso en su promulgación, y que no es más que una reforma parcial y sesgada, que si bien corrige algunas disfunciones de la LOMCE, no es, sin embargo, la reforma global y profunda que, a nuestro criterio, necesita la educación en España. Además, la LOMLOE contempla medidas más que cuestionadas en su aplicación, como prueban las controversias generadas, entre otros aspectos, sobre la normativa aplicable a las evaluaciones, o sobre los requisitos necesarios para promocionar y titular en secundaria y bachillerato, y que muestran el verdadero sentido de esta nueva ley educativa.
El presente curso está determinado por la aplicación parcial de los nuevos currículos LOMLOE, de los que una importante parte está pendiente de publicación en algunas comunidades autónomas, con la incertidumbre que ello provoca en el profesorado, obligándolo a trabajar a contrarreloj en la elaboración de las programaciones. Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a las Consejerías competentes en Educación, que colaboren con el profesorado, ofertando la formación necesaria y acorde a la aplicación de los nuevos currículos, evitando la excesiva burocratización de la enseñanza. Adicionalmente, pedimos que se otorgue el plazo suficiente para que las programaciones puedan ser elaboradas con la máxima garantía de calidad.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional debe asumir sus competencias y ejercer un papel de liderazgo y coordinación para que no se quiebre el principio de igualdad de oportunidades en todo el Estado. Y ahora más que nunca, ante la compleja situación económica y social que estamos viviendo, hay que intensificar los mecanismos de colaboración, cooperación y solidaridad para dar respuestas a una sociedad que demanda una atención preferente a la educación. Si queremos realmente que nadie quede atrás, debemos defenderla y protegerla con todos los medios a nuestro alcance, al igual que ha de hacerse con la sanidad y con la economía y el empleo.
Es hora de vertebrar y cohesionar el Sistema Educativo, regulando un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidas las atribuciones del Estado y las de las comunidades autónomas, impulsando la enseñanza pública como eje del sistema y alcanzando un acuerdo de financiación que permita acometer las reformas necesarias en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.
Son varios y muy importantes, los flecos sin resolver en varias materias. Hemos de afrontar, por puro imperativo legal, la situación del profesorado. Este curso estará marcado por el avance en los procesos de estabilización del profesorado interino junto a dos disposiciones que la propia LOMLOE recoge y sobre las que urge su desarrollo: las adicionales séptima y undécima sobre un nuevo diseño de la profesión docente y la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Secundaria con los requisitos contemplados en la ley.
Previamente a este paso, es necesario consensuar un Acuerdo Básico sobre las prioridades y retos pendientes para impulsar la calidad de nuestro sistema, como son:
- Abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una Ley de la profesión docente, por un lado. Y, por otro, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso en la función pública hasta la jubilación, sin olvidar reivindicaciones como la equiparación salarial y la reducción de la burocracia en los centros educativos.
- La reducción de las ratios para poder paliar los déficits de aprendizaje acumulados en los tres cursos COVID, medida que debe ser complementada con la reducción de la jornada lectiva del profesorado.
- Establecer la revisión anual del poder adquisitivo, acorde con la subida real del IPC, acompañada de la homologación retributiva de la función pública docente en las diferentes comunidades autónomas.
- Elaborar un plan estratégico de la convivencia en los centros que permita la mejora de la convivencia y contemple el desarrollo reglamentario de la autoridad del profesor; un programa de prevención de acoso escolar que incluya la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas; un plan específico de formación del profesorado y la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar, entre otras medidas.
Nada de esto puede hacerse sin la suficiente dotación presupuestaria que permita afrontar con garantías la implementación de las novedades curriculares, académicas y normativas de la LOMLOE. Para ello, es fundamental apartar la educación de la confrontación ideológica y de los debates estériles que nada aportan a la mejora de nuestro sistema educativo. Diálogo y altura de miras son esenciales para alcanzar consensos básicos a través de un calendario de trabajo en el ámbito de la Mesa de Negociación del personal docente. Para ello es imprescindible contar siempre con la implicación y participación del profesorado que, en última instancia, es a quien corresponde aplicar todos los cambios que se necesitan acometer en nuestro sistema educativo.
Son muchas las prioridades y retos pendientes que hay que afrontar para dar un impulso de calidad a nuestro sistema, sin olvidar que es el propio profesorado quien, con su entrega, competencia y profesionalidad, salva, día a día, las carencias del sistema educativo y las situaciones de incertidumbre e inestabilidad a las que se ve abocado.