Nuestra Ley Orgánica nos recuerda que la educación es, para la sociedad, el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.
Por Juan José Arévalo Jiménez,
inspector de Educación
A nadie se le escapa que vivimos a nivel global un auge de los procesos de polarización política y social. Fenómenos interrelacionados que ponen en riesgo los valores esenciales de una democracia que, además de la alternancia en el poder, habría de garantizar un ambiente social que garantice el ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles. En este marco, la educación se presta a ser imagen de la sociedad a cuyos jóvenes forma.
El último informe Democracy report 2022 del V-DemInstitute, define la polarización política como una división de la sociedad en Nosotros contra Ellos. Una división en grupos sociales que se alinean con un objetivo común: la exclusión mutua de identidades e intereses de quienes no piensan como nosotros. Esta circunstancia socava la cohesión social, uno de los fines del sistema educativo español.
Hablamos de polarización tóxica cuando los niveles de polarización son altos y penetran y moldean ampliamente la sociedad. En España vamos hacia ese punto, atendiendo a que la polarización, según el informe de 2022, va en aumento en nuestro país, junto a otros como Alemania, Portugal, en la Europa occidental. Ya en 2018, un estudio de campo a nivel mundial realizado por la empresa demoscópica IPSOS, señalaba que el 59% de los encuestados consideraba que su país estaba más dividido que 10 años atrás. Este porcentaje era sensiblemente mayor en países como España (77%), Italia (73%) o EE. UU. (67%).
Cada día la Escuela se abre paso en una sociedad más dividida política, social y afectivamente. Una sociedad llamada a ser la sociedad del conocimiento se aferra, cada vez más, a la opinión que sirve de soporte a una postura frente a los demás. No se confronta y argumenta nuestra opinión frente a la de quien no la comparte, sino que utilizamos el descalificativo, cada vez más grueso, como forma de señalar a quien no piensa como nosotros.
La Escuela se enfrenta a un nuevo riesgo. Hoy el conocimiento y la información provienen, también, de otras audiencias con un impacto mayor en la sociedad. Ese aprendizaje competencial que preconiza el sistema educativo está vinculado con la enseñanza de la realidad cotidiana y vive la grave incoherencia de ver que la comunicación violenta, ausente de respeto, lleva al conflicto cotidiano a quienes piensan de distinta forma. La incoherencia de aquellos que, ahora y antes, han diseñado el sistema educativo en base a unos principios y valores constitucionales y, sin embargo, se les ha de recordar que las palabras sirven para confrontar ideas y no para herir. La incoherencia de quienes han generado un universo teórico de ideas, que no enseñan con su ejemplo. Una patente contradicción que afecta a nuestra convivencia democrática.
Hoy muchas libertades, formalmente establecidas, están en entredicho. La libertad de pensamiento que permite forjar nuestra identidad y la de quienes conviven con nosotros. Un derecho que se canaliza a través de la libertad de opinión y de expresión, que se ven violentadas, cuando no las aceptamos y utilizamos el insulto o la calificación estereotipada o simplificadora de esa persona.
Porque, como dice Emilio Lledó, en Sobre la educación, “no se trata solo de poder decir, de poder expresarse sino de poder pensar, de aprender a saber pensar para, efectivamente, tener algo que decir. ¿Qué importa la libertad de expresión si lo que expresamos es el discurso estúpido y vacio de las palabras mal sabidas, de los conceptos manipulados, incluso por nosotros mismos, de las ideas estereotipadas, convertidas en pringue ideológica que se recalienta en el rescoldo de nuestros miedos y de nuestros intereses”
En tiempos de polarización, la Escuela tiene que enseñar a aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y preparar a nuestros jóvenes a prevenir el conflicto y solucionarlo respetando los valores de pluralismo, fortaleciendo el valor de la escucha y la comprensión mutua. Tiene que insistir en enseñar el significado del pluralismo como elemento necesario para una verdadera sociedad democrática, del respeto al pensamiento de quienes se muestran distintos a nosotros y volver a recuperar el derecho a la palabra fruto de la racionalidad.
La importancia de la actividad educativa, que desarrolla el Estado, en relación con el pluralismo es obvia, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo: constituye un esencial instrumento para garantizar su efectiva vivencia en la sociedad; y esto porque transmite a los alumnos la realidad de esa diversidad de concepciones sobre la vida individual y colectiva, como asimismo les instruye sobre su relevancia, para que sepan valorar la trascendencia de esa diversidad y, sobre todo, aprendan a respetarla.
Hoy, una forma necesaria de rebeldía ante las circunstancias que estamos viviendo es la necesidad de proclamar la educación como el medio más adecuado para aprender a ejercer la tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia de una sociedad que ha de tener por objetivo la vida en común y la cohesión social.
