Hace unos días, como viene sucediendo desde hace ya décadas, la responsable de la cartera de Educación del Gobierno de España, la ministra Pilar Alegría, ha anunciado que la presente legislatura ha de ser la del profesorado, lo cual conllevaría el consiguiente esfuerzo presupuestario.
Podríamos estar celebrando una excelente noticia de no ser porque llueve sobre mojado. No en vano, ya lo anunció en su día el presidente Zapatero y, a partir de ahí, uno tras otro, responsables de uno y otro signo, han ido anunciando sucesivamente más de lo mismo. Ojalá por fin haya llegado verdaderamente el momento y la hora del profesorado.
La situación, lamentablemente, no invita al optimismo. Es más, como hemos venido indicando desde la entrada en vigor de la actual ley orgánica de Educación, la LOMLOE, desde ANPE hemos denunciado cómo, a pesar de incluir la disposición adicional séptima que contempla el nuevo diseño de nuestra profesión, amén de un documento insuficiente con veinticuatro propuestas para el debate, no hemos avanzado absolutamente nada. Lejos de ello, una vez más asistimos y nos vemos inmersos en un escenario altamente politizado e ideologizado, donde los continuos reproches hacen que nuestra educación transite, como así viene sucediendo desde hace años, por la senda de la incertidumbre y la inestabilidad.
La educación, el centro educativo, y por derivación directa el docente, se sitúan en el centro de la diana ante cualquier problemática de índole social que afecte muy especialmente a nuestros jóvenes. El centro educativo no puede ser esa piedra filosofal que cual caja de pandora dé respuesta a los diferentes y múltiples problemas que, como la conciliación familiar, afectan a nuestra sociedad, y que requieren de la participación de diferentes estamentos y administraciones para su óptima resolución.
Muy al contrario, observamos cómo tras cada publicación de los diferentes estudios e informes, tanto nacionales como internacionales, bien como una huida hacia delante o con fines electorales, o ambos, en la mayoría de las ocasiones se adoptan soluciones de emergencia ante los datos arrojados por los indicadores, que por regla general hacen su puesta en escena inmersas en una gran controversia y rodeadas de discusión.
Buen ejemplo de ello lo encontramos en el debate generado a raíz de la propuesta de mejora reflejada en el Informe 2023 sobre el estado del sistema educativo correspondiente al curso 2021-2022, en el que el Consejo Escolar del Estado propone la reflexión sobre la conveniencia de que el sistema educativo debata la extensión de la obligatoriedad de la formación y la educación hasta los 18 años.
Ya en el pasado mes de octubre, previo a la investidura, en la reunión celebrada en el propio Consejo Escolar del Estado, Pedro Sánchez expresó la idea de ampliar el derecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, extendiendo la escolarización de cero a dieciocho años y promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como de Formación Profesional. Un tema controvertido desde hace años, máxime cuando, a pesar de haber descendido unas décimas en 2023, la tasa de abandono educativo temprano sigue siendo elevada en nuestro país.
Un asunto que requiere una reflexión y estudio en profundidad, analizando todas las perspectivas y consecuencias, muy especialmente la económica, puesto que por encima de todo se ha de preservar la calidad y dotación de los recursos necesarios en la enseñanza pública.
De llevarse a cabo, no se ha de tratar de mantener a los alumnos en el aula a cualquier precio. Habría que comenzar por una verdadera y profunda reforma de nuestro sistema educativo, haciéndolo más flexible en cuanto al acceso y pasarelas entre estudios, y cubrir así los intereses y diferentes motivaciones del alumnado, sin que todos hayan de recorrer el mismo itinerario formativo. Para ello habría que comenzar por una Formación Profesional que dé justa respuesta a las expectativas de nuestros jóvenes, que ven cómo en un elevado número no pueden cursar las especialidades que resultan de su interés o para las que están motivados.
No menos relevante a nivel mediático ha sido el anuncio del presidente del Gobierno, de la puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora, a raíz de los malos resultados del último informe PISA. Una medida que aplaudimos en cuanto que significa inversión en el área educativa, pero que no es la solución a los problemas que se pretende afrontar y no deja en definitiva de resultar una medida claramente insuficiente.
La situación reflejada por el informe PISA viene de lejos, lo que debería haber motivado la puesta en marcha de actuaciones estructurales, y no coyunturales. Nuestro sistema educativo está sometido a constantes cambios y vaivenes derivados de las sucesivas leyes orgánicas de Educación, ninguna de las cuales se ha acercado siquiera a los diez años de vigencia que se precisan como mínimo para realizar un balance sobre los efectos y alcance de su implantación. Ninguna actuación que no asuma la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo llevada a cabo desde el consenso político mediante al menos un acuerdo de mínimos, y con la participación activa del profesorado y sus representantes, así como del resto de actores implicados para asegurar la necesaria estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, no podrá ser más que un parche o remiendo coyuntural.
Ojalá, como ha anunciado la ministra, haya llegado el momento para el profesorado, pero para conseguirlo hay que demostrar una clara voluntad de hacerlo, y llegados a este punto, de hacerlo bien. De lo contrario, esta oportunidad podría de nuevo malograrse. Tras tan larga espera, ANPE no avalará un Estatuto a cualquier precio y sin las mínimas garantías para el profesorado. Sí queremos y haremos lo posible por conseguir esta reforma en una doble vertiente: por un lado, una Ley o norma que regule la profesión docente con el establecimiento de una identidad profesional, un código deontológico, los requisitos habilitantes y formación inicial para la docencia no universitaria, los procedimientos de ingreso y acceso a la función pública docente, los derechos y deberes del profesorado, sus funciones, la libertad de cátedra y autonomía pedagógica, el ordenamiento jurídico de los centros educativos, la prevención de riesgos laborales y salud laboral, entre otras cuestiones. Por otro lado, un Estatuto que regule desde el ingreso y acceso a la función docente en el ámbito de la enseñanza pública, hasta la jubilación, contemplando el ingreso y acceso a la función pública docente, la estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes, el modelo de carrera profesional, jornada de trabajo, vacaciones y permisos, la provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes, las incompatibilidades, retribuciones y jubilación.
Eso sí, se deberá garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo referente a políticas del profesorado, estableciendo claramente las competencias de las diversas administraciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitando las claras y existentes desigualdades entre comunidades autónomas. Una reforma que nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas, en el marco de la negociación sindical. Y como denominador común, poner fin al exceso de burocracia que lastra la labor docente.
Como respuesta al anuncio del presidente, el líder de la oposición situó en el centro del debate educativo, varios días después, el compromiso de poner en marcha una EBAU común para 2025, en todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. En este sentido, cabe recordar que nunca ha existido un examen único de acceso a la universidad, desde su creación en 1974 para todos los distritos universitarios del Estado. Hasta 2001 no se creó el distrito universitario único para que se pudiese acceder a cualquier universidad con la selectividad realizada en cualquier distrito universitario, pues anteriormente sólo se permitía acceder al distrito correspondiente.
No obstante, es necesario caminar hacia la máxima homogeneización posible de las pruebas, lo que pasa por unos criterios de calificación únicos en todos los territorios y una estructura de pruebas lo más similar posible que contemple, al menos, un mínimo de los contenidos ajustados al real decreto de enseñanzas mínimas, previamente acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Una prueba única o idéntica para todo el Estado resultaría inviable, atendiendo a la actual distribución de competencias curriculares entre el Estado y las comunidades.
En este escenario mediático convulso, y en parte incierto, que envuelve al ámbito educativo, y ante las expectativas anunciadas por la ministra, exigimos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes un nuevo y definitivo impulso hacia un verdadero proceso negociador con los legítimos representantes del profesorado, que permita, con nuestra ineludible implicación y participación, avanzar en la reforma o nuevo diseño de nuestra profesión y dar respuesta a las exigencias y mejoras necesarias que requiere nuestra educación.
José Francisco Venzalá González
Presidente Nacional de ANPE
