Ante la preocupante situación política, social y económica que atraviesa España, queremos alertar sobre la repercusión que la inestabilidad puede tener sobre el sistema educativo. La educación necesita, más que cualquier otro ámbito, considerarse como política social prioritaria, con una financiación sólida que asegure sus recursos humanos y materiales, y diseñada para garantizar su calidad. Una educación excelente es la auténtica demanda social.
Por ello, el Ministerio competente y los gobiernos de las comunidades autónomas han de realizar un esfuerzo por aumentar el porcentaje presupuestario destinado a la educación. El informe “Panorama de la Educación 2023” vuelve a situarnos por debajo de la media de los países de la OCDE en inversión educativa y en resultados académicos. Todavía estamos lejos de las cifras que países de nuestro entorno destinan a educación.
Es prioritario evitar la disminución de los recursos destinados al sostenimiento del sistema educativo. La inversión en profesorado y en la dotación de los centros escolares debe ser prioritaria para cualquier Gobierno. Es la única manera de garantizar a los alumnos y sus familias la calidad del sistema educativo, y de asegurar a los docentes que no se va a escatimar en la composición de las plantillas de los centros y en el desarrollo de los acuerdos de mejora de sus condiciones laborales.
No todo es culpa de las carencias económicas o del escenario político y social convulso. La última Ley educativa, como hemos advertido en innumerables ocasiones, mantiene el modelo educativo de la LOGSE, con lo que ello supone de apuesta por una dinámica basada en la educación comprensiva, junto a una regulación de la evaluación y titulación encaminadas a rebajar el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad; no fortaleciendo el papel del profesorado, ni recuperando principios como la disciplina y la autoridad, tan necesarios para propiciar un buen clima de convivencia en las aulas.
Asimismo, el profesorado sigue siendo la asignatura pendiente de las reformas educativas. Esperamos que las circunstancias económicas no supongan un obstáculo para la negociación del futuro diseño de nuestra profesión docente y el desarrollo de un Estatuto de la Función Pública Docente.
La mejor apuesta para combatir una situación difícil y compleja como la que atraviesa nuestro país pasa, no sólo por mejorar la inversión en educación, sino también por la adopción de medidas inmediatas que ofrezcan alternativas suficientes para combatir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano, fortalecer la Formación Profesional y asegurar, en definitiva, una formación académica solvente y de calidad para todo nuestro alumnado.
Nuestro sistema educativo no puede seguir rigiéndose por la transitoriedad y la incertidumbre a las que se ha visto sometido durante los últimos años. Con un Gobierno en funciones, asistimos a un escenario político y social lleno de incertidumbre e inestabilidad por la compleja aritmética parlamentaria y por las diferencias ideológicas y territoriales de los distintos grupos políticos que se trasladan a la educación.
La comunidad educativa no puede seguir soportando las consecuencias de la permanente confrontación y falta de diálogo y consenso entre los representantes políticos, que imposibilitan la estabilidad normativa necesaria para llevar a cabo los cambios estructurales y curriculares que profesorado y sociedad demandan.
En este contexto, asistimos a un nuevo curso lleno de retos y desafíos pendientes. Estar en funciones no exime al Gobierno ni al Ministerio de Educación a continuar avanzando en pro de las mejoras necesarias. La interinidad del Gobierno no debe frenar el avance en cuestiones clave como las derivadas del desarrollo de la LOMLOE y el creciente exceso de burocracia que afecta día tras día al trabajo del docente junto a la implantación de múltiples y diversos protocolos que asignan responsabilidades que quizás van más allá del ámbito educativo. El centro educativo no puede convertirse en la respuesta fácil o caja de Pandora que dé respuesta a los cada vez más numerosos problemas de índole social que han de abordarse desde la colaboración y participación conjunta de diversas administraciones.
Muchos aspectos quedan aún pendientes de revisión o avance como los relacionados con la salud mental de alumnado y profesorado. Es necesario un compromiso claro de las administraciones competentes para abordar este grave problema en nuestros centros educativos. La presencia de una enfermera escolar y la participación de personal especializado en este ámbito son clave para paliar los graves efectos de esta situación. La climatización sostenible de las aulas, previa planificación coordinada de las necesidades reales, requiere de atención urgente.
De cara al futuro, el reto principal a abordar por el nuevo Gobierno, una vez se constituya, será cohesionar nuestro sistema educativo y disminuir la brecha entre los diferentes territorios. Año tras año, los diferentes estudios tanto nacionales como internacionales reflejan las diferencias existentes, no solo entre nuestro país en comparación con los países de nuestro entorno, sino –lo que es aún más grave en una nación que predica la igualdad y equidad de su educación– entre las propias regiones.
“ESTAR EN FUNCIONES NO EXIME AL GOBIERNO NI AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A CONTINUAR AVANZANDO EN PRO DE LAS MEJORAS NECESARIAS”
La mejora del rendimiento escolar ha de ser una prioridad de cualquier Gobierno. Abordar la búsqueda de soluciones o posibles estrategias para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, elevadas y lejos de los objetivos previstos, comienza por establecer actuaciones destinadas a disminuir las tasas de repetición y abordar la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, inalterables desde la antigua LOGSE.
Nuestra sociedad no puede seguir sufriendo el debate político-educativo como se viene produciendo año tras año. Necesitamos menos controversia ideológico-educativa y más recursos y soluciones a los verdaderos problemas del profesorado y de nuestros centros. Es hora de centrar el debate y abordar la situación de los docentes y de nuestra Educación.
ANPE se movilizará junto al profesorado ante los recortes educativos y medidas o actuaciones que afecten directamente a la calidad de la enseñanza y contribuyan a la pérdida injustificada de puestos de trabajo y al empeoramiento de las condiciones laborales de todo el profesorado. Pero lo hará desde su independencia y responsabilidad, alejado de cualquier otra connotación política, defendiendo siempre los legítimos intereses profesionales de los docentes, y advirtiendo a un tiempo que no contribuiremos a la radicalización del conflicto, ni al enfrentamiento político ni a servir a otros intereses que no respondan a los estrictamente profesionales.
Conforme a nuestros más de 45 años de historia y nuestra realidad de primera fuerza sindical de la enseñanza pública, seguiremos levantando la voz para reivindicar la Educación como la mejor apuesta para salir de la crisis, y exigir a todas las administraciones públicas que la sitúen –ya de una vez por todas– en el centro de las políticas. Y llamaremos a la responsabilidad y altura de miras de los principales partidos políticos, para que sean capaces de consensuar, al menos, un acuerdo de mínimos para preservar al sistema educativo ante situaciones de crisis, en la certeza de que una educación de calidad para todos es, sin lugar a dudas, la mejor apuesta hacia un mejor futuro.
